Bolivia: Tiempo de descuento en debate sobre aborto en la Asamblea Constituyente
10/06/2007
Bernarda Claure
IPS
En la carrera de la Asamblea Constituyente de Bolivia para aprobar una nueva carta magna, el alcance del derecho universal a la vida aparece como uno de los temas espinosos, pues se vincula a la demanda de legalizar el aborto.
La propuesta de la Comisión de Derechos, Deberes y Garantías de la Asamblea de consagrar en la nueva constitución el respeto a la vida desde la concepción generó un debate sobre el derecho de las mujeres a interrumpir embarazos no deseados, sobre todo cuando son producto de violaciones.
Según el estudio "Rompiendo silencios", de la Defensoría del Pueblo y la organización no gubernamental Coordinadora de la Mujer, 64 por ciento de las agresiones físicas contra mujeres están tipificadas como violaciones, de las cuales más de la mitad tienen como víctimas a adolescentes desde 14 años y, en menor proporción, a niñas menores de seis años.
Cada año, alrededor de 200 niñas y adolescentes denuncian que fueron abusadas sexualmente, según datos proporcionados a IPS por Julia Velasco, coordinadora de la Agencia Nacional de Noticias por la Infancia (ANNI).
En caso de quedar embarazadas, no tienen casi posibilidad de ampararse en la figura legal del aborto impune, que contempla circunstancias en que la interrupción del embarazo está permitida.
El artículo 266 del Código Penal no establece sanciones para el aborto en casos de estupro, violación o cuando la vida de la madre está en peligro.
Pero, como en muchos países de América Latina, las mujeres en esas circunstancias deben emprender un largo camino de trámites administrativos y judiciales, que a menudo desembocan en un aborto clandestino.
La discusión se reedita en las sesiones de la Constituyente, donde el derechista partido opositor Poder Democrático y Social (Podemos), provocó una tormenta con su moción de garantizar el derecho a la vida desde el momento de la concepción, aprobada en la Comisión de Derechos, controlada por Podemos.
La constituyente Loyola Guzmán, del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó que pedirá su revisión, ya que el texto fue aprobado con tres disidencias, entre ellas la suya.
El asunto deberá ser definido por la Asamblea en sesión plenaria, pues el reglamento establece que los puntos en los que no existe unanimidad dentro de una comisión deben ser discutidos y votados por todos los constituyentes.
Tras 10 meses de sesiones y cuando le quedan unos dos meses para redactar la nueva constitución, la Asamblea sólo logró aprobar un artículo, que consagra la práctica del deporte en altura como un derecho humano y universal, en una sesión convocada al conocerse la prohibición de la Federación Internacional de Fútbol Asociado de jugar partidos internacionales en ciudades a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar.
La Iglesia Católica, impulsora del artículo vinculado al aborto, ya adelantó que insistirá con su tradicional postura en esta materia.
"El derecho a la vida desde la concepción debe estar preservado constitucionalmente para evitar que otras leyes puedan ir en su contra", dijo Miguel Manzanera, director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Boliviana San Pablo.
Guzmán quiere que se tome en cuenta el lenguaje empleado en el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, a la que el Estado boliviano se adhirió en 1979.
En su parte I, capítulo 2, artículo 4, la Convención señala que "toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente".
La aclaración "en general" es el detalle que Guzmán quiere enfatizar. "Al decir que se reconoce el derecho a la vida de manera general se reconoce también que hay circunstancias especiales", dijo a IPS. Por ejemplo, los embarazos producto de violaciones.
Un enfoque similar fue propuesto por el no gubernamental Proyecto Mujeres a la Asamblea Constituyente. Tras recoger iniciativas de diferentes estratos de los nueve departamentos de Bolivia, elaboró un documento que plantea el reconocimiento del derecho a la vida y los derechos sexuales y reproductivos de manera general.
"Consideramos que el aborto se debe tratar en el marco de una ley y no debe plantearse en la formulación del nuevo texto constitucional", declaró a IPS Katia Uriona, coordinadora del Proyecto.
Organizaciones de mujeres marcharon por las calles de la capital del oriental departamento de Santa Cruz con pancartas en las que se podía leer "Una niña violada no quiere ser madre".
Según un informe proporcionado a IPS por ANNI, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen reportó en 2005 que los departamentos en los que se cometieron más violaciones de niños o adolescentes de ambos sexos fueron Santa Cruz (66), La Paz, en el occidente del país (52) y Cochabamba, en la región central (49).
La no gubernamental Red-Ada, una organización que hace campaña a favor de los derechos de la mujer, registró entre enero y agosto del año pasado 250 violaciones de menores en Santa Cruz. En 248 casos, las víctimas fueron niñas y adolescentes de entre 13 y 15 años, según datos de la Defensoría de la Niñez de ese departamento.
La organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), que hace campaña por la despenalización del aborto, estima que sólo 10 por ciento de las violaciones son dadas a conocer.
"Y eso es porque cuando una mujer, una adolescente o una niña hacen una denuncia se generan actitudes inquisidoras por parte de jueces, hospitales y médicos", señaló a IPS Teresa Lanza, coordinadora de CDD.
En el central departamento de Cochabamba, una niña de 10 años peregrinó el año pasado de un juzgado a otro sin ser escuchada, con un embarazo de casi tres meses producto de una violación y una certificación de la Sociedad Boliviana de Ginecología y Obstetricia de que la gestación ponía en riesgo su vida.
Un fallo judicial favorable tampoco es garantía. En 2002, los médicos del hospital público Viedma, también en Cochabamba, se negaron a practicar un aborto a una niña de 12 años violada por su padrastro aunque un juez había autorizado la interrupción del embarazo. La afectada finalmente optó por un aborto clandestino.
El abogado penalista Samuel Zenteno dijo a IPS que si la Constituyente aprueba el artículo que garantiza el derecho a la vida desde el momento de la concepción será necesario reglamentar el artículo 266, que establece excepciones a la penalización del aborto.
"La ausencia de reglamentación da lugar a vacíos legales y a interpretaciones que varían de juez a juez. En estas circunstancias, la mujer violada es víctima por partida doble, ya que además del abuso sufrido debe enfrentarse a penosos procedimientos administrativos, como ocurrió en Cochabamba", agregó.
Bernarda Claure
IPS
En la carrera de la Asamblea Constituyente de Bolivia para aprobar una nueva carta magna, el alcance del derecho universal a la vida aparece como uno de los temas espinosos, pues se vincula a la demanda de legalizar el aborto.
La propuesta de la Comisión de Derechos, Deberes y Garantías de la Asamblea de consagrar en la nueva constitución el respeto a la vida desde la concepción generó un debate sobre el derecho de las mujeres a interrumpir embarazos no deseados, sobre todo cuando son producto de violaciones.
Según el estudio "Rompiendo silencios", de la Defensoría del Pueblo y la organización no gubernamental Coordinadora de la Mujer, 64 por ciento de las agresiones físicas contra mujeres están tipificadas como violaciones, de las cuales más de la mitad tienen como víctimas a adolescentes desde 14 años y, en menor proporción, a niñas menores de seis años.
Cada año, alrededor de 200 niñas y adolescentes denuncian que fueron abusadas sexualmente, según datos proporcionados a IPS por Julia Velasco, coordinadora de la Agencia Nacional de Noticias por la Infancia (ANNI).
En caso de quedar embarazadas, no tienen casi posibilidad de ampararse en la figura legal del aborto impune, que contempla circunstancias en que la interrupción del embarazo está permitida.
El artículo 266 del Código Penal no establece sanciones para el aborto en casos de estupro, violación o cuando la vida de la madre está en peligro.
Pero, como en muchos países de América Latina, las mujeres en esas circunstancias deben emprender un largo camino de trámites administrativos y judiciales, que a menudo desembocan en un aborto clandestino.
La discusión se reedita en las sesiones de la Constituyente, donde el derechista partido opositor Poder Democrático y Social (Podemos), provocó una tormenta con su moción de garantizar el derecho a la vida desde el momento de la concepción, aprobada en la Comisión de Derechos, controlada por Podemos.
La constituyente Loyola Guzmán, del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó que pedirá su revisión, ya que el texto fue aprobado con tres disidencias, entre ellas la suya.
El asunto deberá ser definido por la Asamblea en sesión plenaria, pues el reglamento establece que los puntos en los que no existe unanimidad dentro de una comisión deben ser discutidos y votados por todos los constituyentes.
Tras 10 meses de sesiones y cuando le quedan unos dos meses para redactar la nueva constitución, la Asamblea sólo logró aprobar un artículo, que consagra la práctica del deporte en altura como un derecho humano y universal, en una sesión convocada al conocerse la prohibición de la Federación Internacional de Fútbol Asociado de jugar partidos internacionales en ciudades a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar.
La Iglesia Católica, impulsora del artículo vinculado al aborto, ya adelantó que insistirá con su tradicional postura en esta materia.
"El derecho a la vida desde la concepción debe estar preservado constitucionalmente para evitar que otras leyes puedan ir en su contra", dijo Miguel Manzanera, director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Boliviana San Pablo.
Guzmán quiere que se tome en cuenta el lenguaje empleado en el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, a la que el Estado boliviano se adhirió en 1979.
En su parte I, capítulo 2, artículo 4, la Convención señala que "toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente".
La aclaración "en general" es el detalle que Guzmán quiere enfatizar. "Al decir que se reconoce el derecho a la vida de manera general se reconoce también que hay circunstancias especiales", dijo a IPS. Por ejemplo, los embarazos producto de violaciones.
Un enfoque similar fue propuesto por el no gubernamental Proyecto Mujeres a la Asamblea Constituyente. Tras recoger iniciativas de diferentes estratos de los nueve departamentos de Bolivia, elaboró un documento que plantea el reconocimiento del derecho a la vida y los derechos sexuales y reproductivos de manera general.
"Consideramos que el aborto se debe tratar en el marco de una ley y no debe plantearse en la formulación del nuevo texto constitucional", declaró a IPS Katia Uriona, coordinadora del Proyecto.
Organizaciones de mujeres marcharon por las calles de la capital del oriental departamento de Santa Cruz con pancartas en las que se podía leer "Una niña violada no quiere ser madre".
Según un informe proporcionado a IPS por ANNI, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen reportó en 2005 que los departamentos en los que se cometieron más violaciones de niños o adolescentes de ambos sexos fueron Santa Cruz (66), La Paz, en el occidente del país (52) y Cochabamba, en la región central (49).
La no gubernamental Red-Ada, una organización que hace campaña a favor de los derechos de la mujer, registró entre enero y agosto del año pasado 250 violaciones de menores en Santa Cruz. En 248 casos, las víctimas fueron niñas y adolescentes de entre 13 y 15 años, según datos de la Defensoría de la Niñez de ese departamento.
La organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), que hace campaña por la despenalización del aborto, estima que sólo 10 por ciento de las violaciones son dadas a conocer.
"Y eso es porque cuando una mujer, una adolescente o una niña hacen una denuncia se generan actitudes inquisidoras por parte de jueces, hospitales y médicos", señaló a IPS Teresa Lanza, coordinadora de CDD.
En el central departamento de Cochabamba, una niña de 10 años peregrinó el año pasado de un juzgado a otro sin ser escuchada, con un embarazo de casi tres meses producto de una violación y una certificación de la Sociedad Boliviana de Ginecología y Obstetricia de que la gestación ponía en riesgo su vida.
Un fallo judicial favorable tampoco es garantía. En 2002, los médicos del hospital público Viedma, también en Cochabamba, se negaron a practicar un aborto a una niña de 12 años violada por su padrastro aunque un juez había autorizado la interrupción del embarazo. La afectada finalmente optó por un aborto clandestino.
El abogado penalista Samuel Zenteno dijo a IPS que si la Constituyente aprueba el artículo que garantiza el derecho a la vida desde el momento de la concepción será necesario reglamentar el artículo 266, que establece excepciones a la penalización del aborto.
"La ausencia de reglamentación da lugar a vacíos legales y a interpretaciones que varían de juez a juez. En estas circunstancias, la mujer violada es víctima por partida doble, ya que además del abuso sufrido debe enfrentarse a penosos procedimientos administrativos, como ocurrió en Cochabamba", agregó.
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