España
29/05/2007
En memoria del hijo
La impunidad del terrorismo patronal
Jesús Duva
El País
Una inmigrante se enfrenta a los dueños de la fábrica donde murió su hijo. Fueron condenados por contratarle ilegalmente y por imprudencia en las medidas de seguridad. Ahora piden un indulto
Zulema Silva recorre restaurantes latinos de un Madrid que apenas conoce. Esta ecuatoriana recolecta firmas de compatriotas contra el indulto solicitado por un pequeño empresario riojano y dos de sus hijos. Los tres fueron condenados a tres años de prisión en relación con la muerte de Juan Carlos Vallejo Silva, hijo de Zulema, que sufrió un accidente mortal en un viejo montacargas del secadero de embutidos de la familia para la que trabajaba. Al hallar el cadáver, uno de sus jefes le quitó el mono azul y las botas y dijo a la Guardia Civil que no le conocía de nada y que seguramente era un ladrón. Juan Carlos tenía sólo 20 años. La empresa le había tenido trabajando sin papeles, sin contrato y sin medidas de seguridad.
A casi 400 kilómetros de Madrid, el empresario Tomás Amutio y sus hijos Miguel Ángel y Javier pugnan por lo contrario que Zulema: obtener el mayor número de firmas para conseguir el perdón del Consejo de Ministros. Dicen que ya tienen 3.000. Entre ellas, la del presidente de La Rioja, Pedro Sanz (PP), el alcalde de su pueblo (PSOE) y hasta el párroco.
Los Amutio maldicen aquel día de la primavera de 2003 en que decidieron dar trabajo a Juan Carlos Vallejo, natural de Riobamba (Ecuador). "¡Vale ya…! ¡Nos han condenado como si hubiésemos maltratado a ese chico! ¡Y la verdad es que sólo le dimos trabajo para ayudarle!", grita Tomás Amutio, desencajado, en su secadero de embutidos de Baños de Río Tobía.
Sin embargo, la sentencia judicial es contundente: los Amutio son culpables de contratar sin papeles al joven inmigrante, de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de imprudencia grave por permitir que usara un montacargas peligroso, en línea con lo que pidieron el abogado acusador Fausto Sáiz López y el sindicato CC OO. El tribunal les ha penado a tres años de prisión y a abonar 150.000 euros a la familia del difunto.
"Javier Amutio, uno de los dueños de la empresa, fue el que encontró a mi hijito muerto. ¡Pobrecito! Le desnudó, escondió su ropa y encima dijo que posiblemente era un ladrón que había entrado a robar en el almacén. ¿Un ladrón? ¿Mi hijito un ladrón? ¡Pero si estaba todo el día rezando en la Iglesia Evangélica…! Quiero que el nombre de mi hijo quede limpio. Y quiero que esta gente vaya a la cárcel. Por eso me he venido a Madrid: porque en La Rioja no hay justicia", se queja Zulema.
Esta mujer, sola en la gran ciudad, como una especie de madre coraje, no puede reprimir las lágrimas, que enjuga en un arrugado pañuelo blanco. Cuando entra un cliente a comer en el humilde restaurante cercano a la glorieta de Atocha, ella le muestra unos recortes ajados y le pide que firme unos folios pidiendo al Gobierno que no conceda el indulto a Tomás Amutio Olave, de 70 años, ni a sus hijos Miguel Ángel, de 42 años, y Javier, de 35. "Hay muchos compatriotas que no firman porque tienen miedo", confía esta mujer de hablar dulce.
"Mi hijo Miguel Ángel y yo estábamos en Sada (A Coruña) cuando ocurrió esta desgracia. Mi hijo Javier encontró el cadáver de ese chico cuando estaba enseñando el secadero de embutidos a un capitán de navío de Cádiz y a su señora. El pobre le abrió a ese chico el mono de trabajo para intentar reanimarle", explica el septuagenario Tomás Amutio, rojo de ira, junto al montacargas donde ocurrió la tragedia. "Mire, mire lo que pone en este cartel que lleva mil años junto al montacargas: Prohibido el uso de personas. Exento del reglamento de aparatos elevadores. Está bien claro ¿no? Este montacargas sólo lo usábamos para subir mercancías. ¿Qué culpa tengo yo de que ese chico no hiciera caso al cartel? ¿Por qué no subió por las escaleras? ¿También me condenarían si un empleado va y se tira por una ventana?", pregunta fuera de sí.
Y contesta la juez María Sol Valle Alonso, que condenó en primera instancia a los Amutio: "Resulta de todo punto impensable hablar de culpa exclusiva de la víctima (…) ya que, además de no haberse acreditado la culpa en su actuar, es de aplicación la máxima jurisprudencial de que ’el trabajador debe ser protegido hasta de su propia imprudencia". El fallo, del 14 de junio de 2006, fue confirmado íntegramente el pasado febrero por los jueces José Félix Mota, Carmen Araujo y Luis Miguel Rodríguez Fernández.
La madre de la víctima asegura que su hijo trabajaba todo el día por 30 euros, mientras que el patrón, el ya jubilado Tomás Amutio, replica que él no es ningún negrero y que acordó que encalara las paredes del secadero de embutidos a seis euros por cada metro cuadrado que pintara. "Lo mismo que daría a cualquier pintor español autónomo", señala rotundo.
Pero Álvaro Gómez, el inspector de Trabajo que testificó en la causa judicial, argumentó: "El accidentado no era un autónomo. A las partes les unía una relación jurídico-laboral al reunir los requisitos legalmente exigidos para ello: trabajo por cuenta ajena, dependencia y retribución del servicio prestado, y ello aun en ausencia de contrato por escrito y a pesar de la carencia del preceptivo permiso de trabajo para el desarrollo de una actividad por cuenta ajena". Y la juez Valle apuntilla: "Nos encontramos ante una verdadera contratación laboral en la que la familia Amutio da las instrucciones sobre la prestación de servicios".
Carlos Ollero, secretario general de CC OO en La Rioja, lo tiene claro: "La conducta de los Amutio no sólo es claramente infractora del Código Penal -poner a trabajar a un inmigrante sin darle de alta en la Seguridad Social, sin papeles y sin seguridad- sino personalmente infame por parte de quien luego niega las evidencias ante la Guardia Civil, tratando de aparentar que no conocía al fallecido e indicando podía ser un ladrón". Javier Amutio, que descubrió el molesto cadáver del inmigrante, manifestó en su día a los agentes: que "no conocía de nada a la víctima, que no le ha visto nunca, que no trabaja en la fábrica y que seguramente estaba robando".
Todavía no han abonado la indemnización fijada por el tribunal. "Esta misma semana vamos a depositar los 150.000 euros para la familia del fallecido. Aunque vamos a tener que hipotecar todo lo que tenemos", afirma el patriarca de los Amutio. Y añade casi llorando: "Este asunto también ha sido una desgracia para nosotros. Menuda racha llevamos. Hace meses murió de un infarto un hijo mío, en la plaza de toros del pueblo, ante mil personas. Y hace años se me mató otro hijo al volcar con un tractor".
En memoria del hijo
La impunidad del terrorismo patronal
Jesús Duva
El País
Una inmigrante se enfrenta a los dueños de la fábrica donde murió su hijo. Fueron condenados por contratarle ilegalmente y por imprudencia en las medidas de seguridad. Ahora piden un indulto
Zulema Silva recorre restaurantes latinos de un Madrid que apenas conoce. Esta ecuatoriana recolecta firmas de compatriotas contra el indulto solicitado por un pequeño empresario riojano y dos de sus hijos. Los tres fueron condenados a tres años de prisión en relación con la muerte de Juan Carlos Vallejo Silva, hijo de Zulema, que sufrió un accidente mortal en un viejo montacargas del secadero de embutidos de la familia para la que trabajaba. Al hallar el cadáver, uno de sus jefes le quitó el mono azul y las botas y dijo a la Guardia Civil que no le conocía de nada y que seguramente era un ladrón. Juan Carlos tenía sólo 20 años. La empresa le había tenido trabajando sin papeles, sin contrato y sin medidas de seguridad.
A casi 400 kilómetros de Madrid, el empresario Tomás Amutio y sus hijos Miguel Ángel y Javier pugnan por lo contrario que Zulema: obtener el mayor número de firmas para conseguir el perdón del Consejo de Ministros. Dicen que ya tienen 3.000. Entre ellas, la del presidente de La Rioja, Pedro Sanz (PP), el alcalde de su pueblo (PSOE) y hasta el párroco.
Los Amutio maldicen aquel día de la primavera de 2003 en que decidieron dar trabajo a Juan Carlos Vallejo, natural de Riobamba (Ecuador). "¡Vale ya…! ¡Nos han condenado como si hubiésemos maltratado a ese chico! ¡Y la verdad es que sólo le dimos trabajo para ayudarle!", grita Tomás Amutio, desencajado, en su secadero de embutidos de Baños de Río Tobía.
Sin embargo, la sentencia judicial es contundente: los Amutio son culpables de contratar sin papeles al joven inmigrante, de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de imprudencia grave por permitir que usara un montacargas peligroso, en línea con lo que pidieron el abogado acusador Fausto Sáiz López y el sindicato CC OO. El tribunal les ha penado a tres años de prisión y a abonar 150.000 euros a la familia del difunto.
"Javier Amutio, uno de los dueños de la empresa, fue el que encontró a mi hijito muerto. ¡Pobrecito! Le desnudó, escondió su ropa y encima dijo que posiblemente era un ladrón que había entrado a robar en el almacén. ¿Un ladrón? ¿Mi hijito un ladrón? ¡Pero si estaba todo el día rezando en la Iglesia Evangélica…! Quiero que el nombre de mi hijo quede limpio. Y quiero que esta gente vaya a la cárcel. Por eso me he venido a Madrid: porque en La Rioja no hay justicia", se queja Zulema.
Esta mujer, sola en la gran ciudad, como una especie de madre coraje, no puede reprimir las lágrimas, que enjuga en un arrugado pañuelo blanco. Cuando entra un cliente a comer en el humilde restaurante cercano a la glorieta de Atocha, ella le muestra unos recortes ajados y le pide que firme unos folios pidiendo al Gobierno que no conceda el indulto a Tomás Amutio Olave, de 70 años, ni a sus hijos Miguel Ángel, de 42 años, y Javier, de 35. "Hay muchos compatriotas que no firman porque tienen miedo", confía esta mujer de hablar dulce.
"Mi hijo Miguel Ángel y yo estábamos en Sada (A Coruña) cuando ocurrió esta desgracia. Mi hijo Javier encontró el cadáver de ese chico cuando estaba enseñando el secadero de embutidos a un capitán de navío de Cádiz y a su señora. El pobre le abrió a ese chico el mono de trabajo para intentar reanimarle", explica el septuagenario Tomás Amutio, rojo de ira, junto al montacargas donde ocurrió la tragedia. "Mire, mire lo que pone en este cartel que lleva mil años junto al montacargas: Prohibido el uso de personas. Exento del reglamento de aparatos elevadores. Está bien claro ¿no? Este montacargas sólo lo usábamos para subir mercancías. ¿Qué culpa tengo yo de que ese chico no hiciera caso al cartel? ¿Por qué no subió por las escaleras? ¿También me condenarían si un empleado va y se tira por una ventana?", pregunta fuera de sí.
Y contesta la juez María Sol Valle Alonso, que condenó en primera instancia a los Amutio: "Resulta de todo punto impensable hablar de culpa exclusiva de la víctima (…) ya que, además de no haberse acreditado la culpa en su actuar, es de aplicación la máxima jurisprudencial de que ’el trabajador debe ser protegido hasta de su propia imprudencia". El fallo, del 14 de junio de 2006, fue confirmado íntegramente el pasado febrero por los jueces José Félix Mota, Carmen Araujo y Luis Miguel Rodríguez Fernández.
La madre de la víctima asegura que su hijo trabajaba todo el día por 30 euros, mientras que el patrón, el ya jubilado Tomás Amutio, replica que él no es ningún negrero y que acordó que encalara las paredes del secadero de embutidos a seis euros por cada metro cuadrado que pintara. "Lo mismo que daría a cualquier pintor español autónomo", señala rotundo.
Pero Álvaro Gómez, el inspector de Trabajo que testificó en la causa judicial, argumentó: "El accidentado no era un autónomo. A las partes les unía una relación jurídico-laboral al reunir los requisitos legalmente exigidos para ello: trabajo por cuenta ajena, dependencia y retribución del servicio prestado, y ello aun en ausencia de contrato por escrito y a pesar de la carencia del preceptivo permiso de trabajo para el desarrollo de una actividad por cuenta ajena". Y la juez Valle apuntilla: "Nos encontramos ante una verdadera contratación laboral en la que la familia Amutio da las instrucciones sobre la prestación de servicios".
Carlos Ollero, secretario general de CC OO en La Rioja, lo tiene claro: "La conducta de los Amutio no sólo es claramente infractora del Código Penal -poner a trabajar a un inmigrante sin darle de alta en la Seguridad Social, sin papeles y sin seguridad- sino personalmente infame por parte de quien luego niega las evidencias ante la Guardia Civil, tratando de aparentar que no conocía al fallecido e indicando podía ser un ladrón". Javier Amutio, que descubrió el molesto cadáver del inmigrante, manifestó en su día a los agentes: que "no conocía de nada a la víctima, que no le ha visto nunca, que no trabaja en la fábrica y que seguramente estaba robando".
Todavía no han abonado la indemnización fijada por el tribunal. "Esta misma semana vamos a depositar los 150.000 euros para la familia del fallecido. Aunque vamos a tener que hipotecar todo lo que tenemos", afirma el patriarca de los Amutio. Y añade casi llorando: "Este asunto también ha sido una desgracia para nosotros. Menuda racha llevamos. Hace meses murió de un infarto un hijo mío, en la plaza de toros del pueblo, ante mil personas. Y hace años se me mató otro hijo al volcar con un tractor".
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