ESPAÑA

"Extranjeros o ciudadanos puros"
Varias ONG proponen un "decálogo de la integración"
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DANIEL AYLLÓN

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MADRID - El presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Ignacio Díaz de Aguilar, anunció ayer que diversas organizaciones sindicales y ONG europeas se están movilizando ante las "inminentes" políticas migratorias que asumiría Francia al presidir la UE. Para Díaz, medidas como el contrato de integración fomentan dos categorías de ciudadanos: los europeos "puros" y los "extranjeros".
Durante la presentación del decálogo de propuestas en materia de inmigración para la próxima legislatura -junto al sindicato USO, la Red Acoge y la asociación APDHA-, el portavoz denunció que "en vez de hablar de cómo mejorar los servicios públicos de los municipios con más inmigrantes o cómo impulsar su integración social", el discurso del Gobierno se está centrando "en la inmigración ilegal, en cómo expulsar a los indocumentados y cómo evitar que entren en nuestro país".
"Leyes como la de vagos y maleantes demostraron que criminalizar la pobreza no da soluciones", expresó al tiempo que abogaba por aportar "medidas concretas para problemas concretos". Para solucionarlo, propuso atajar los problemas mediante la cooperación al desarrollo en sus países y, para los casos más urgentes, defender el derecho de asilo. "España tiene un número de asilados rídiculo comparado con Canadá, Brasil o Chile", los principales países de acogida de los 40 millones de refugiados que hay en el mundo.
El secretario general de la Red Acoge, José Miguel Morales, apuntó a Bélgica e Irlanda como países modelo en los que los inmigrantes tienen derecho a votar en las elecciones municipales. Además, exigió un aumento de las ayudas económicas y normalizar las condiciones de vida de la población extranjera: "Todavía hay municipios en los que les niegan el padrón, falta el acceso a la educación y sanidad pública y las mujeres maltratadas que no se separan de su pareja porque perderían derechos".
Ley de Extranjería
Respecto a la futura reforma de la Ley de Extranjería, el colectivo reclamó nuevas vías legales efectivas para la regularización de las personas en situación irregular -más allá de los "ineficaces" arraigos laboral y social- y combatir la explotación laboral.
Carlos Arce, de APDHA, recordó la falta de recursos que tienen los consulados en los países de origen e hizo énfasis en buscar una política encaminada al cierre de los Centros de Internamiento para Inmigrantes (CIE).

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El decálogo de las organizaciones sociales
1Flujos migratorios. Reformar la Ley de Extranjería en cuanto a la regularización, explotación laboral y el cambio de trabajo o residencia. Estas organizaciones piden también facilitar el acceso legal a España, el cierre de los centros de internamiento para extranjeros y agilizar las oficinas de extranjería .
2 Convivencia. Normalizar la atención a la población extranjera, el acceso al voto en las elecciones municipales para los residentes e incrementar y controlar el destino final de los fondos para políticas de integración.
3 Asilo. Firmar la Convención de Naciones Unidas para garantizar los derechos mínimos de los trabajadores migrantes y sus familias. Además, demandan al nuevo Gobierno que ponga en marcha políticas de cooperación al desarrollo y la defensa del derecho al asilo, reconociendo nuevos tipos de persecución, como los refugiados medioambientales.

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España rechaza el contrato de integración
Sarkozy plantea medidas polémicas para la lucha de la UE contra la inmigración ilegal. Rodríguez Zapatero avanza que ampliará el plazo de retención de irregulares de 40 a 60 días.
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DANIEL AYLLÓN

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Madrid - Nicolas Sarkozy quiere una Unión Europea (UE) a imagen y semejanza de Francia en materia de inmigración. Así lo confirmó ayer el Gobierno francés, que ocupará la presidencia de turno de la UE durante el segundo semestre de 2008. Esta política, basada en la mano dura contra la inmigración legal y la irregular, propone, entre otros, aplicar lo antes posible los visados biométricos y los llamados "contratos de integración" para los recién llegados.
Tras conocer la propuesta francesa, el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, se distanció de los países partidarios del contrato, que ya funciona en el país galo y que comprometería al inmigrante a aprender el idioma oficial del país y a respetar los "valores nacionales y europeos", entre otras medidas."Habrá que ser muy cuidadosos con ese tipo de obstáculos que pueden convertirse en pretextos para dificultar innecesariamente la inmigración", aseguró a su llegada al Consejo de Industria de la UE. No veo el objetivo de la medida".
A la inmigración legal "que venga a cubrir puestos de trabajo que no están cubiertos no hay que ponerle obstáculos innecesarios", añadió. No obstante, López Garrido aseguró que el Gobierno español es partidario de que la UE alcance un pacto político sobre inmigración para combatir la llegada de indocumentados.

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Retenciones de 60 días
Entre las medidas propuestas para luchar contra la inmigración ilegal, destaca la directiva europea que plantea la posibilidad de retener a los inmigrantes durante un plazo máximo de 18 meses. Esta propuesta ha sido muy discutida en países como España donde el período límite de retención son 40 días.
A este respecto se pronunció ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante la presentación del último libro del juez Baltasar Garzón. Concretamente, reveló que el Ejecutivo estudia ampliar de 40 a 60 días el plazo legal máximo de reclusión de irregulares en los centros de internamiento.La exportación de la restrictiva política migratoria gala al resto de la UE también prevé un endurecimiento de las condiciones para solicitar asilo.
A pesar de ello, el documento del Gobierno francés, titulado Pacto sobre la inmigración, reconoce que Europa necesita emigrantes por razones económicas y demográficas pero subraya que el continente "no tiene medios para acoger dignamente a todos los que ven un El Dorado en ella".
Otro de los objetivos de Sarkozy es impulsar el retorno a los paises de origen de los sin papeles. Para ello, sugiere que la inmigración quede restringida a los extranjeros que cuenten con las calificaciones requeridas por las necesidades laborales del país receptor.

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Contratos de readmisión
El documento afirma que sólo uno de cada tres inmigrantes ilegales que deben ser deportados de la UE es expulsado y propugna negociar "contratos de readmisión" con sus países.
Entre sus nuevas medidas migratorias, Sarkozy anunció el pasado miércoles que su país iba a abrir el mercado laboral francés a los trabajadores del Este de Europa. Estos ciudadanos, como el resto de los europeos, son unos privilegiados y no deben firmar el contrato a su llegada a Francia.
El resto, está obligado se comprometerse por escrito a respetar las leyes del país. A juicio de López Garrido, este tipo de exigencias son "cosas de perogrullo" y remarca que no es necesario ponerlas por escrito porque ya están obligados a ello, igual que los ciudadanos nacionales.
En cualquier caso, el secretario de Estado para la UE subrayó que Francia y España "están intercambiando textos" para construir una política común y manifestó su esperanza de lograr un texto "consensuado".
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EN TRES MINUTOS
"La ley italiana es una barbaridad jurídica". Pascual Aguelo. Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía

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1 ¿Cómo valora las nuevas políticas migratorias que se están aprobando ahora mismo en Europa?Se tratan de políticas mucho más rígidas, que suponen una cierta regresión de la situación de los inmigrantes. Son políticas que se cierran mucho más a la inmigración.

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2 ¿Por qué se inclina Europa hacia este cierre?Europa todavía no ha asumido que es un continente de destino de inmigrantes. De ahí que aún no existan políticas comunes, que es en lo que se está trabajando ahora. Es un tema complejo porque no todos los países regulan por igual.

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3 ¿Qué países son más garantistas con respecto a los derechos de los inmigrantes?España estaría ahora mismo en el pelotón de cabeza junto con Portugal. El resto de países deberían fijarse en ellos, porque son el prisma a seguir.

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4 ¿Y qué estados respetan menos los derechos de los extranjeros? En estos momentos es Italia. Con sus nuevas leyes está criminalizando a los inmigrantes irregulares, lo que supone una barbaridad jurídica. Y son situaciones que pueden llevar a la xenofobioa y al incremento del racismo.

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5 ¿Cómo valora el nombramiento del nuevo ministro de Trabajo de Inmigración, Celestino Corbacho?¿Cree que España endurecerá su política migratoria? En el país hay una preocupación por la situación de irregularidad. Y lo que se dice es que los inmigrantes que lleguen lo hagan de forma regular lo que es acertado. Otra cosa es ver cuáles son esos canales, porque no es lo mismo inmigración con contrato que contrato de inmigración.

6 ¿Cuáles son esos canales?Debemos conocer la realidad y saber por qué atraemos inmigración irregular. Si la hay es que hay demanda y lo que debería combatirse es la economía sumergida.

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Público.es - España/30/05/2008