4/4/09

Migración: responsabilidades compartidas

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó ayer, tras una reunión entre su titular, Patricia Espinosa, y la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, que los gobiernos de ambas naciones acordaron la creación de un grupo de alto nivel” cuya tarea será construir, “bajo el actual marco jurídico de ambos países”, mecanismos que faciliten el flujo legal de personas a través de la frontera compartida, que protejan los derechos de los migrantes indocumentados y mejoren los procedimientos de repatriación de connacionales, a fin de hacerlos más “expeditos y humanos”.

La presencia de Napolitano en nuestro país –así como la de Eric Holder, procurador general del país del norte– se inscribe en una cadena de visitas a México de autoridades estadunidenses de alto nivel que se inició con el arribo de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, la semana pasada, y culminará el próximo 16 de abril con la llegada del presidente Barack Obama. Dichas visitas plantean una oportunidad para iniciar un redimensionamiento general de la agenda bilateral –dominada durante los pasados siete años por el empeño de Bush en imponer el discurso de la “guerra contra el terrorismo”–, a efecto de orientarla a la atención de los desafíos y las problemáticas comunes, dentro de los cuales el tema migratorio debe tener un lugar central.

El arribo de Barack Obama a la Casa Blanca en enero pasado, al mismo tiempo que ha significado un cambio de matiz en diversos ámbitos de la política estadunidense, ha abierto la discusión sobre posibles modificaciones en la política migratoria de Washington. Significativamente, la propia Hillary Clinton afirmó durante su estancia en México que la reforma migratoria es una de las prioridades del mandatario estadunidense, declaración que marca una variación en el discurso vigente, al menos desde el 11 de septiembre de 2001, que identificó el flujo de migrantes indocumentados como una amenaza para la seguridad del vecino país, en desatención del invaluable aporte que ese sector social realiza a la cultura y la economía de Estados Unidos.

Ante tal perspectiva, cabría esperar, por parte del gobierno mexicano, una postura sensata que conduzca al reconocimiento de sus responsabilidades en lo que hace al fenómeno migratorio. En las dos décadas pasadas, las sucesivas administraciones federales –incluida la actual– han aplicado en el país un decálogo de directrices económicas orientadas a la protección de los grandes capitales, cuyos costos sociales han sido por demás devastadores: desmantelamiento de mecanismos estatales de bienestar y de las conquistas laborales, pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios, abandono de los entornos rurales, incremento de la pobreza y la desigualdad, deterioro en la calidad de vida del común de la población y, en consecuencia, incremento en el número de personas que deciden abandonar el país en búsqueda de condiciones de subsistencia favorables.

El agravamiento de la situación económica de Estados Unidos –que comenzó, cabe recordarlo, con los descalabros del sector inmobiliario de ese país, una de las principales fuentes de empleo de mano de obra mexicana– ha acabado por plantear una disyuntiva indeseable para miles de connacionales que viven en la nación vecina: permanecer ahí y confrontar un panorama malo, o regresar a México y enfrentarse posiblemente a uno peor. De hecho, si hasta hoy no se ha registrado un retorno masivo es porque, a pesar de la crisis de la economía estadunidense, las condiciones de vida, las perspectivas de empleo, los niveles salariales y la calidad de los servicios de salud en nuestro país no representan una alternativa a la situación que se vive al norte del río Bravo.

En suma, la presente coyuntura demanda que ambos países centren sus esfuerzos en atender el fenómeno migratorio con inteligencia, voluntad política y sensibilidad humana. El gobierno de Barack Obama debe entender que, ante la crisis actual, procede avanzar a un acuerdo migratorio que incorpore la mano de obra mexicana al mercado laboral estadunidense, a efecto de que la economía de ese país no sufra un colapso en su competitividad y logre una pronta recuperación.
Las autoridades de nuestro país, por su parte, deben entender que en la medida en que no se separen de la nefasta preceptiva del neoliberalismo y procuren condiciones de vida dignas para la población que habita en el territorio nacional, la expulsión de connacionales seguirá en aumento y no habrá negociación ni acuerdo migratorio que alcance.
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La Jornada - México/04/04/2009

RUSIA - CHILE

El presidente de Rusia, Dmitri Medvédev, declaró hoy que su país está interesado en aprovechar las relaciones con Chile como plataforma para desarrollar sus relaciones con toda América Latina.
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Obama admite el derecho de Irán a desarrollar programas nucleares civiles
El presidente de EEUU, Barack Obama, declaró hoy que Irán tiene derecho de desarrollar programas nucleares civiles y que el problema nuclear iraní se debe resolver respetando la soberanía de ese país.
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RIA Novosti - Rusia/04/04/2009

Una línea de autobús sólo para inmigrantes en Italia

La línea 24 de Foggia hará dos recorridos para "crear un servicio mejor", uno para italianos y otro para extranjeros
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La compañía de
transportes automovilísticos de Foggia, en el sur de Italia, inaugurará el próximo lunes una línea de autobús sólo para inmigrantes, han informado los medios locales.

Se trata de una duplicación de la línea 24, que hará dos recorridos diferentes, uno para los italianos residentes en la localidad y otro para los inmigrantes, y que unirá Foggia con el arrabal de Mezzanone. El autobús destinado a los inmigrantes tendrá su origen en el centro de acogida para los solicitantes de asilo ubicado en ese arrabal, mientras que la línea tradicional partirá del centro de Mezzanone.

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"Cansados de robos"
Según los medios locales, la decisión de poner dos autobuses diferentes y que ha obtenido la aprobación del Ministerio del Interior italiano se debe a los problemas sucedidos en los últimos tiempos entre los inmigrantes y los residentes en Mezzanone.

El diario 'La Repubblica' explica que se han vivido diversos episodios de "intolerancia por parte de los residentes en Mezzanone, cansados de robos y molestias por parte de los inmigrantes". Asimismo, relata que numerosos conductores de autobús han solicitado escolta policial tras haber sufrido agresiones.
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"No se trata de una cuestión de racismo, sino de crear un servicio mejor"
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El gobernador de la región, Nichi Vendola, ha asegurado que es necesario "abolir cuanto antes" esta iniciativa, a la vez que ha asegurado que las medidas que deben tomarse son las de multiplicar los servicios para todos los residentes en la zona.

Por otro lado, el alcalde de Foggia, Orazio Ciliberti, ha aclarado que "no se trata de una cuestión de racismo, sino de crear un servicio mejor. Nadie impide a los inmigrantes del centro de acogida que caminen dos kilómetros para poder coger el autobús que parte del centro de Mezzanone".
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Público - España/04/04/2009

LOS DOLARES EN REMOJO

UNA RENDIJA SOBRE EL “SECRETO BANCARIO” EN UNO DE LOS DESTINOS MAS UTILIZADOS POR LOS ARGENTINOS PARA FUGAR CAPITALES
Al día siguiente de que la OCDE lo colocara en la lista de los países que no cumplen con las normas impositivas internacionales, paralela a la de los paraísos fiscales, Uruguay anunció que admitirá levantar el secreto bancario en caso de que algún juez lo requiera. Las implicancias sobre los argentinos que cruzaron su dinero
Uruguay abre una ventana para compartir secretos
Tras su inclusión en la lista de los países que se niegan a brindar información sobre capitales de extranjeros según las normas internacionales, Uruguay se comprometió a hacerlo en el futuro.

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Por Tomás Lukin
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Punta del Este, el enclave turístico elegido por muchos argentinos como “refugio” para sus capitales. Ahora podrían quedar a la vista.
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Los países del G-20 se comprometieron a acabar con el “secreto bancario” y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) difundió un documento sobre el comportamiento de los Estados con respecto al intercambio de información fiscal que provocó la reacción de los países aludidos. Uruguay, uno de los destinos más utilizados por los argentinos para fugar capitales, figuraba en la lista negra con las jurisdicciones que no cooperan. Un día después de conocerse la publicación, el gobierno accedió a comprometerse con los estándares de transparencia internacionales y el intercambio de datos para quitarse el estigma. El proceso de implementación es lento y puede demorar varios años, pero abre la posibilidad para el intercambio de información bilateral sobre los argentinos que tienen depósitos y propiedades sin declarar en el país vecino. Existen antecedentes de empresas fantasma radicadas del otro lado del Río de la Plata que sirvieron como intermediarias en el pago de coimas de los escándalos IBM-Banco Nación, Siemens y el tráfico de armas a Ecuador y Croacia.

Según los últimos datos disponibles del Banco Central de Uruguay, el 15 por ciento de los depósitos en moneda extranjera de su sistema bancario pertenecen a no residentes. Se estima que el 90 por ciento de esos 2400 millones de dólares pertenecen a argentinos. Para algunos ex funcionarios uruguayos, los gobiernos de la Argentina y Brasil presionaron a la OCDE para que incluya a Uruguay entre los países que no cooperan y podrían ser sancionados. Desde el gobierno argentino rechazaron las acusaciones y remarcaron que el país no forma parte de la poderosa organización. Las autoridades uruguayas aseguraron que habían adherido el lunes y que se trató de un error.

“Salimos de la lista negra, aparentemente no habían interpretado bien la información que habíamos mandado”, explicó el ministro de Economía del país vecino, Alvaro García. La OCDE se limitó a darle la bienvenida a la suscripción formal del gobierno uruguayo.

La adhesión uruguaya abre la posibilidad para llegar a acuerdos e iniciar relaciones bilaterales para compartir información sobre casos de corrupción o evasión fiscal por la compra de propiedades no declaradas en Punta del Este y otros destinos vacacionales. Desde el gobierno uruguayo destacaron el compromiso de su país, pero reconocieron que “llegar a ese nivel de intercambio tomará mucho tiempo, acuerdos y arduas negociaciones, pero es una primera etapa”.

El gobierno de Tabaré Vázquez consideró que ahora su país quedará “ubicado en un status similar al de Chile”, que no figura como paraíso fiscal, sino en la categoría “Otros Centros Financieros”, con países como Suiza, Austria y Bélgica. Los sistemas bancarios de estos Estados quedaron en el ojo de la tormenta con el estallido de la crisis y tuvieron que acceder a compartir información y levantar el secreto bancario en algunos casos específicos para evitar sanciones.

“Sin que quede lugar a ningún tipo de dudas, Uruguay no es paraíso fiscal, ya que existe el Impuesto a la renta de los no residentes”, aseguraron. Si bien no existe una definición formal, para la OCDE un refugio fiscal reconoce cuatro factores clave para identificarlos: inexistencia, o tasas muy bajas, de impuestos a los ingresos, ausencia de transparencia fiscal, atracción de empresas “pantalla” y falta de cooperación en el intercambio de información. En Uruguay el secreto bancario rige desde 1982, es “casi imposible” lograr que las autoridades impositivas cooperen facilitando información y además permite (hasta 2011) la localización de Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI), empresas fantasma, para evadir impuestos.

El año pasado los depósitos de los no residentes en Uruguay crecieron un 42 por ciento, impulsados en gran parte por la fuga de capitales desde la Argentina. Entre septiembre y octubre, cuando estalló la crisis, la fuga de capitales argentinos a través de Uruguay se disparó. Mediante una operatoria conocida como “contado con liquidación” –se compra un bono local que cotice en el exterior, en pesos, y se vende en Nueva York en dólares, y el dinero se deposita en una cuenta afuera– se registraba una salida diaria por volúmenes que rondaban los 200 millones de dólares. No todos tenían como destino final Uruguay, pero muchas veces el comitente era una sociedad de bolsa de ese país. “El problema es que como Uruguay no firmaba los acuerdos de cooperación internacional, no se podía solicitar información sobre el destino final del dinero”, explicaron desde la Comisión Nacional de Valores. En noviembre, para entorpecer la operatoria y agregarle riesgo, la CNV y el Banco Central dispusieron que los bonos se debían mantener en cartera un mínimo de 72 horas.

Jorge Gaggero, especialista en temas tributarios del Cefidar, se mostró escéptico sobre el avance que implica la “nueva” posición uruguaya y consideró el tema debería ser tratado a nivel regional y no mediante la OCDE. “Ni Brasil ni la Argentina logran que el pequeño país hermano les proporcione información catastral de Punta del Este, ni tampoco ha cesado el uso de sociedades pantalla por parte de empresas y personas jurídicas residentes en la Argentina y Brasil que desean sustraerse a la acción de los fiscos”, apuntó Gaggero. Para el economista, en los últimos años no se registraron acciones relevantes del Estado nacional para “forzar los límites informativos e institucionales que genera una situación de tanta debilidad y peligrosidad que erosiona la situación fiscal”. En ese sentido, el candidato presidencial José “Pepe” Mujica se muestra más preocupado que sus pares. El senador uruguayo sostuvo recientemente que “el secreto bancario cumplió una etapa y no está para nada a tono con una política de integración”.

El G-20 amenazó el jueves con sancionar a las jurisdicciones que no cooperan. Todavía no está claro qué acciones se tomarán y los anuncios sobre el fin del secreto fiscal parecen exagerados. Pero una de las medidas posibles es presionar a los países bloqueando el fondeo de los organismos internacionales de crédito, algo que podría afectar considerablemente la economía uruguaya.
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OPINION
Por Marcelo Justo
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Página/12 Web - Argentina/04/04/2009

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