Mezclan política con abusos policíacos
SAN JUAN-La revelación hecha por una empresa que administra un proyecto de vivienda pública sobre infiltración comunista y subversiva en un proyecto de vivienda pública en Mayagüez como justificación ante las denuncias de abusos policíacos ha tenido el efecto de preocupar aún más a legisladores y a la Comisión de Derechos Civiles.
El informe, presentado por la compañía ZETA, abre el ángulo si los abusos denunciados –que han incluido al menos dos ejecuciones, vejaciones graves a gente pobre y acciones violentas contra vecindarios o protestas sociales- responden o no a un choque político mucho más amplio en el que se usa la Policía nacional para reprimir la rebeldía en medio de la crisis política institucional y el avance de reformas neoliberales.
Como “alarmante” describió el informe de ZETA la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño en el Senado, María de Lourdes Santiago, mientras que la Comisión de Derechos Civiles –presente en la audiencia- expresó sorpresa de que se haya intentado justificar acciones terribles de abuso a base de que en el vecindario puedan estar actuando grupos comunistas o del Ejército Popular Boricua-Macheteros. De hecho, en septiembre la CDC realizará audiencias públicas en Mayagüez para atender las quejas de toda la región oeste y se anticipó que habrá más “cosas que van a salir”.
La presentación de ZETA fue en respuesta a las denuncias, presentadas el sábado ante la comisión por la representante de los vecinos Sandy Borrás, quien detalló un cuadro de espanto sobre cómo policías cometen todo tipo de vejación hasta con damas y niños a la vista de todos en el proyecto público Candelaria, de esa ciudad portuaria en el oeste del país. Las denuncias involucran, además de la Policía nacional, la acción en conjunto de ZETA y del Departamento de la Vivienda para reprimir la queja de los vecinos.
Borrás dijo a la comisión del Senado que prueba de que las denuncias de los vecinos son ciertas es el reciente allanamiento por parte del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos del cuartel de la División de Drogas y Vicios de Mayagüez, donde se investiga un presunto esquema organizado para fabricar casos y abusar de la gente.
Las noticias de acciones violentas por parte de la Policía nacional se han ido haciendo cada vez más comunes y justo cuando el Gobernador presentaba un mensaje ante la Legislatura en abril pasado, un corte de electricidad en un vecindario pobre de Toa Baja captó la atención del país por la violencia policial. De igual forma, las escenas de policías golpeando y pateando vecinos en un proyecto de vivienda pública en San Juan y en una barriada pobre de la costa noreste han seguido causando alarma.
Por si faltasen motivos de preocupación, la propia CDC ha tomado nota de las denuncias de que miembros de las unidades especializadas contra motines –como la División de Operaciones Tácticas- usan esteroides anabólicos, sustancia que según estudios científicos puede provocar estados de agresividad peligrosos y es un asunto que el FBI ha catalogado como un “problema serio” en EE.UU.
El informe, presentado por la compañía ZETA, abre el ángulo si los abusos denunciados –que han incluido al menos dos ejecuciones, vejaciones graves a gente pobre y acciones violentas contra vecindarios o protestas sociales- responden o no a un choque político mucho más amplio en el que se usa la Policía nacional para reprimir la rebeldía en medio de la crisis política institucional y el avance de reformas neoliberales.
Como “alarmante” describió el informe de ZETA la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño en el Senado, María de Lourdes Santiago, mientras que la Comisión de Derechos Civiles –presente en la audiencia- expresó sorpresa de que se haya intentado justificar acciones terribles de abuso a base de que en el vecindario puedan estar actuando grupos comunistas o del Ejército Popular Boricua-Macheteros. De hecho, en septiembre la CDC realizará audiencias públicas en Mayagüez para atender las quejas de toda la región oeste y se anticipó que habrá más “cosas que van a salir”.
La presentación de ZETA fue en respuesta a las denuncias, presentadas el sábado ante la comisión por la representante de los vecinos Sandy Borrás, quien detalló un cuadro de espanto sobre cómo policías cometen todo tipo de vejación hasta con damas y niños a la vista de todos en el proyecto público Candelaria, de esa ciudad portuaria en el oeste del país. Las denuncias involucran, además de la Policía nacional, la acción en conjunto de ZETA y del Departamento de la Vivienda para reprimir la queja de los vecinos.
Borrás dijo a la comisión del Senado que prueba de que las denuncias de los vecinos son ciertas es el reciente allanamiento por parte del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos del cuartel de la División de Drogas y Vicios de Mayagüez, donde se investiga un presunto esquema organizado para fabricar casos y abusar de la gente.
Las noticias de acciones violentas por parte de la Policía nacional se han ido haciendo cada vez más comunes y justo cuando el Gobernador presentaba un mensaje ante la Legislatura en abril pasado, un corte de electricidad en un vecindario pobre de Toa Baja captó la atención del país por la violencia policial. De igual forma, las escenas de policías golpeando y pateando vecinos en un proyecto de vivienda pública en San Juan y en una barriada pobre de la costa noreste han seguido causando alarma.
Por si faltasen motivos de preocupación, la propia CDC ha tomado nota de las denuncias de que miembros de las unidades especializadas contra motines –como la División de Operaciones Tácticas- usan esteroides anabólicos, sustancia que según estudios científicos puede provocar estados de agresividad peligrosos y es un asunto que el FBI ha catalogado como un “problema serio” en EE.UU.
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Jesús Dávila
CORRESPONSAL EDLP
CORRESPONSAL EDLP
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El Diario-USA/21/08/2007
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