Las instituciones crediticias multilaterales suelen ser criticadas por causar más dificultades que las que evitan. A medida que crecen males como el cambio climático, el debate se traslada a la financiación ambiental.
Shamva, en el norte de Zimbabwe, era conocido décadas atrás por su tabaco, maíz, algodón, fríjoles y café, que crecían sin necesidad de riego artificial. Pero llueve cada vez menos y los ríos se secaron, en parte por la deforestación.
Aunque la última cosecha dejó muchos platos vacíos, a Shamva no llega la ayuda alimentaria "porque sigue considerada un área agrícola productiva", dijo a Tierramérica el activista local Isaac Chidavaenzi.
En noviembre de 2008, Chidavaenzi puso a andar la Chengaose Foundation Trust para promover el cavado de pozos de agua, y consiguió 50.000 dólares del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del GEF.
Los beneficiarios eran 7.000 aldeanos de la zona de Madziwa, en Shamva, parte de la provincia Mashonaland Central.
Con la primera entrega de fondos, muchos cavaron sus pozos. Pero el GEF no liberó los 20.000 dólares restantes, necesarios para instalar las bombas, tanques y tuberías de riego de los huertos por demoras en los informes que debe presentar su socio local, Chengaose Trust.
"Tengo el agua, pero no hay forma de llevarla hasta la plantación", dijo Goodreach Masuku, uno de los agricultores que se reunieron el 10 de este mes con funcionarios locales del GEF.
Más y más gente quiere tener su pozo, dijo a Tierramérica la coordinadora nacional del PPD, Khethiwe Mhlanga. Y esto es "sólo un proyecto piloto para mostrar el camino… La lucha ahora es mantenernos dentro de esos números".
En los últimos tres años el PPD asistió a 30 comunidades zimbabwenses con 1,2 millones de dólares. Poco para un país de 11,4 millones de habitantes que lleva años sumergido en crisis agropecuarias e institucionales.
El PPD maneja menos de uno por ciento del dinero del GEF, la principal organización financiera internacional dedicada al ambiente, creada por el Banco Mundial en 1991, cuando le llovían críticas por promover inversiones contaminantes.
Hoy, "incluso los críticos más recalcitrantes creen que el PPD es maravilloso", dijo a Tierramérica la investigadora Zoe Young, autora de "A New Green Order? The World Bank and the Politics of the Global Environment Facility" (¿Un nuevo orden verde? El Banco Mundial y las políticas del GEF), publicado en 2002.
"Esos recursos van a pequeños grupos locales que conocen sus lugares y saben lo que hay que hacer. Ese dinero funciona", agregó. Pero el modelo deja de ser eficiente cuando se trata de varios miles de millones de dólares.
Muy lejos de Zimbabwe, en Cuba, un programa de protección de la biodiversidad obtuvo 10 millones de dólares del GEF, repartidos desde 1993 en tres proyectos.
Se trata del Ecosistema Sabana Camagüey, que abarca 19.000 kilómetros de cuencas hidrográficas y más de 2.500 cayos que ocupan 3.400 kilómetros cuadrados en la costa norte. Allí viven 2,3 millones de personas.
El intento es armonizar desarrollo turístico, agricultura, forestación y pesca sin dañar la rica naturaleza local. Además del GEF, hay contribuciones del gobierno, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de la cooperación canadiense y del Fondo Mundial para la Naturaleza, dijo a Tierramérica la oficial de Naciones Unidas, Gricel Acosta.
Manglares, pastos marinos y arrecifes coralinos, con abundancia de especies endémicas, marcan los paisajes de la zona. En 17 años, la iniciativa va por su tercera etapa, y lo aprendido puede aplicarse en otras áreas, dijo a Tierramérica la investigadora María Elena Perdomo, del Centro de Estudios y Servicios Ambientales de la provincia de Villa Clara.
Perdomo valora "las capacidades necesarias para profundizar en el conocimiento de los recursos y propiciar la búsqueda de alternativas para el uso sostenible de la biodiversidad".
A países como México y caribeños que "están adoptando modelos de producción bajos en carbono", el GEF "debería ayudarlos a pagar los elevados costos iniciales de esas opciones", dijo a Tierramérica la experta Maria Athena Ballesteros, del World Resources Institute.
"México respalda una iniciativa de transporte sustentable. Seguramente necesita una contribución para fortalecer sus recursos humanos, institucionales y técnicos", añadió.
La cuestión es si el GEF tiene "capacidad para respaldar las tecnologías más prometedoras en países en desarrollo, las innovaciones políticas y las inversiones para una verdadera transformación, que es lo que se necesita para frenar el cambio climático", dijo Ballesteros.
Cuando el dinero es poco, hay que optar.
El GEF lleva repartidos 8.700 millones de dólares a más de 2.400 proyectos en unos 165 países. Los fondos prometidos para los próximos cuatro años son 4.250 millones de dólares, menos de la mitad de lo que considera necesario la red norteamericana de organizaciones no gubernamentales acreditadas ante el fondo.
Desde otra perspectiva, el problema no es el dinero.
¿Acaso el mundo no necesita financiar soluciones para el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la desertificación?
"Esos problemas son graves, el dinero ayudaría y se necesitan acciones, pero mi respuesta es no", dijo Zoe Young.
Pero cuando se creó el GEF, "había una propuesta de que el conocimiento ambiental se incluyera en cada proyecto del Banco Mundial y de todas las entidades multilaterales de finanzas públicas", sostuvo.
"Si todo el dinero, el conocimiento y los expertos se hubieran empleado en establecer regulaciones obligatorias, por ejemplo, de eficiencia energética, estándares industriales, inversiones de empresas transnacionales de energía, niveles seguros de emisiones y límites a la contaminación, mucha más gente se beneficiaría", sostuvo.
Para Young, establecer "un fondo para el cambio climático es un camino al fracaso". "Si el dinero público se destina a crear y hacer cumplir buenas normas para todas las inversiones, no necesitamos extraños inventos como el mercado de carbono y la compensación de emisiones" de gases invernadero, dijo.
Pero el GEF existe y acumula influencia desde que se independizó en 1994 del Banco Mundial, que sigue a cargo de administrarlo.
Hoy es el instrumento económico de las convenciones contra el cambio climático, los contaminantes orgánicos persistentes, la pérdida de biodiversidad y la desertificación, entre otras funciones.
* Con aportes de Ephraim Nsingo (Harare), Matthew Cardinale (Atlanta) y Patricia Grogg (La Habana). Este artículo fue publicado originalmente el 22 de mayo por la red latinoamericana de Tierramérica.
