MINERÍA-PERÚ: Debajo de tu casa está mi yacimiento
Habitante de Combayo, otra comunidad afectada por la minería.Foto: La República
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Por Milagros Salazar
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LIMA (IPS) - "Imagínese que le avisen que debe dejar su casa, sus animalitos, sus muertos y lo lleven a un sitio desconocido sin consultarle nada. ¿Cómo se sentiría?", pregunta Eduardo Sueldo, de la sureña región peruana de Apurímac, revelando la incertidumbre de muchos reubicados ante la expansión de la minería.
Las concesiones otorgadas por el Estado a las empresas mineras crecieron más de 70 por ciento en los últimos años, a causa de la enorme demanda internacional de los minerales. Como a menudo esos recursos naturales se encuentran en terrenos donde vive gente, aparece la necesidad de trasladar pueblos enteros.
De momento, hay tres casos que aparecen como más graves.
En la ciudad de Cerro de Pasco, en las sierras del sur, opera la empresa peruana Volcan, en el distrito de Morococha, en el centro-sur, actúa la compañía china Chinalco, y en la comunidad de Fuerabamba, en la sureña Apurímac, se desarrolla el proyecto Las Bambas, a cargo de Xstrata Copper, cuarta productora mundial de cobre y parte del grupo suizo Xstrata.
Unas 11.000 familias de Cerro de Pasco deberían ser reubicadas de inmediato, ya que las actividades de Volcan, productora de zinc, se desarrollan en el corazón de la ciudad y la expansión de su proyecto Plan L, para extraer plata, plomo y zinc, empeoraría las ya pésimas condiciones de vida de la población.
Ochenta y cinco por ciento de las casas que rodean el tajo abierto de Volcan se encuentran en riesgo alto o medio, según un informe elaborado en 2006 por el gubernamental Instituto de Defensa Civil.
Estudios del Ministerio de Salud revelaron en 2005, 2006 y 2008 que la mayoría de las niñas, niños y mujeres embarazadas de la zona sufren plombemia, con más de 10 microgramos de plomo por decilitro de sangre, límite considerado aceptable por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El Congreso legislativo aprobó el 8 de mayo la ley 1.244 para reubicar Cerro de Pasco por razones de "necesidad pública e interés nacional", pero el Poder Ejecutivo le efectuó observaciones. Esas diferencias están a punto de superarse, según la legisladora Gloria Ramos, autora del texto.
Sin embargo, el alcalde de Pasco, Tito Valle, firmó el 5 de septiembre un convenio con Volcan para la reubicación, desconociendo la opinión de sus regidores (concejales) y sin una consulta amplia con la población.
El municipio aceptó ceder más de 11 hectáreas del área urbana para la ejecución del Plan L, a cambio de 10 millones de dólares para la reposición de monumentos históricos y de otros ocho millones, que se entregarán en tres años para la ejecución de algunos proyectos y obras de remodelación.
Se trata de una suma irrisoria que sólo permitirá invertir 727 dólares en cada vivienda de las 11.000 familias que deben ser reubicadas, mientras la empresa obtendrá grandes ganancias con la explotación de los minerales, afirma Ramos.
El proyecto de la ley 1.244 estimaba que exigiendo a la empresa que entregara 10 por ciento de sus utilidades, se podría destinar a cada vivienda unos 5.800 dólares, ocho veces más de lo establecido en el convenio aceptado por el alcalde.
"Con este acuerdo, la hegemonía de la negociación la sigue teniendo la minera porque es la que toma la decisión económica, política y social ante la debilidad del alcalde para conseguir resultados más equitativos y justos para la población", dijo a IPS la legisladora Ramos.
ASIMETRÍA
El problema es que el gobierno central "se está lavando las manos al no participar en la negociación entre la gran empresa y el poblador", apunta el responsable del Programa de Minería y Comunidades de la no gubernamental CooperAcción, José de Echave.
"Lo que está predominando es una negociación asimétrica entre la gran empresa y el poblador, cuando el Estado debe tener una participación clave para nivelar el escenario", dijo De Echave a IPS.
Chinalco (Aluminum Corporation of China, que opera en Morococha), desconoce a las organizaciones sociales y a las autoridades locales, según De Echave, y negocia la reubicación directamente con cada familia debido a su necesidad de empezar cuanto antes la explotación de cobre a tajo abierto.
En Morococha, un pueblo de tradición minera, el cobre aún se extrae en minas subterráneas. La población fue creciendo en torno del campamento instalado sobre el yacimiento, que tuvo diferentes dueños, como la compañía Minera Perú Copper antecesora de Chinalco.
El alcalde de Morococha, Marcial Salomé, dijo a IPS que en julio de 2005 solicitó a la empresa suscribir un convenio marco para que el proceso de traslado se desarrollara sin problemas y representara una oportunidad de mejora para la comunidad.
"Hasta ahora no hay una respuesta formal de la empresa... Dicen que están de acuerdo con nosotros, pero sólo hay palabras", agregó.
Los representantes de Chinalco explicaron a la prensa que el reasentamiento está previsto para el 2011, con una inversión de 40 millones de dólares para construir 1.200 viviendas.
Pero nada se sabe sobre el papel que jugarán las instancias de gobierno involucradas.
El alcalde solicitó apoyo al gobierno central y al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, obligado a actuar como facilitador del proceso de reubicación para proyectos de desarrollo por la Ley 28.223.
Para la legisladora Ramos, a pesar de esa norma, se necesita una ley marco con criterios fundamentales para garantizar los derechos de las poblaciones afectadas, basados en estándares internacionales establecidos por las Naciones Unidas y el Banco Mundial.
NO ES LO MISMO EN EL CAMPO
A diferencia de las zonas urbanas de Cerro de Pasco y Morococha, las operaciones de Xstrata en la sureña Apurímac requieren desplazar a los campesinos de Fuerabamba, que viven de la agricultura y la ganadería y están acostumbrados a las grandes extensiones de tierra.
Víctor Noa Ccorpona, joven comunero de Fuerabamba, dijo a IPS que su pueblo tiene poca información de los planes de reubicación y que se encuentra dividido.
Los campesinos más viejos, aferrados a sus tradiciones, y los que tienen grandes extensiones de cultivos prefieren quedarse, mientras los más jóvenes apuestan por comenzar una nueva vida en otro lugar, a cambio de que la empresa les dé trabajo y educación para sus hijos.
Por si fuera poco, los especialistas señalan que Fuerabamba ha sido tradicionalmente un pueblo de abigeos (ladrones de ganados). Reubicarlo no sería fácil por el rechazo que su cercanía provoca en comunidades vecinas.
"Nosotros estamos acostumbrados a vivir en nuestras tierras a campo abierto y ahora dicen que nos quieren poner una urbanización, no sabemos qué va a pasar", dijo a IPS Eduardo Sueldo, delegado de Medio Ambiente de Choquecca, una comunidad contigua a Fuerabamba que, por estar en el campo de acción de Xstrata, también vive en la incertidumbre.
Aunque la reubicación parece impostergable, porque el yacimiento de cobre está debajo de los suelos de Fuerabamba, el nuevo contexto creado por la crisis financiera internacional podría poner paños fríos a las urgencias.
Hay que tomar en cuenta la reciente caída del precio de los minerales tras una gran época de bonanza, señaló el especialista José Luis López Follegatti, de la Asociación Civil Labor. En este momento, muchas decisiones de las empresas podrían redefinirse para postergar el inicio de nuevos proyectos, advirtió.
Para De Echave, si se frena o se suspende la expansión minera, ésta sería "una oportunidad para que las compañías redefinan su política social con las poblaciones que rodean sus proyectos" y se pacten procesos sustentables.
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LIMA (IPS) - "Imagínese que le avisen que debe dejar su casa, sus animalitos, sus muertos y lo lleven a un sitio desconocido sin consultarle nada. ¿Cómo se sentiría?", pregunta Eduardo Sueldo, de la sureña región peruana de Apurímac, revelando la incertidumbre de muchos reubicados ante la expansión de la minería.
Las concesiones otorgadas por el Estado a las empresas mineras crecieron más de 70 por ciento en los últimos años, a causa de la enorme demanda internacional de los minerales. Como a menudo esos recursos naturales se encuentran en terrenos donde vive gente, aparece la necesidad de trasladar pueblos enteros.
De momento, hay tres casos que aparecen como más graves.
En la ciudad de Cerro de Pasco, en las sierras del sur, opera la empresa peruana Volcan, en el distrito de Morococha, en el centro-sur, actúa la compañía china Chinalco, y en la comunidad de Fuerabamba, en la sureña Apurímac, se desarrolla el proyecto Las Bambas, a cargo de Xstrata Copper, cuarta productora mundial de cobre y parte del grupo suizo Xstrata.
Unas 11.000 familias de Cerro de Pasco deberían ser reubicadas de inmediato, ya que las actividades de Volcan, productora de zinc, se desarrollan en el corazón de la ciudad y la expansión de su proyecto Plan L, para extraer plata, plomo y zinc, empeoraría las ya pésimas condiciones de vida de la población.
Ochenta y cinco por ciento de las casas que rodean el tajo abierto de Volcan se encuentran en riesgo alto o medio, según un informe elaborado en 2006 por el gubernamental Instituto de Defensa Civil.
Estudios del Ministerio de Salud revelaron en 2005, 2006 y 2008 que la mayoría de las niñas, niños y mujeres embarazadas de la zona sufren plombemia, con más de 10 microgramos de plomo por decilitro de sangre, límite considerado aceptable por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El Congreso legislativo aprobó el 8 de mayo la ley 1.244 para reubicar Cerro de Pasco por razones de "necesidad pública e interés nacional", pero el Poder Ejecutivo le efectuó observaciones. Esas diferencias están a punto de superarse, según la legisladora Gloria Ramos, autora del texto.
Sin embargo, el alcalde de Pasco, Tito Valle, firmó el 5 de septiembre un convenio con Volcan para la reubicación, desconociendo la opinión de sus regidores (concejales) y sin una consulta amplia con la población.
El municipio aceptó ceder más de 11 hectáreas del área urbana para la ejecución del Plan L, a cambio de 10 millones de dólares para la reposición de monumentos históricos y de otros ocho millones, que se entregarán en tres años para la ejecución de algunos proyectos y obras de remodelación.
Se trata de una suma irrisoria que sólo permitirá invertir 727 dólares en cada vivienda de las 11.000 familias que deben ser reubicadas, mientras la empresa obtendrá grandes ganancias con la explotación de los minerales, afirma Ramos.
El proyecto de la ley 1.244 estimaba que exigiendo a la empresa que entregara 10 por ciento de sus utilidades, se podría destinar a cada vivienda unos 5.800 dólares, ocho veces más de lo establecido en el convenio aceptado por el alcalde.
"Con este acuerdo, la hegemonía de la negociación la sigue teniendo la minera porque es la que toma la decisión económica, política y social ante la debilidad del alcalde para conseguir resultados más equitativos y justos para la población", dijo a IPS la legisladora Ramos.
ASIMETRÍA
El problema es que el gobierno central "se está lavando las manos al no participar en la negociación entre la gran empresa y el poblador", apunta el responsable del Programa de Minería y Comunidades de la no gubernamental CooperAcción, José de Echave.
"Lo que está predominando es una negociación asimétrica entre la gran empresa y el poblador, cuando el Estado debe tener una participación clave para nivelar el escenario", dijo De Echave a IPS.
Chinalco (Aluminum Corporation of China, que opera en Morococha), desconoce a las organizaciones sociales y a las autoridades locales, según De Echave, y negocia la reubicación directamente con cada familia debido a su necesidad de empezar cuanto antes la explotación de cobre a tajo abierto.
En Morococha, un pueblo de tradición minera, el cobre aún se extrae en minas subterráneas. La población fue creciendo en torno del campamento instalado sobre el yacimiento, que tuvo diferentes dueños, como la compañía Minera Perú Copper antecesora de Chinalco.
El alcalde de Morococha, Marcial Salomé, dijo a IPS que en julio de 2005 solicitó a la empresa suscribir un convenio marco para que el proceso de traslado se desarrollara sin problemas y representara una oportunidad de mejora para la comunidad.
"Hasta ahora no hay una respuesta formal de la empresa... Dicen que están de acuerdo con nosotros, pero sólo hay palabras", agregó.
Los representantes de Chinalco explicaron a la prensa que el reasentamiento está previsto para el 2011, con una inversión de 40 millones de dólares para construir 1.200 viviendas.
Pero nada se sabe sobre el papel que jugarán las instancias de gobierno involucradas.
El alcalde solicitó apoyo al gobierno central y al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, obligado a actuar como facilitador del proceso de reubicación para proyectos de desarrollo por la Ley 28.223.
Para la legisladora Ramos, a pesar de esa norma, se necesita una ley marco con criterios fundamentales para garantizar los derechos de las poblaciones afectadas, basados en estándares internacionales establecidos por las Naciones Unidas y el Banco Mundial.
NO ES LO MISMO EN EL CAMPO
A diferencia de las zonas urbanas de Cerro de Pasco y Morococha, las operaciones de Xstrata en la sureña Apurímac requieren desplazar a los campesinos de Fuerabamba, que viven de la agricultura y la ganadería y están acostumbrados a las grandes extensiones de tierra.
Víctor Noa Ccorpona, joven comunero de Fuerabamba, dijo a IPS que su pueblo tiene poca información de los planes de reubicación y que se encuentra dividido.
Los campesinos más viejos, aferrados a sus tradiciones, y los que tienen grandes extensiones de cultivos prefieren quedarse, mientras los más jóvenes apuestan por comenzar una nueva vida en otro lugar, a cambio de que la empresa les dé trabajo y educación para sus hijos.
Por si fuera poco, los especialistas señalan que Fuerabamba ha sido tradicionalmente un pueblo de abigeos (ladrones de ganados). Reubicarlo no sería fácil por el rechazo que su cercanía provoca en comunidades vecinas.
"Nosotros estamos acostumbrados a vivir en nuestras tierras a campo abierto y ahora dicen que nos quieren poner una urbanización, no sabemos qué va a pasar", dijo a IPS Eduardo Sueldo, delegado de Medio Ambiente de Choquecca, una comunidad contigua a Fuerabamba que, por estar en el campo de acción de Xstrata, también vive en la incertidumbre.
Aunque la reubicación parece impostergable, porque el yacimiento de cobre está debajo de los suelos de Fuerabamba, el nuevo contexto creado por la crisis financiera internacional podría poner paños fríos a las urgencias.
Hay que tomar en cuenta la reciente caída del precio de los minerales tras una gran época de bonanza, señaló el especialista José Luis López Follegatti, de la Asociación Civil Labor. En este momento, muchas decisiones de las empresas podrían redefinirse para postergar el inicio de nuevos proyectos, advirtió.
Para De Echave, si se frena o se suspende la expansión minera, ésta sería "una oportunidad para que las compañías redefinan su política social con las poblaciones que rodean sus proyectos" y se pacten procesos sustentables.
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Habitante de Combayo, otra comunidad afectada por la minería. Crédito: Gentileza La República.
Habitante de Combayo, otra comunidad afectada por la minería. Crédito: Gentileza La República.
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IPS - Uruguay/02/11/2008
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