23/5/09

ESCARBANDO en LQ Somos

¿Esta sociedad merece sobrevivir?
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El actual Presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel d'Escoto Brockmann, ex-canciller de la Nicaragua sandinista, está dotando de un rostro nuevo a la entidad. Ha creado grupos de estudio sobre los más variados temas que interesan especialmente a la humanidad sufriente, como la cuestión del agua dulce, la relación entre energías alternativas y la seguridad alimentaria, la cuestión mundial de los indígenas y otros.
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El grupo tal vez más significativo, que incluye a grandes nombres de la economía, como el premio Nóbel Joseph Stiglitz, es el que busca salidas colectivas para la crisis económico-financiera. Todos son conscientes de que los países del G-20, por importantes que sean, no consiguen representar a los 172 países restantes, donde viven las principales víctimas de las turbulencias actuales. D'Escoto pretende reunir los días 1, 2 y 3 de junio de este año en la Asamblea de la ONU a todos los jefes de estado de los 192 países miembros para buscar juntos caminos sostenibles que sirvan a toda la humanidad y no solamente a los poderosos.

Lo más importante, sin embargo, reside en la atmósfera que ha creado, de diálogo abierto, de sentido de cooperación y de renuncia a toda violencia en la solución de los problemas mundiales. Su despacho está cubierto con los iconos que inspiran su vida y su práctica: Jesucristo, Tolstoi, Gandhi, Sandino, Chico Mendes entre otros. Todos lo llaman padre, pues sigue siendo sacerdote católico, con una profunda inspiración evangélica. Es un hombre de gran bondad, que le viene de dentro y que contagia a todos.

Bajo su influencia el presidente de Bolivia Evo Morales pudo proponer a la Asamblea General que se votase la resolución de instaurar el día 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra, proposición que fue aceptada por unanimidad. Fue un honor para mí poder exponer a los representantes de los pueblos los argumentos científicos, éticos y humanísticos de esta concepción de la Tierra como Madre.

Todo esto parece natural y obvio y de un humanismo palmario. Sin embargo, —vean la ironía—, hay representantes de los países ricos que encuentran el comportamiento del padre Miguel muy extraño. Hace poco apareció un artículo en el Washington Post haciéndose eco de esta cualidad. Decía el articulista que Miguel d'Escoto habla de cosas extrañísimas que nunca se oyen en la ONU, tales como solidaridad, cooperación y amor. En sus discursos saluda a todos como hermanos y hermanas (Brothers and Sisters all ). Más extraño aún, dice el articulista, es el hecho de que muchos representantes y hasta jefes de estado como Sarkozy están asumiendo ese mismo lenguaje extraño.

Dios mío, ¿en qué nivel del infierno de Dante nos encontramos? ¿Cómo puede una sociedad construirse sin solidaridad, cooperación y amor, privada del sentimiento profundo expresado en la Carta de los Derechos Humanos de la ONU de que todos somos iguales y por eso hermanos y hermanas?

Para un tipo de sociedad que ha optado por transformar todo en mercancía: la Tierra, la naturaleza, el agua y la propia vida, y que coloca el ganar dinero y consumir como ideal supremo por encima de cualquier otro valor, por encima de los derechos humanos, de la democracia y del respeto al ambiente, las actitudes del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas parecen realmente extrañísimas. Están ausentes del diccionario capitalista.

Debemos preguntarnos por la calidad humana y ética de este tipo de sociedad. Ella representa sencillamente un insulto a todo lo que la humanidad predicó e intentó vivir a lo largo de todos los siglos. No sin razón está en crisis, que más que económica y financiera es una crisis de humanidad. Representa lo peor que hay dentro de nosotros, nuestro lado demens. Se ha mostrado insostenible hasta financieramente, exactamente en el punto que es central para ella.

Este tipo de civilización no merece tener ningún futuro. Ojalá Gaia se apiade de nosotros y no ejerza su comprensible venganza. Mas si por diez justos, según dice la Biblia, Dios hubiera perdonado a Sodoma y Gomorra, nosotros esperamos también ser salvados por los muchos justos que todavía florecen sobre la faz de la Tierra.
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Leonardo Boff es autor de Del iceberg al Arca de Noé. El nacimiento de una ética planetaria, Sal Terrae, Santander.
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Traducción de mjg
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LQSomos. Leonardo Boff. Mayo de 2009
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LQSomos/23/05/2009

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Rebelión/23/05/2009

22/5/09

BOLETÍN DEMOCRACY NOW! EN ESPAÑOL

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Obama apoya el encarcelamiento por tiempo indeterminado y critica las políticas de Bush
Cheney: Las políticas de Obama ponen en peligro a Estados Unidos
Ex soldado fue condenado a cadena perpetua por caso de violación y asesinatos en Irak
La ONU pide ayuda para los refugiados pakistaníes
Almirante Mullen: La ocupación de Afganistán podría terminar “desestabilizando aún más” a Pakistán
Manifestantes en contra de la Guerra interrumpen audiencia del Senado
Obama firmará proyecto de ley sobre tarjetas de crédito
Quince activistas anticarbón arrestados en sentada
Juez español reinstaura acusaciones contra soldados estadounidenses en asesinato de Couso
Morales reclamó un cambio en vínculos entre Estados Unidos y Bolivia
Netanyahu: Israel no permitirá la división de Jerusalén
Informe: GM entrará en quiebra
Autoridades federales cierran BankUnited FSB de Florida
Renunciará Director Ejecutivo de AIG
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Democracy Now! - USA/22/5/2009

ARGENTINA: CALIFICANDO A LAS CALIFICADORAS

ADELANTO DEL DECRETO DE REFORMA DEL SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LAS AGENCIAS DE RIESGO EN EL PAIS. INTERVIENE LA UBA
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Las autoridades de la Comisión Nacional de Valores (CNV) adelantaron a Página/12 los puntos principales del decreto que preparan para regular en Argentina a las empresas calificadoras de riesgo como Standard & Poor’s o Moody’s. Serán supervisadas por universidades públicas con financiamiento estatal.
Ahora también habrá una nota a las calificadoras
La Comisión Nacional de Valores preparó un régimen de regulación de esas compañías que han mostrado escasa rigurosidad en la evaluación de empresas. Tendrán calificaciones testigo elaboradas por especialistas de la Universidad de Buenos Aires.

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Standard and Poor’s otorgó la calificación más alta a los fideicomisos de la cadena de electrodomésticos Bonesi, hoy una compañía en concurso.
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Las calificadoras de riesgo que se dedican a colocar notas a empresas y países deberán rendir en Argentina examen sobre su trabajo. Tal como adelantó ayer Página/12 el gobierno presentará un decreto de reforma del régimen en que operan estas consultoras que una vez desatada la crisis mundial han demostrado incapacidad para predecir escenarios. Autoridades de la Comisión Nacional de Valores adelantaron a este diario los puntos principales de esa iniciativa, que tiene como objetivo generar un mecanismo que permita calificaciones testigo. La supervisión estará a cargo de universidades públicas con financiamiento estatal y sus resultados serán de libre acceso para los inversores. De esta manera se busca eliminar conflictos de intereses, ya que quien paga por las calificaciones privadas son precisamente los emisores de la deuda puesta a consideración. El proyecto que se termina de ultimar por estas horas será presentado la semana próxima a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para su aprobación, según confirmó a Página/12 el vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli. El funcionario consideró que las agencias privadas se verán obligadas a transparentar sus mediciones para evitar quedar en evidencia ante una amplia disparidad de criterios. Esto se suma a otras medidas que junto con la AFIP y el Banco Central llevaron adelante para evitar movidas especulativas (ver aparte).

Con la implementación de este decreto el país llevaría la delantera entre sus pares del G-20 que, más allá del debate académico, todavía no implementaron ninguna medida de supervisión. “Si bien no es un cambio tan radical, su implementación es la primera reforma concreta en el mundo”, afirmó Vanoli. Luego de descrédito en que cayeron las agencias de calificación, con Fitch, Standard and Poor’s y Moody’s a la cabeza, las autoridades de los países que integran el G-20 decidieron poner límites a su accionar. A pocos días de que comenzara el desplome de firmas y bancos líderes del sistema financiero global esas compañías financieros continuaban otorgando sus máximas notas –”AAA” o “aaa”, según la agencia– a esos activos. En la Argentina existe un caso emblemático de la manipulación de información por parte de esas firmas: Standard and Poor’s había otorgado la calificación más alta a los fideicomisos de la cadena de electrodomésticos Bonesi, compañía que luego entró en concurso preventivo. El caso fue citado anteayer por el titular de la CNV, Eduardo Hecker, en una presentación del Cefid-Ar en el Banco Nación. En ese discurso el directivo adelantó que estaba lista una norma para las calificadoras.

“Estamos terminando de ultimar una propuesta que se pondría en práctica a través de un decreto del Ejecutivo”, confirmó Vanoli en diálogo con este diario. La iniciativa prevé la existencia de un tercero que no tenga conflicto de intereses con las compañías analizadas y que sirva de testigo para el mercado financiero. Para ello se recurrirá a la participación de universidades nacionales. “Lo que se busca son entidades que tengan el suficiente prestigio y la capacidad analítica para buscar el mejor mecanismo de calificación”, explicó Vanoli. En una fase inicial el análisis será muestral y no comprenderá a todo el universo de bonos, acciones, obligaciones negociables y fideicomisos financieros, aunque la intención es abarcar a todos esos papeles. Desde la CNV y la Universidad de Buenos Aires (UBA) reconocen que se requerirá de algunos meses para que pueda implementarse esta unidad de análisis y que las facultades tengan la capacidad interna para establecer las nuevas reglas. Se comprometerá a los departamentos de Economía, Contabilidad, Actuarios y Administradores de las principales altas casas de estudio del país.

Las universidades públicas contarán con un mecanismo alternativo de pago en el que el Estado aportaría los fondos, mientras que la información estará accesible de manera gratuita para los inversores. Es similar al caso de la asesoría que recibe actualmente la Anses en la evaluación económico financiera y de rentabilidad social de los proyectos de inversión en los que se involucra el organismo. “Si esta idea prospera se trataría de un mecanismo de cooperación con las universidades nacionales que permite generar un mecanismo de calificaciones, quizás no para el 100 por ciento de la oferta pública, pero sí una segunda opinión”, agregó el vicepresidente de la comisión reguladora.

La gratuidad de la información y el hecho de que sean entidades sin fines de lucro responden a la segunda característica del proyecto delineado por las autoridades de la CNV, de evitar el conflicto de intereses entre las calificadoras y los calificados. Entre ambas existe un compromiso implícito básico en que los emisores son los que pagan por las calificaciones antes de salir al mercado. Por lo tanto, es muy difícil que les pongan a estas empresas una nota comprometida o no las recomienden como inversión.

–¿No cree que puedan existir suspicacias en que el Estado financie estas calificaciones? –preguntó Página/12 a Vanoli.

–Las universidades públicas cuentan con mucho prestigio social. Por otra parte, el proceso de calificación estaría bajo criterios metodológicos ya establecidos. Serían las universidades y no sería el Estado. El Estado en tanto se beneficiaría de contar con información fiable del sistema financiero –explicó.

Todavía queda por evaluar el carácter obligatorio de la supervisión de la calificación. Las alternativas que se barajan es que las calificaciones testigo estén disponibles en todo momento o sólo en caso de una divergencia muy pronunciada con la agencia privada. Desde el 2000 la Comisión de Valores ofrece, con carácter voluntario, realizar este tipo de revisiones sobre algunos valores de oferta pública. De todos modos, el objetivo es obligar a las agencias privadas a revisar sus análisis. “Cuando sepan que hay una calificación alternativa hecha por un tercero imparcial van a tener mucho cuidado en que el proceso de calificación sea susceptible de ser tildada de parcial”, afirmó Vanoli.
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Página/12 Web - Argentina/22/05/2009

Golpe a la Justicia universal

JAVIER CHINCHÓN ÁLVAREZ *
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Aunque mi oficio sea otro, propondría comenzar este artículo con aquellas cinco preguntas básicas del periodista. Empecemos por el “qué”, esto es, por concretar a qué nos referimos con el término jurisdicción universal: la persecución internacional que pretende imponer este principio se basa exclusivamente en las particulares características de los delitos sometidos a ella (genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, etc.), cuya lesividad trasciende la de las concretas víctimas y alcanza a la Comunidad Internacional en su conjunto. Consecuentemente, su persecución y sanción constituyen, no sólo un compromiso, sino también un interés compartido de todos los estados; cuya legitimidad no depende de ulteriores intereses particulares de cada uno de ellos.

Aclararé que intencionadamente he recogido la definición no de radicales defensores de la jurisdicción universal, sino las palabras literales del Tribunal Constitucional. ¿Quién amenaza esta interpretación de nuestro Alto Tribunal? Inicialmente, el Partido Popular, pero tras él, muy significadamente, el Partido Socialista. ¿Cómo lo han hecho? Introduciendo una inopinada enmienda en el Proyecto de Ley de Reforma de la legislación procesal para la implantación de la Oficina Judicial, que pese a lo que se ha dicho, no limita el principio de jurisdicción universal, sino que lo dinamita. Y esto es así porque con lo que se pretende no estaríamos ya ante un principio ideado para la persecución de crímenes que, por sus características, afectan a toda la Comunidad Internacional, sino que se quiere establecer que nuestros tribunales sólo sean competentes frente a esos crímenes si se diera alguna de las siguientes condiciones. La primera, que el presunto responsable se encuentre España; esto es, como ya dijo el mismo Tribunal Constitucional, una restricción de hondo calado que resultaría contradictoria con el fundamento y los fines inherentes de la jurisdicción universal. Adicionalmente, que las víctimas sean españolas o concurra “algún vínculo de conexión relevante con España”; dicho en otros términos, por arte de magia se quiere sustituir el principio de jurisdicción universal por lo que se conocen como principio de personalidad pasiva y principio real o de protección. Sobre este particular, también el Tribunal Constitucional nos ha compartido que tal pretensión se muestra palmariamente contraria a la finalidad que inspira la institución, que resultaría alterada hasta hacer irreconocible el principio de jurisdicción universal. ¿Cuándo ha ocurrido todo esto? El 20 de mayo. ¿Dónde? Al socaire de las Resoluciones aprobadas tras el debate del estado de la nación; es decir, a la sombra de la discusión sobre las medidas para combatir la crisis económica.

Ahora bien, ¿por qué lo han hecho? ¿Por qué se está intentando acabar con lo que muchos consideran una de las mayores aportaciones jurídicas de España al derecho internacional penal, a la lucha contra la impunidad, iniciada a partir del proceso abierto contra Pinochet? La respuesta temo que es más decepcionante aún que la propia propuesta de reforma. Para comprobarlo, echemos la vista atrás. La materialización del principio de jurisdicción universal, contenido en el, sin duda mejorable, artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se inició en España en relación a gravísimos hechos cometidos en Chile, Argentina y Guatemala. En aquellos días, prácticamente nadie abogó por una reforma de esta disposición en el sentido que ahora se pretende; pese a las variopintas protestas de algunos representantes de aquellos estados. A estos procesos siguieron otros en que los acusados eran nacionales de Estados Unidos, China, Marruecos o Israel; actuaciones que tampoco fueron del gusto de algunas de sus autoridades. Pero fue a partir de aquí cuando el compromiso de las autoridades españolas con la lucha contra la impunidad de los presuntos responsables de los más graves crímenes parece que se fue diluyendo.

Buen ejemplo de ello fue la promesa de comienzos de este año de nuestro ministro de Asuntos Exteriores a su homóloga israelí, ante las acciones judiciales iniciadas por la muerte de civiles en Gaza en 2002; esencia misma de la primacía de las “buenas relaciones bilaterales” (sic) por sobre la persecución de posibles criminales internacionales. Y es que, ya entonces, se barajó públicamente la pertinencia de realizar “ajustes” legislativos en cuanto a la jurisdicción universal. Ajustes que ahora se han tornado en eliminar de un plumazo este incómodo principio de nuestra legislación.

Desde luego, no es la primera vez que observamos cómo las presiones de ciertos Estados doblegan la voluntad de otros en este ámbito. Esto ya ocurrió con la legislación belga y las amenazas de Estados Unidos allá por 2003, pero que estas miserias no sean excepcionales en las Relaciones Internacionales no debiera evitar nuestra censura y resistencia frente ellas. Es más, entiendo que especialmente las del actual Ejecutivo, que en su reciente Plan de Derechos Humanos se marcaba como objetivo prioritario “la lucha contra la impunidad”. Curiosa manera de combatirla sería justamente borrar del mapa uno de sus mecanismos más destacados, el principio de jurisdicción universal; pero si esto es lo que debemos discutir, al menos solicitar que el debate se presente en sus justos términos. Yo propondría los siguientes: ¿Deseamos mantener en nuestra legislación el compromiso por la justicia universal y la sanción de aquellos que atentan contra la esencia de los valores de la Comunidad Internacional, o preferimos olvidarnos de estas cuestiones y evitarnos los inconvenientes consabidos de tal actuar en el escenario de la Realpolitik?
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*Javier Chinchón Álvarez es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.
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Ilustración de Mandrake
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Público - España/22/05/2009

ESCARBANDO en LQ Somos

El Tribunal Constitucional autoriza la candidatura Iniciativa Internacionalista
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El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo presentado por Iniciativa Internacionalista-Solidaridad entre los Pueblos (II-SP) contra la anulación, por parte del Tribunal Supremo, de su candidatura para las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 7 de junio. Considera así que esta lista, encabezada por el dramatrugo Alfonso Sastre, puede presentarse a las elecciones cuya campaña ha comenzado a las 00.00 horas del viernes 22.

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La Sala Segunda del alto tribunal, que lleva deliberando este asunto desde primera hora de la mañana, ha acogido en parte los argumentos expuestos por los representantes de II-SP en su recurso, entre ellos la condena expresa al uso de la violencia para fines políticos. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado consideraron en sus alegaciones que tal condena llegaba tarde, tras la anulación de la candidatura, y además carecía de valor por ser meramente genérica y no referirse expresamente a ETA.
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En su recurso de amparo ante el TC, presentado el pasado lunes, II-SP manifestaba "de forma clara y sin ambigüedades que nunca ha utilizado medios que no sean estrictamente políticos, siendo el uso de la violencia completamente ajeno a su forma de acción y cultura política" y expresaba "un claro rechazo y condena del uso de la violencia para la obtención de objetivos políticos en el marco de un Estado Democrático".
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El Tribunal Supremo consideró que la candidatura de II-SP es un mero "ardid" del entorno de ETA para mantenerse en las instituciones democráticas y que tras analizarse el perfil de los promotores, representantes, candidatos y avalistas de II-SP, se concluyó que "la candidatura no es más mera instrumentalización de un objetivo, el de hacer que el entorno político de ETA siga manteniendo su presencia en las instituciones democráticas, en este caso en el Parlamento Europeo".
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Entre las pruebas a favor de la anulación, el Supremo destacó el pasado de Sastre y de la número dos de la lista Doris Benegas en distintas organizaciones y partidos del entorno de Batasuna, la vinculación a este ámbito de varios promotores de la coalición y el hecho de que tras la retirada de los avales presentados por partidos democráticos, este apoyo fuera suplido por seis concejales electos de la ilegalizada Acción Nacionalista Vasca (ANV).
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LQSomos. Redacción. Mayo 2009.
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LQSomos/22/05/2009

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Rebelión/22/05/2009

21/5/09

BOLETÍN DEMOCRACY NOW! EN ESPAÑOL

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Mueren sesenta personas en múltiples ataques con bombas en Irak
Ocho civiles afganos mueren en ataque de OTAN
Informe: insurgentes afganos exigen cronograma para retiro de Estados Unidos
Senado elimina financiamiento para clausura de Guantánamo
Obama considera “detención preventiva” para encarcelamientos indefinidos
Tribunal dictamina que Estados Unidos puede retener prisioneros sin formular cargos
Informe del Pentágono sostiene que uno de cada siete prisioneros liberados de Guantánamo se involucra en actividad militante
Contratistas de Blackwater huyeron de Afganistán para evitar cargos
Investigación: Estados Unidos otorgó 83 millones de dólares en primas a KBR a pesar de muertes por electrocución
Se realizarán audiencias públicas en investigación sobre crímenes de guerra en Gaza
Estados Unidos promete donar 110 millones de dólares para los refugiados pakistaníes
Bolivia y Estados Unidos se reúnen por primera vez desde expulsión de embajador
Bolivia desclasificará registros de la dictadura
Arrestan a cuatro personas por conspiración para atacar sinagogas y base aérea
Missouri ejecuta a Dennis Skillicorn
Jueces y fiscales apoyan apelación de Troy Davis
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Democracy Now! - USA/21/05/2009

El fenómeno del demopublicanismo

Por Juan Gelman
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Los marchatrases de Obama sorprenden a demócratas y a republicanos. El grupo progresista de los primeros no sabe a qué atenerse y los últimos lo aplauden. La política de Bush, que en su campaña electoral el nuevo mandatario se comprometió a cambiar, vive y colea todavía. Se dirá que es un hecho frecuente: los políticos prometen lo que no cumplirán cuando acceden al gobierno. Sólo que, en este caso, la elección de BO levantó oleajes de esperanza en EE.UU. y en el mundo entero, harto de guerra. El oleaje parece haberse acostado tranquilamente en alguna playa.

Obama prometió, insistente, retirar las tropas estadounidenses de Irak en 16 meses. Fue una promesa de humo: quedarán allí 50.000 efectivos de manera permanente (AP, 26-2-09). Su compromiso de gobernar con transparencia hoy es palabra desvanecida: anuló la decisión del Pentágono de dar a conocer 2006 fotografías que registran las torturas a que fueron sometidos los prisioneros en la cárcel iraquí de Abu Ghraib (The New York Times, 24-4-09). Repitió la censura que el presidente republicano Nixon impuso en 1968 a las fotos de la matanza de 500 ancianos, mujeres y niños que las tropas norteamericanas llevaron a cabo en My Lai, Vietnam. Otra demostración de “transparencia”: los abogados del Departamento de Justicia invocaron el “secreto de Estado” para bloquear una demanda contra el espionaje ilegal de teléfonos y otros medios de comunicación impuesto por la Ley Patriótica de Bush. John McCain y otros líderes republicanos elogian estas decisiones y dicen que BO “ha madurado”, que “ahora sí” se ha convertido en un verdadero gobernante.

La decisión de cerrar Guantánamo conoce su agonía: Obama firmó en enero una orden ejecutiva que suspendió el funcionamiento de los tribunales militares en esa cárcel, teatro de torturas y detenciones ilegales. Hace días resolvió que los tribunales se mantengan, con algunos cambios cosméticos (AP, 15-5-09). El voto de la mayoría de sus conmilitones demócratas, sumado al de todos los republicanos menos uno, anuló en el Congreso una partida de 50 millones de dólares destinada a cubrir los gastos que cerrar Guantánamo demanda. No hay plata, no hay cierre.

Hay cuestiones que rara vez aparecen en los medios. Una es el accionar en Guantánamo de las Fuerzas de Reacción Inmediata (IRF, por sus siglas en inglés). La cadena NBC, amparándose en la ley de libertad de información, solicitó y obtuvo centenares de páginas de informes sobre la represión de las IRF. Cada uno de sus equipos está formado por cinco policías militares que, según una investigación abierta por el juez español Baltasar Garzón, golpean los testículos de los prisioneros, los detienen tres semanas en completa oscuridad sin comer ni dormir, les inyectan una enfermedad de la vesícula de los perros y, desde luego, los someten al submarino (www.drivingcalgary.com, 29-4-09). En Guantánamo nada ha cambiado y, al parecer, nada cambiará.

Otro hecho casi inadvertido es que Obama nombró al general Stanley McChrystal comandante en jefe de las tropas estadounidenses y de la OTAN en Afganistán. Pese a su apellido, el general estuvo a cargo de las operaciones especiales conjuntas del Pentágono (JSO, por sus siglas en inglés), es decir, encubiertas, desde el 2003 al 2008. Sus equipos de tareas organizan escuadrones de la muerte que se dedican a asesinar a líderes locales en el extranjero, aterrorizar a movimientos sociales que molestan a los gobiernos de países clientes de EE.UU. y a torturar a presos políticos y sospechosos de subversión. La Casa Blanca arguye que el nombramiento de McChrystal era necesario por la “complejidad” de la situación afgana. Dicho de otra manera: los talibán están ganando terreno y la nueva estrategia del general consistirá en aplicar los métodos de las JSO (www.alternet.org, 18-5-09). El general fue un niño mimado de Rumsfeld y Cheney. Ahora lo están mimando de nuevo.

Los demócratas tienen una mayoría de 79 bancas en la Cámara de Representantes y 59 bancas de 100 en el Senado. El presidente Obama es demócrata. Aun así, no se cumple el deseo de muchos que lo votaron para terminar con el estado de guerra incesante que Washington practica. El veterano representante demócrata por Missouri, William Lacy Clay, declaró en una sesión de la Cámara que en miles de personas de su distrito, pertenecientes a diferentes sectores económicos y raciales, incluida la ciudad de Saint Louis y suburbios, “impera un extendido sentimiento contra la guerra” (www.mcclatchydc.com, 16-5-09). Difícil que se concrete.

Es verdad que Obama intentó convencer al premier israelí Benjamin Netanyahu que apoye el establecimiento del Estado palestino y que se abstenga de atacar a Irán por su cuenta. En vano. No es menos cierto que el ministro de Relaciones Exteriores, Avigdor Lieberman, señaló que EE.UU. aceptaría cualquier posición que Israel adopte. Hasta ahora, siempre ha sido así: el lobby norteamericano pro-israelí es muy poderoso.
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Página/12 Web - Argentina/21/05/2009

Presumir

FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN *
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En el mundo del Derecho existen dos tipos de presunciones: las presunciones que admiten prueba en contrario (iuris tantum) y las que no la admiten (iuris et de iure). La presunción de inocencia es, obviamente, una presunción iuris tantum, que puede ser desvirtuada si se demuestra que se han cometido los delitos que se le atribuyen a las personas implicadas en los procesos judiciales de carácter penal. Sin embargo, el PP está actuando en el caso Gürtel como si la presunción de inocencia no admitiera prueba en contrario, como evidencia la afirmación de su presidente en relación con dos de los implicados de ese partido: “Nadie podrá probar que no son inocentes”.

Ciertamente, nadie podrá decir que los implicados del PP son culpables hasta que un tribunal lo declare en sentencia firme. Ahora bien, la presunción de inocencia no opera del mismo modo cuando ya existen indicios racionales de criminalidad. En ese caso, aun cuando sean formalmente inocentes (como también lo es quien se declara culpable hasta tanto se dicte sentencia firme) tienen que desvirtuar esos indicios para no ser condenados. Por ese motivo, la presunción de inocencia no impide que, como se suele afirmar en los medios de comunicación, las personas implicadas se consideren potencialmente culpables en cuanto han cometido “presuntamente” determinados delitos.
Por cuanto estamos hablando de personas que ejercen cargos públicos y que representan a la ciudadanía, la cuestión se complica. Su permanencia en los cargos, una vez que la opinión pública es conocedora de indicios de entidad contra ellos, supone una distorsión importante para el funcionamiento del sistema democrático. Lo embrolla todo, porque provoca una mezcla continua de responsabilidades políticas y judiciales, dificultando incluso la defensa de sus derechos por los implicados.

En efecto, aunque sus posibilidades de dar explicaciones están limitadas por su posición procesal, su obligación como responsables políticos consiste en ofrecer una respuesta detallada y precisa que disuelva cualquier duda en la ciudadanía respecto de su idoneidad para seguir desempeñando un cargo público. Esa contradicción sólo se puede resolver optando entre dos alternativas: aclarar la situación ante la opinión pública –lo que puede debilitar su posición en el proceso– o presentar
la dimisión.

No es ninguna de esas la vía que han elegido los aforados. Los diputados de la Asamblea de Madrid pretenden seguir en el
desempeño normal de sus funciones –más allá de su suspensión de militancia en el PP– sin dar ningún tipo de explicación pública. Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, que tendrá que declarar hoy como imputado, ha dicho: “Tengo unas ganas locas, locas, de explicar públicamente todo lo que hay, que es nada”. Podría parecer una expresión del pensamiento paradójico: explicar todo, que es nada. En realidad, la paradoja consiste en que lo que está haciendo es no explicar nada, que es todo. En esas condiciones, el presidente de la Generalitat Valenciana podrá presumir de muchas cosas, pero no de inocente.
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*Francisco Balaguer Callejón es catedrático de Derecho Constitucional.
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Público - España/21/05/2009

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