Botnia, manzana de la discordia entre Uruguay y Argentina
Alberto Salazar Gutierrez
Montevideo, 10 nov (PL) A un año de funcionamiento, la planta de celulosa de la finlandesa Botnia que opera en la frontera fluvial de Uruguay con Argentina sigue siendo el eje de un conflicto bilateral que trasciende su primigenio perfil jurídico-ambientalista.
El diferendo comenzó a gestarse en octubre de 2003, bajo las presidencias de Jorge Batlle en Uruguay y de Néstor Kirchner en Argentina, cuando Buenos Aires intentó impedir la radicación de una pastera de la española Ence muy cerca de donde hoy está la de Botnia.
Poco después Montevideo autorizó a la compañía finlandesa a radicar la suya cerca de Fray Bentos (unos 310 kilómetros al noroeste de esta capital), lo que desencadenó el conflicto bajo la argumentación argentina de que la vecina nación había violado el Estatuto del Río Uruguay.
Firmado en febrero de 1975, ese acuerdo establece la administración compartida sobre el curso fluvial y, entre otras cosas, obliga a las partes a notificarse y aprobar de conjunto las obras que planeen ejecutar sobre las respectivas orillas.
Uruguay alega que dio cumplida cuenta de ese paso, pero el gobierno de Kirchner lo negó en su momento y el diferendo fue ganando cobrando temperatura, sobre todo a partir de la entrada en escena de organizaciones ambientalistas argentinas que tachan a la planta de contaminante.
“Los piqueteros”, como los llaman del lado de acá, cortaron en noviembre de 2006 los tres puentes binacionales sobre el río Uruguay y hasta hoy mantienen la medida, de modo intermitente en dos de ellos, y permanente en el que une a Fray Bentos con la argentina Gualeguaychú.
Ambas naciones cruzaron acusaciones en el seno del MERCOSUR, que prácticamente se lavó las manos en el asunto, mientras casi en paralelo se instalaron rondas de diálogo en busca de un entendimiento, una de ellas propiciada por la Corona española.
Parecía que la intermediación del rey español Juan Carlos de Borbón iba a rendir frutos durante la Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile (noviembre de 2006), mediante un encuentro entre Kirchner y Tabaré Vázquez, llegado a la presidencia del Uruguay en marzo de 2005).
Mas todo se malogró cuando el mandatario argentino apoyó a los ambientalistas de Gualeguaychú durante un acto público en la capital chilena. Desde el propio escenario, Vázquez autorizó la arrancada de la planta de Botnia.
A un año de tales hechos, expertos extranjeros y de los dos países han concluido que la usina no ha causado al medio afectaciones por encima de las respectivas normas ambientalistas.
Pero el litigio prosigue en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, adonde ingresó en mayo de 2006 luego que Argentina demandara a Montevideo por presunta violación del Tratado del Río Uruguay.
La batalla jurídica en ese ámbito puede extenderse hasta el 2010, de modo que a la espera de un veredicto del tribunal, aún podrían producirse nuevos quiebres en las relaciones diplomáticas y políticas bilaterales.
El último capítulo de esa naturaleza tuvo lugar hace unos días, cuando Vázquez negó el apoyo de Uruguay a la candidatura de Kirchner a la secretaría general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), tras recordar su “inacción” respecto al corte de los puentes.
Lo cierto es que a un año de la arrancada de la planta de Botnia, y a dos del bloqueo total del viaducto Fray Bentos-Gualeguaychú, el conflicto parece lejos de una solución y aún promete la desgraciada esperanza de nuevas fricciones./ale/asg
Montevideo, 10 nov (PL) A un año de funcionamiento, la planta de celulosa de la finlandesa Botnia que opera en la frontera fluvial de Uruguay con Argentina sigue siendo el eje de un conflicto bilateral que trasciende su primigenio perfil jurídico-ambientalista.
El diferendo comenzó a gestarse en octubre de 2003, bajo las presidencias de Jorge Batlle en Uruguay y de Néstor Kirchner en Argentina, cuando Buenos Aires intentó impedir la radicación de una pastera de la española Ence muy cerca de donde hoy está la de Botnia.
Poco después Montevideo autorizó a la compañía finlandesa a radicar la suya cerca de Fray Bentos (unos 310 kilómetros al noroeste de esta capital), lo que desencadenó el conflicto bajo la argumentación argentina de que la vecina nación había violado el Estatuto del Río Uruguay.
Firmado en febrero de 1975, ese acuerdo establece la administración compartida sobre el curso fluvial y, entre otras cosas, obliga a las partes a notificarse y aprobar de conjunto las obras que planeen ejecutar sobre las respectivas orillas.
Uruguay alega que dio cumplida cuenta de ese paso, pero el gobierno de Kirchner lo negó en su momento y el diferendo fue ganando cobrando temperatura, sobre todo a partir de la entrada en escena de organizaciones ambientalistas argentinas que tachan a la planta de contaminante.
“Los piqueteros”, como los llaman del lado de acá, cortaron en noviembre de 2006 los tres puentes binacionales sobre el río Uruguay y hasta hoy mantienen la medida, de modo intermitente en dos de ellos, y permanente en el que une a Fray Bentos con la argentina Gualeguaychú.
Ambas naciones cruzaron acusaciones en el seno del MERCOSUR, que prácticamente se lavó las manos en el asunto, mientras casi en paralelo se instalaron rondas de diálogo en busca de un entendimiento, una de ellas propiciada por la Corona española.
Parecía que la intermediación del rey español Juan Carlos de Borbón iba a rendir frutos durante la Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile (noviembre de 2006), mediante un encuentro entre Kirchner y Tabaré Vázquez, llegado a la presidencia del Uruguay en marzo de 2005).
Mas todo se malogró cuando el mandatario argentino apoyó a los ambientalistas de Gualeguaychú durante un acto público en la capital chilena. Desde el propio escenario, Vázquez autorizó la arrancada de la planta de Botnia.
A un año de tales hechos, expertos extranjeros y de los dos países han concluido que la usina no ha causado al medio afectaciones por encima de las respectivas normas ambientalistas.
Pero el litigio prosigue en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, adonde ingresó en mayo de 2006 luego que Argentina demandara a Montevideo por presunta violación del Tratado del Río Uruguay.
La batalla jurídica en ese ámbito puede extenderse hasta el 2010, de modo que a la espera de un veredicto del tribunal, aún podrían producirse nuevos quiebres en las relaciones diplomáticas y políticas bilaterales.
El último capítulo de esa naturaleza tuvo lugar hace unos días, cuando Vázquez negó el apoyo de Uruguay a la candidatura de Kirchner a la secretaría general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), tras recordar su “inacción” respecto al corte de los puentes.
Lo cierto es que a un año de la arrancada de la planta de Botnia, y a dos del bloqueo total del viaducto Fray Bentos-Gualeguaychú, el conflicto parece lejos de una solución y aún promete la desgraciada esperanza de nuevas fricciones./ale/asg
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Prensa Latina - Cuba/10/11/2008
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