Culpan a Evo de la rebelión indígena contra el TLC de Alan García
El gobierno peruano entrega los bienes naturales de la selva amazónica al gran capital sin consultar las comunidades afectadas y masacra a los que reclaman
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El gobierno peruano, algunos legisladores bolivianos de derecha y la prensa privada internacional sugieren que los responsables directos de la masacre del 5 de junio en el norte amazónico son indígenas "salvajes y violentos" que boicotean el "progreso" económico de Perú. En su criterio, la chispa de la insurrección no es el TLC de Alan García que entrega recursos de la Amazonía al gran capital sino una carta del Presidente Evo Morales que "incita a la rebelión".
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El gobierno de Alan García promulgó varios decretos que eliminan restricciones ecológicas y sociales para facilitar la extracción de recursos naturales y de esta manera atraer a inversionistas y a multinacionales interesadas en el petróleo, gas natural y los minerales de la región norte de Perú.
El gobierno peruano dictó ocho decretos en el marco del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos que promueven la privatización de territorios y recursos naturales peruanos.
García declaró que los recursos naturales de Perú son de propiedad de todos los peruanos y deben ser aprovechados en bien de todos los peruanos y en pos del desarrollo. El movimiento indígena le tomó la palabra y exigió participar en las decisiones sobre el desarrollo nacional.
Hace dos meses, miles de indígenas de la Amazonia iniciaron movilizaciones y bloqueos camineros exigiendo el reconocimiento de sus derechos ratificados por las leyes peruanas; pero García descartó el diálogo, el 9 de mayo declaró estado de alerta en las siete provincias de la región del Amazonas, y suspendió temporalmente las garantías constitucionales de las personas.
Los pueblos originarios reclamaban su derecho a ser consultados sobre una nueva legislación que autoriza la explotación de hidrocarburos en beneficio de la francesa Perenco y la española Repsol, entre otras empresas.
Las comunidades de la Amazonía exigían la derogatoria de decretos inconstitucionales que no respetan el derecho fundamental a la consulta de los pueblos indígenas, como manda el Convenio 169 de la OIT ratificado por el Estado peruano.
El Convenio 169 de la OIT incorporado a la legislación peruana mediante resolución legislativa 26253 en diciembre de 1993 obliga al Estado a "consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente".
La norma internacional determina que "las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas".
El "desarrollo"
Alan García denunció que los indígenas rebeldes y quienes los instigan desde el exterior sabotean el "desarrollo" peruano. El dirigente Alberto Pizango aseguró que los indígenas "no estamos en contra del desarrollo, pero queremos desarrollo desde nuestra visión".
El Convenio 169 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la integridad cultural, a la participación, a decidir sus prioridades de desarrollo y controlar en lo posible el mismo; al mejoramiento de sus condiciones de vida como prioridad de los planes y proyectos de desarrollo; a participar en los beneficios de la explotación, a la autonomía y al uso de la tierra...
El Convenio establece que los pueblos tienen derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo, en la medida en que éstas afecten sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera.
Lo racional sería por lo menos intentar armonizar el derecho a la libre empresa de los inversionistas con los derechos de los pueblos indígenas, pero la prioridad del gobierno peruano es proteger los intereses del gran capital.
Movimientos sociales de Perú y del extranjero coinciden en que no existe "progreso" a costa de depredar, destruir y contaminar la naturaleza, un modelo de desarrollo impuesto por las transnacionales de Estados Unidos.
El movimiento popular mundial asume como suya la lucha de los pueblos indígenas en defensa y conservación de la selva amazónica, seriamente amenazada por voraces compañías transnacionales que deforestan, contaminan los ríos y extinguen la flora y la fauna.
La Amazonía es uno de los pulmones, reserva acuífera y medicinal más grande del planeta; por eso sentimos que la lucha de los pueblos amazónicos es también por la supervivencia de todos los pueblos de la Tierra y de cada uno de nosotros/as, manifiestan las fundaciones norteamericanas Appleton y Fund for Nonviolence en una carta enviada al presidente García el 6 de junio.
¿Evo tiene la culpa?
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) se quejó en marzo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que está en marcha una campaña de criminalización de los pueblos indígenas en Colombia, Perú, Chile y Ecuador con la finalidad sofocar sus protestas ante la violación de derechos reconocidos por instrumentos internacionales.
La CAOI presentó en la oportunidad el estudio "¿Preso por defender a la Madre Tierra? Criminalización del Ejercicio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Análisis Político y Jurídico", en el que identifica el origen del problema: los tratados de libre comercio que conceden todo tipo de ventajas a las transnacionales vulnerando los derechos indígenas.
El oficialismo peruano y algunos legisladores de derecha bolivianos opinan que el problema central no son los TLC sino la "injerencia" política de Evo Morales.
El legislador peruano Luis Gonsales Posada sospecha que los "conceptos cargados de violencia" de una carta enviada el 29 de mayo por el Presidente Morales a la IV Cumbre del Abya Yala en Puno "incitan a la rebelión".
Según el presidente del Senado Oscar Ortiz, fue una "actitud impropia" del Presidente el haber llamado a "la resistencia, a la rebelión y de la rebelión a la revolución", promoviendo actitudes de violencia con "técnicas chavistas también aplicadas en Bolivia, Pando, donde se agredió y se provocó muertos como pretexto para sacar a un prefecto electo".
No son cartas ni documentos sino injusticias, abusos y discriminaciones las que llevan a la gente a sublevarse, dijo el Vicepresidente Alvaro García Linera: "Es un gran error esconder problemas internos dirigiendo la mirada a documentos, libros o programas. Ningún pueblo se rebela leyendo un documento. Los pueblos se rebelan porque sufren, porque se sienten humillados, discriminados, arrebatados de sus riquezas, de sus recursos, de sus derechos".
García Linera aseguró que la carta de Morales rememora la historia de la opresión y humillación de los pueblos; convoca a la lucha por la igualdad de oportunidades entre todos los seres humanos, y a la "toma democrática del poder" para que indígenas, campesinos, obreros, jóvenes y trabajadores asuman su destino y construyan con sus propias manos el mundo que quieren para sus hijos.
El Vicepresidente boliviano desafió a un debate a los gobernantes peruanos para saldar la disputa con ideas: "Defenderemos a la tecnología indígena de convivencia dialógica con la naturaleza y criticaremos a quienes defienden el uso depredador de la naturaleza y la extinción de los indígenas como estorbo para la modernidad...".
La CIDH condenó "enérgicamente los graves hechos de violencia" del viernes pasado y recordó "al Estado su obligación de esclarecer judicialmente" lo sucedido. La CIDH sugirió al gobierno peruano "adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos".
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El gobierno de Alan García promulgó varios decretos que eliminan restricciones ecológicas y sociales para facilitar la extracción de recursos naturales y de esta manera atraer a inversionistas y a multinacionales interesadas en el petróleo, gas natural y los minerales de la región norte de Perú.
El gobierno peruano dictó ocho decretos en el marco del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos que promueven la privatización de territorios y recursos naturales peruanos.
García declaró que los recursos naturales de Perú son de propiedad de todos los peruanos y deben ser aprovechados en bien de todos los peruanos y en pos del desarrollo. El movimiento indígena le tomó la palabra y exigió participar en las decisiones sobre el desarrollo nacional.
Hace dos meses, miles de indígenas de la Amazonia iniciaron movilizaciones y bloqueos camineros exigiendo el reconocimiento de sus derechos ratificados por las leyes peruanas; pero García descartó el diálogo, el 9 de mayo declaró estado de alerta en las siete provincias de la región del Amazonas, y suspendió temporalmente las garantías constitucionales de las personas.
Los pueblos originarios reclamaban su derecho a ser consultados sobre una nueva legislación que autoriza la explotación de hidrocarburos en beneficio de la francesa Perenco y la española Repsol, entre otras empresas.
Las comunidades de la Amazonía exigían la derogatoria de decretos inconstitucionales que no respetan el derecho fundamental a la consulta de los pueblos indígenas, como manda el Convenio 169 de la OIT ratificado por el Estado peruano.
El Convenio 169 de la OIT incorporado a la legislación peruana mediante resolución legislativa 26253 en diciembre de 1993 obliga al Estado a "consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente".
La norma internacional determina que "las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas".
El "desarrollo"
Alan García denunció que los indígenas rebeldes y quienes los instigan desde el exterior sabotean el "desarrollo" peruano. El dirigente Alberto Pizango aseguró que los indígenas "no estamos en contra del desarrollo, pero queremos desarrollo desde nuestra visión".
El Convenio 169 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la integridad cultural, a la participación, a decidir sus prioridades de desarrollo y controlar en lo posible el mismo; al mejoramiento de sus condiciones de vida como prioridad de los planes y proyectos de desarrollo; a participar en los beneficios de la explotación, a la autonomía y al uso de la tierra...
El Convenio establece que los pueblos tienen derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo, en la medida en que éstas afecten sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera.
Lo racional sería por lo menos intentar armonizar el derecho a la libre empresa de los inversionistas con los derechos de los pueblos indígenas, pero la prioridad del gobierno peruano es proteger los intereses del gran capital.
Movimientos sociales de Perú y del extranjero coinciden en que no existe "progreso" a costa de depredar, destruir y contaminar la naturaleza, un modelo de desarrollo impuesto por las transnacionales de Estados Unidos.
El movimiento popular mundial asume como suya la lucha de los pueblos indígenas en defensa y conservación de la selva amazónica, seriamente amenazada por voraces compañías transnacionales que deforestan, contaminan los ríos y extinguen la flora y la fauna.
La Amazonía es uno de los pulmones, reserva acuífera y medicinal más grande del planeta; por eso sentimos que la lucha de los pueblos amazónicos es también por la supervivencia de todos los pueblos de la Tierra y de cada uno de nosotros/as, manifiestan las fundaciones norteamericanas Appleton y Fund for Nonviolence en una carta enviada al presidente García el 6 de junio.
¿Evo tiene la culpa?
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) se quejó en marzo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que está en marcha una campaña de criminalización de los pueblos indígenas en Colombia, Perú, Chile y Ecuador con la finalidad sofocar sus protestas ante la violación de derechos reconocidos por instrumentos internacionales.
La CAOI presentó en la oportunidad el estudio "¿Preso por defender a la Madre Tierra? Criminalización del Ejercicio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Análisis Político y Jurídico", en el que identifica el origen del problema: los tratados de libre comercio que conceden todo tipo de ventajas a las transnacionales vulnerando los derechos indígenas.
El oficialismo peruano y algunos legisladores de derecha bolivianos opinan que el problema central no son los TLC sino la "injerencia" política de Evo Morales.
El legislador peruano Luis Gonsales Posada sospecha que los "conceptos cargados de violencia" de una carta enviada el 29 de mayo por el Presidente Morales a la IV Cumbre del Abya Yala en Puno "incitan a la rebelión".
Según el presidente del Senado Oscar Ortiz, fue una "actitud impropia" del Presidente el haber llamado a "la resistencia, a la rebelión y de la rebelión a la revolución", promoviendo actitudes de violencia con "técnicas chavistas también aplicadas en Bolivia, Pando, donde se agredió y se provocó muertos como pretexto para sacar a un prefecto electo".
No son cartas ni documentos sino injusticias, abusos y discriminaciones las que llevan a la gente a sublevarse, dijo el Vicepresidente Alvaro García Linera: "Es un gran error esconder problemas internos dirigiendo la mirada a documentos, libros o programas. Ningún pueblo se rebela leyendo un documento. Los pueblos se rebelan porque sufren, porque se sienten humillados, discriminados, arrebatados de sus riquezas, de sus recursos, de sus derechos".
García Linera aseguró que la carta de Morales rememora la historia de la opresión y humillación de los pueblos; convoca a la lucha por la igualdad de oportunidades entre todos los seres humanos, y a la "toma democrática del poder" para que indígenas, campesinos, obreros, jóvenes y trabajadores asuman su destino y construyan con sus propias manos el mundo que quieren para sus hijos.
El Vicepresidente boliviano desafió a un debate a los gobernantes peruanos para saldar la disputa con ideas: "Defenderemos a la tecnología indígena de convivencia dialógica con la naturaleza y criticaremos a quienes defienden el uso depredador de la naturaleza y la extinción de los indígenas como estorbo para la modernidad...".
La CIDH condenó "enérgicamente los graves hechos de violencia" del viernes pasado y recordó "al Estado su obligación de esclarecer judicialmente" lo sucedido. La CIDH sugirió al gobierno peruano "adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos".
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Bolpress - Bolivia/10/06/2009
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