Experto BM propone acuerdos similares a OMC regulen movimientos migratorios

El economista jefe para Latinoamérica del Banco Mundial, Guillermo Perry, considera que la inmigración mundial debería regularse con un sistema de acuerdos multilaterales similares a los se alcanzan en la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre el comercio de bienes.En una entrevista con EFE, Perry aboga por acuerdos globales sobre movimientos de personas, del mismo modo que se suscriben para comercio o capitales, y con los que, en su opinión, se beneficiarían tanto los países de acogida como los de origen.Actualmente, explicó, los países desarrollados tienden a poner más restricciones a los trabajadores menos cualificados, y abren sus puertas con más facilidad a los más preparados, lo que tiene consecuencias económicas directas en los países de origen.Así, señaló, los emigrantes menos cualificados son los que más dinero aportan en remesas a su país de origen. Un dinero que, aunque en inicio va directamente a sus familias, no se dedica sólo al consumo, ya que, también se destina a la inversión en áreas como la vivienda o la educación, subrayó.Esto ocurre ya en países como El Salvador o México, donde los emigrantes proceden de sectores muy pobres y sus envíos están ayudando mucho a reducir la pobreza.Mientras, explicó Perry, es mucho menor el impacto sobre la economía de los países de origen de sus trabajadores cualificados que emigran a países más desarrollados, pues es allí donde aportan productividad, mientras envían menos dinero por proceder de estratos sociales medios o altos.Para que haya un mayor reparto de la riqueza y estén más equilibrados los beneficios de los movimientos migratorios, Perry propone el sistema multilateral de acuerdos.Entre las medidas que podrían acordarse, aludió al movimiento legal y temporal de trabajadores, de forma que ayudasen a mejorar la productividad de un país desarrollado durante su estancia y después regresasen al de origen para aportar experiencia y conocimientos.Guillermo Perry estuvo esta semana en Madrid para presentar en el Banco de España un informe sobre los efectos negativos de la economía informal -la que forman los trabajadores sin contrato o no inscritas en la Seguridad Social y las empresas no registradas- en el desarrollo de América Latina.Según explicó a EFE, la mitad de los trabajadores en América Latina son irregulares, bien porque no tienen contratos o bien porque no contribuyen a la seguridad social, un porcentaje que varía mucho dependiendo de cada país, y que alcanza el 80 por ciento en Bolivia, Guatemala o Perú, mientras sólo supone el 20 por ciento en Chile.La irregularidad, dijo, no responde siempre a razones de exclusión, y en el caso de los trabajadores autoempleados -autónomos o responsables de microempresas- las dos terceras partes han elegido voluntariamente esta fórmula, al no ver suficientemente atractivo o remunerado el trabajo regular y considerar la seguridad social costosa y sin suficientes beneficios.Del otro lado están los asalariados irregulares, que lo son en su mayoría porque no han encontrado empleos en el sector regular, y a quienes sus contratadores -habitualmente pequeñas empresas- no regularizan para ahorrarse costes y porque confían en que la Inspección no se fijará en ellos.El Banco Mundial considera que la irregularidad ha de combatirse no sólo con el 'garrote' del control, la inspección y las sanciones, sino también con la 'zanahoria' de incentivos a la legalidad.Guillermo Perry reconoció la complejidad de este objetivo, que debe lograrse con nuevas regulaciones dirigidas sobre todo a mejorar el sector formal para hacerlo más atractivo, y van desde reducir los costes de los negocios, facilitar los trámites para su inscripción legal hasta mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y, sobre todo, de los sistemas de la seguridad social.Una seguridad social que, según apuntó, en Latinoamérica se construyó a imagen de los modelos 'bismarkianos' europeos, como si se tratase de países ricos, por lo que además de beneficiar sólo a las clases altas y medias resultaba muy costosa para los estados.Ahora, las 'contribuciones muy altas' -con menos subsidio del estado- y el 'mal diseño' hacen que los ciudadanos no quieran estar en sus sistemas de la seguridad social y opten por la informalidad.Pero a parte de estas recomendaciones, el experto del Banco Mundial insiste en que Latinoamérica tiene que conseguir sobre todo mejorar el funcionamiento de sus instituciones, así como las relaciones de éstas con la ciudadanía, porque un Estado no puede reclamar formalidad si no la propicia ni la ampara.De nuevo este economista puso como ejemplo a Chile, un país que ha sido capaz de constituir 'instituciones de primera calidad' y en el que la gente 'confía en el Estado'. Por eso allí, añadió, los niveles de informalidad 'son muy bajos'.

-
Terra Actualidad/EFE/27/06/2007