Sin memoria consciente del pasado...
Juan Luis Berterretche
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Autoridades judiciales de Italia emitieron órdenes de arresto para 140 oficiales sudamericanos acusados de coordinar el "Plan Cóndor", acordado por los gobiernos militares de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil y Bolivia en los años 70 y 80.
Autoridades judiciales de Italia emitieron órdenes de arresto para 140 oficiales sudamericanos acusados de coordinar el "Plan Cóndor", acordado por los gobiernos militares de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil y Bolivia en los años 70 y 80.
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El ex militar uruguayo Néstor Jorge Fernández Tróccoli fue detenido en Salerno, donde residía desde hace varios años, como consecuencia de la decisión judicial. Ahora, los jueces pidieron al ministerio de Justicia que se active la búsqueda y extradición de las restantes 139 personas sobre las que pesa la desaparición de 25 ciudadanos de origen italiano. Ante el pedido de extradición de Italia de los terroristas de estado responsabilizados de desapariciones y asesinatos de ciudadanos italianos, el Ministro de Justicia Tarso Genro [1], se esforzó en remarcar y detallar todos los impedimentos “legales” para extraditarlos. Pero sin mencionar el principal impedimento político: el Partido de los Trabajadores que detenta el gobierno, ha renegado de sus principios éticos y colabora con la casta militar para mantener en secreto toda la documentación sobre la actuación del terrorismo de Estado bajo la dictadura militar. Pero no sólo el PT, ningún partido de la “izquierda institucional” sacó una declaración reclamando el castigo a los asesinos y torturadores. Mientras en Brasil los izquierdistas renegados se postran ante la Amnistía a los criminales de la dictadura militar como algo irreversible, en Argentina luego de décadas de lucha se anularon todas las leyes de Alfonsín, Menem y De la Rua que amnistiaban a los terroristas de estado. En Uruguay los movimientos sociales han puesto en marcha un plebiscito para anular la Ley de Caducidad que estipuló la impunidad. En Chile los organismos de derechos humanos siguen la batalla contra los torturadores y asesinos de Pinochet. Mientras, la “izquierda” brasileña mira para otro lado y silba cuando se le recuerda que los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables ni prescriben. Está tan ocupada en el fisiologismo de la conducción política del estado burgués, que no tiene tiempo para esas fruslerías. En ese ambiente de genuflexión y sometimiento hay espacio para que un militar brasileño -general retirado Agnaldo del Nero Augusto requerido por la justicia italiana- haga declaraciones aceptando que participaron en el Plan Cóndor, pero tratando de quitar toda “dramaticidad” al crimen: “Nosotros no matábamos. Deteníamos y entregábamos subversivos.” Obsérvese que el general sigue usando el mismo lenguaje de la doctrina de seguridad nacional que memorizaron del guión del Departamento de Estado. No se trataba de luchadores sociales y democráticos contra las dictaduras sino de “subversivos”. Y como disculpa aclara: no éramos los sicarios, sólo nos dedicábamos a la divertida caza del izquierdista. El submarino, la picana, el vuelo de la muerte o el tiro de gracia lo aplicaban otros. No hubo ni un diputado o senador de la “izquierda social liberal” brasileña que tuviera la dignidad de preguntar al general Agnaldo del Nero en que planeta estaba cuando asesinaron al periodista Vladimir Herzog el 25 de octubre de 1975. O dónde se encuentran los doce argentinos que desaparecieron en Brasil, según las investigaciones de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas de Argentina (CONADEP).[2] O los nueve brasileños que desaparecieron en Argentina. El considerado “acta de nacimiento” del Plan Cóndor es un documento que tiene el título de “Reunión de Inteligencia”, síntesis de una “conferencia” de autoridades represivas en Santiago de Chile a fines de noviembre, comienzos de diciembre de 1975 donde se plasma en acuerdos formales lo que ya se venía actuando en la práctica.El asesinato del General chileno Prats en Buenos Aires en septiembre de 1974 por un comando chileno, por ejemplo, contó con la logística, la información y la participación de los “servicios” argentinos. Pero el antecedente más fuerte del plan Cóndor es el asesoramiento que dio la dictadura brasileña a países vecinos. Hay que recordar que Brasil en 1964 inició el ciclo de gobiernos militares promovidos por EE.UU. En Bolivia, Brasil ofreció ayuda y asesoramiento a los golpistas que habían subido al poder el 21 de agosto del '71, liderados por el entonces coronel Hugo Bánzer Suárez. A Uruguay enviaron un comando en el 71 para ayudar a estafar las elecciones a favor de Juan María Bordaberry y luego del autogolpe cívico-militar de éste en el 73, mantuvieron una estrecha relación de represión conjunta [3]. Universindo Rodríguez que fue raptado junto con Lilián Celiberti en Porto Alegre en 1978 afirma: "A mí me llevaron a la sede de la policía secreta (DOPS) y comenzaron a golpearme brutalmente. Me colgaron del techo y me dieron picana mientras me interrogaban. Los agentes brasileños me pegaban y había agentes uruguayos que me interrogaban". Jair Krichke, presidente del Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Río Grande del Sur, asegura que había una presencia evidente de los agentes brasileños en los últimos meses del gobierno de Salvador Allende. Pero, el gobierno militar brasileño fue más allá de filmaciones y fotografías de exiliados en Chile antes del golpe del 76. "La intervención brasileña fue muy fuerte en Chile. Como inspiración para el golpe militar y después como entrenamiento de militares chilenos en aspectos tácticos de la represión y en la aplicación de torturas", asegura Krichke.
El ex militar uruguayo Néstor Jorge Fernández Tróccoli fue detenido en Salerno, donde residía desde hace varios años, como consecuencia de la decisión judicial. Ahora, los jueces pidieron al ministerio de Justicia que se active la búsqueda y extradición de las restantes 139 personas sobre las que pesa la desaparición de 25 ciudadanos de origen italiano. Ante el pedido de extradición de Italia de los terroristas de estado responsabilizados de desapariciones y asesinatos de ciudadanos italianos, el Ministro de Justicia Tarso Genro [1], se esforzó en remarcar y detallar todos los impedimentos “legales” para extraditarlos. Pero sin mencionar el principal impedimento político: el Partido de los Trabajadores que detenta el gobierno, ha renegado de sus principios éticos y colabora con la casta militar para mantener en secreto toda la documentación sobre la actuación del terrorismo de Estado bajo la dictadura militar. Pero no sólo el PT, ningún partido de la “izquierda institucional” sacó una declaración reclamando el castigo a los asesinos y torturadores. Mientras en Brasil los izquierdistas renegados se postran ante la Amnistía a los criminales de la dictadura militar como algo irreversible, en Argentina luego de décadas de lucha se anularon todas las leyes de Alfonsín, Menem y De la Rua que amnistiaban a los terroristas de estado. En Uruguay los movimientos sociales han puesto en marcha un plebiscito para anular la Ley de Caducidad que estipuló la impunidad. En Chile los organismos de derechos humanos siguen la batalla contra los torturadores y asesinos de Pinochet. Mientras, la “izquierda” brasileña mira para otro lado y silba cuando se le recuerda que los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables ni prescriben. Está tan ocupada en el fisiologismo de la conducción política del estado burgués, que no tiene tiempo para esas fruslerías. En ese ambiente de genuflexión y sometimiento hay espacio para que un militar brasileño -general retirado Agnaldo del Nero Augusto requerido por la justicia italiana- haga declaraciones aceptando que participaron en el Plan Cóndor, pero tratando de quitar toda “dramaticidad” al crimen: “Nosotros no matábamos. Deteníamos y entregábamos subversivos.” Obsérvese que el general sigue usando el mismo lenguaje de la doctrina de seguridad nacional que memorizaron del guión del Departamento de Estado. No se trataba de luchadores sociales y democráticos contra las dictaduras sino de “subversivos”. Y como disculpa aclara: no éramos los sicarios, sólo nos dedicábamos a la divertida caza del izquierdista. El submarino, la picana, el vuelo de la muerte o el tiro de gracia lo aplicaban otros. No hubo ni un diputado o senador de la “izquierda social liberal” brasileña que tuviera la dignidad de preguntar al general Agnaldo del Nero en que planeta estaba cuando asesinaron al periodista Vladimir Herzog el 25 de octubre de 1975. O dónde se encuentran los doce argentinos que desaparecieron en Brasil, según las investigaciones de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas de Argentina (CONADEP).[2] O los nueve brasileños que desaparecieron en Argentina. El considerado “acta de nacimiento” del Plan Cóndor es un documento que tiene el título de “Reunión de Inteligencia”, síntesis de una “conferencia” de autoridades represivas en Santiago de Chile a fines de noviembre, comienzos de diciembre de 1975 donde se plasma en acuerdos formales lo que ya se venía actuando en la práctica.El asesinato del General chileno Prats en Buenos Aires en septiembre de 1974 por un comando chileno, por ejemplo, contó con la logística, la información y la participación de los “servicios” argentinos. Pero el antecedente más fuerte del plan Cóndor es el asesoramiento que dio la dictadura brasileña a países vecinos. Hay que recordar que Brasil en 1964 inició el ciclo de gobiernos militares promovidos por EE.UU. En Bolivia, Brasil ofreció ayuda y asesoramiento a los golpistas que habían subido al poder el 21 de agosto del '71, liderados por el entonces coronel Hugo Bánzer Suárez. A Uruguay enviaron un comando en el 71 para ayudar a estafar las elecciones a favor de Juan María Bordaberry y luego del autogolpe cívico-militar de éste en el 73, mantuvieron una estrecha relación de represión conjunta [3]. Universindo Rodríguez que fue raptado junto con Lilián Celiberti en Porto Alegre en 1978 afirma: "A mí me llevaron a la sede de la policía secreta (DOPS) y comenzaron a golpearme brutalmente. Me colgaron del techo y me dieron picana mientras me interrogaban. Los agentes brasileños me pegaban y había agentes uruguayos que me interrogaban". Jair Krichke, presidente del Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Río Grande del Sur, asegura que había una presencia evidente de los agentes brasileños en los últimos meses del gobierno de Salvador Allende. Pero, el gobierno militar brasileño fue más allá de filmaciones y fotografías de exiliados en Chile antes del golpe del 76. "La intervención brasileña fue muy fuerte en Chile. Como inspiración para el golpe militar y después como entrenamiento de militares chilenos en aspectos tácticos de la represión y en la aplicación de torturas", asegura Krichke.
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...el presente retorna a viejas pesadillas
El año 2007, será recordado como aquel donde los juegos olímpicos panamericanos se alternaron con el crimen y la tortura asolando las favelas de Río de Janeiro. Fue también el año que institucionalizó con las milicias, las existencia de fuerzas parapoliciales disputando el control del tráfico de drogas y otros “negocios” en los morros de Río. Hay un film que lo relata con cierta condescendencia: “Tropa de élite”. No es de extrañar, tanto el Gobernador del Estado de Río de Janeiro –aliado del gobierno del PT-, como el Prefeito de la ciudad aplauden los métodos brutales de la policía militar y dejan correr a los parapoliciales. En San Pablo los atentados en mayo del 2006 del Primer Comando de la Capital (PCC) [4] sirvieron de justificación a las blitz policiales que fusilaban a mansalva pobladores inocentes en el norte de la ciudad y que en una semana eliminaron más de 120 personas “sospechosas”, según los uniformados. En el 2007 hubo 13 matanzas de las cuales 7 se efectuaron en la misma zona norte de San Pablo. La semana pasada -17 de enero- los “grupos de exterminio” de la policía –con iguales atribuciones y tareas que los clásicos escuadrones de la muerte: balear pobres, indigentes y moradores de la calle- realizaron la primera matanza del 2008: 7 personas asesinadas en un bar y otros varios baleados. El día anterior los parapoliciales –según la emisora CBN [5]- emboscaron y asesinaron en la misma zona norte de San Pablo al comandante de la policía militar José Herminio Rodríguez, un coronel que investigaba las “actividades” de exterminio de sus subordinados.
El 15 de diciembre, seis policías -donde había un teniente y un sargento incluidos- luego de la denuncia del robo de una moto fueron a la casa de un adolescente de 15 años en la ciudad de Bauru (San Pablo). Al encontrar allí el vehículo, inmovilizaron al joven en su propia habitación y lo torturaron con una picana improvisada con un cable eléctrico. De las más de treinta quemaduras que tenía en el cuerpo, dos de ellas fueron fatales: directas en el corazón. En la casa del crimen dejaron abandonado el cable que había sido utilizado como instrumento. La inspiración en “Tropa de élite” era evidente y la impunidad con que actuaron obliga -como en Abu Ghraib- a no creer que se trata de una excepción. El Consejo Indígena Misionario (Conselho Indigenista Missionário - CIMI) adelantó las primeras cifras sobre asesinatos de indígenas durante el año 2007. En enero anunciaron 76 crímenes, pero dejando claro que aún faltan algunos datos y posiblemente la cifra definitiva supere los 80. Es la mayor cifra desde 1988 cuando el CIMI empezó a hacer el relatorio de violencia contra los pueblos indígenas y significa un aumento del 60% respecto al 2006 cuando fueron sacrificados casi medio centenar de indios. Más de la mitad de los homicidios del año pasado –48- ocurrieron en el estado de Mato Grosso do Sul en las fronteras con Paraguay y Bolivia. En este estado los asesinatos crecieron el 150% respecto al año anterior. En la localidad de Dourados, vecina a la frontera paraguaya de Pedro Juan Caballero, se contabilizaron catorce asesinatos en el año 2007.
Los responsables son los principales latifundistas del estado que se apropian de las tierras de los guaraníes para plantar soja o extender la producción ganadera. Son sus pistoleros –actuando como verdaderos parapoliciales- que emboscan y balean a los indios desalojados, para expulsarlos de la región. Las autoridades del estado que son parte de la coalición que sustenta al gobierno Lula, son latifundistas o sus cómplices. La policía estadual y municipal actúa como encubridores de los pistoleros.Pero la connivencia del gobierno con estos crímenes no se limita a esto. La cartera del ministro de Justicia Tarso Genro es la encargada del proceso de delimitar las tierras indígenas y de las decisiones que conducen a entregarlas a sus verdaderos dueños. Según el CIMI, “en 2007 ninguna tierra indígena fue declarada para los Guaraní en Mato Grosso do Sul, a pesar de las promesas hechas por la Fundación Nacional del Indio (Funai) de que ese pueblo recibiría atención especial, por cuenta de la grave situación en que se encuentra.” [6]
Por el contrario los 60 mil indígenas del estado están cada vez más hacinados y hambrientos mientras los terratenientes aliados al gobierno Lula destruyen las florestas para extender sus propiedades agrícolas.
Cada hectárea plantada de soja produce dos o tres toneladas de biomasa por cosecha. Cada hectárea de floresta produce anualmente 80 toneladas de biomasa.
Eso ya lo saben los indios que plantan dentro de la propia selva sin devastarla. [7]
Los plantadores de soja exterminan indios para poder arrasar las florestas destruyendo las riquezas naturales actuales y futuras.
El Consejo Indígena Misionario aseguró que el próximo abril, coincidiendo con el mes de reivindicación de los derechos indígenas,[8] publicarán un informe con datos sobre lo que consideran un verdadero genocidio en estas comunidades en 2006 y 2007. ”El informe traerá números sobre amenazas, tentativas de asesinatos, muertes por privación de asistencia, como suicidios o falta de atención médica, invasiones de tierras, entre otros”, relató el CIMI en un comunicado. La impunidad que otorgó la ley de amnistía a los asesinos y torturadores de la dictadura militar es el caldo de cultivo del actual rebrote de violencia represiva en grandes ciudades como Río de Janeiro, San Pablo y otras. La impunidad también actúa como incentivo de la violencia de los terratenientes en el campo contra los indígenas y los sin tierra. En marzo del 2007 el comandante José Alberto Cunha Couto, de la Oficina de la Seguridad Institucional de la Presidencia, presentó al presidente Lula un proyecto de ley anti-terrorista en base al modelo propiciado por la US-PATRIOT Act estadounidense. Y en diciembre del 2007 anunció que el proyecto iría al Congreso a principios del 2008. Mientras la “izquierda institucional” abrazada a la Amnistía que le otorga atractivas “indemnizaciones” practica que “la memoria es una forma del olvido” –confirmando a Borges- los memoriosos herederos del terrorismo de estado están ocupados en institucionalizar una nueva etapa represiva. Como siempre, sin memoria conciente del pasado, el presente retorna a viejas pesadillas.
Notas
[1] Ex izquierdista, hoy socialdemócrata de derecha.[2] Quizá la cifra de argentinos desaparecidos en Brasil sea mayor, ya que la CONADEP cuantificaba en doce mil las desapariciones en Argentina cuando hoy se sabe que fueron como mínimo 30 mil.[3] El periodista Elio Gaspari, (A Ditadura Derrotada, pp. 351, Companhia Das letras, Brasil, 2003) afirma –refiriéndose a Brasil y Uruguay- que “La dos dictaduras se entendían. El presidente americano Richard Nixon contó al primer ministro británico Edward Heath que los brasileños ayudaron a realizar el fraude en la elección que llevó a Bordaberry a la presidencia. En el medio de las tropas que ocuparon las calles de Montevideo durante el golpe de junio (del 73), había vehículos militares brasileños, parte de un lote de trescientos, remitidos en una transacción de gobierno a gobierno.” La información de la colaboración en el fraude electoral del 71, proviene de un Memorando secreto de Henry Kissinger sobre un encuentro del presidente Richard Nixon y el primer ministro Edward Heath, del 20 de diciembre de 1971. National Security Archive. http://www.gwu.edu/-nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc15.pdf[4] Grupo delictivo que actúa en San Pablo.[5] Centro Brasileiro de Noticias, emisora de la Rede Globo.
[6] http://www.cimi.org.br/[7] Carlos Walter Porto-Gonçalves, Doctor en Geografía y profesor del Programa de Pos-graduación en Geografía de la Universidad Federal Fluminense; integrante del Grupo de Trabajo Hegemonía y Emancipaciones de CLACSO y ex presidente de la Associação dos Geógrafos Brasileiros (1998-2000)[8] Abril es también el mes de ofensiva de ocupaciones de haciendas de los sin tierra (MST) en su lucha por la Reforma Agraria.
...el presente retorna a viejas pesadillas
El año 2007, será recordado como aquel donde los juegos olímpicos panamericanos se alternaron con el crimen y la tortura asolando las favelas de Río de Janeiro. Fue también el año que institucionalizó con las milicias, las existencia de fuerzas parapoliciales disputando el control del tráfico de drogas y otros “negocios” en los morros de Río. Hay un film que lo relata con cierta condescendencia: “Tropa de élite”. No es de extrañar, tanto el Gobernador del Estado de Río de Janeiro –aliado del gobierno del PT-, como el Prefeito de la ciudad aplauden los métodos brutales de la policía militar y dejan correr a los parapoliciales. En San Pablo los atentados en mayo del 2006 del Primer Comando de la Capital (PCC) [4] sirvieron de justificación a las blitz policiales que fusilaban a mansalva pobladores inocentes en el norte de la ciudad y que en una semana eliminaron más de 120 personas “sospechosas”, según los uniformados. En el 2007 hubo 13 matanzas de las cuales 7 se efectuaron en la misma zona norte de San Pablo. La semana pasada -17 de enero- los “grupos de exterminio” de la policía –con iguales atribuciones y tareas que los clásicos escuadrones de la muerte: balear pobres, indigentes y moradores de la calle- realizaron la primera matanza del 2008: 7 personas asesinadas en un bar y otros varios baleados. El día anterior los parapoliciales –según la emisora CBN [5]- emboscaron y asesinaron en la misma zona norte de San Pablo al comandante de la policía militar José Herminio Rodríguez, un coronel que investigaba las “actividades” de exterminio de sus subordinados.
El 15 de diciembre, seis policías -donde había un teniente y un sargento incluidos- luego de la denuncia del robo de una moto fueron a la casa de un adolescente de 15 años en la ciudad de Bauru (San Pablo). Al encontrar allí el vehículo, inmovilizaron al joven en su propia habitación y lo torturaron con una picana improvisada con un cable eléctrico. De las más de treinta quemaduras que tenía en el cuerpo, dos de ellas fueron fatales: directas en el corazón. En la casa del crimen dejaron abandonado el cable que había sido utilizado como instrumento. La inspiración en “Tropa de élite” era evidente y la impunidad con que actuaron obliga -como en Abu Ghraib- a no creer que se trata de una excepción. El Consejo Indígena Misionario (Conselho Indigenista Missionário - CIMI) adelantó las primeras cifras sobre asesinatos de indígenas durante el año 2007. En enero anunciaron 76 crímenes, pero dejando claro que aún faltan algunos datos y posiblemente la cifra definitiva supere los 80. Es la mayor cifra desde 1988 cuando el CIMI empezó a hacer el relatorio de violencia contra los pueblos indígenas y significa un aumento del 60% respecto al 2006 cuando fueron sacrificados casi medio centenar de indios. Más de la mitad de los homicidios del año pasado –48- ocurrieron en el estado de Mato Grosso do Sul en las fronteras con Paraguay y Bolivia. En este estado los asesinatos crecieron el 150% respecto al año anterior. En la localidad de Dourados, vecina a la frontera paraguaya de Pedro Juan Caballero, se contabilizaron catorce asesinatos en el año 2007.
Los responsables son los principales latifundistas del estado que se apropian de las tierras de los guaraníes para plantar soja o extender la producción ganadera. Son sus pistoleros –actuando como verdaderos parapoliciales- que emboscan y balean a los indios desalojados, para expulsarlos de la región. Las autoridades del estado que son parte de la coalición que sustenta al gobierno Lula, son latifundistas o sus cómplices. La policía estadual y municipal actúa como encubridores de los pistoleros.Pero la connivencia del gobierno con estos crímenes no se limita a esto. La cartera del ministro de Justicia Tarso Genro es la encargada del proceso de delimitar las tierras indígenas y de las decisiones que conducen a entregarlas a sus verdaderos dueños. Según el CIMI, “en 2007 ninguna tierra indígena fue declarada para los Guaraní en Mato Grosso do Sul, a pesar de las promesas hechas por la Fundación Nacional del Indio (Funai) de que ese pueblo recibiría atención especial, por cuenta de la grave situación en que se encuentra.” [6]
Por el contrario los 60 mil indígenas del estado están cada vez más hacinados y hambrientos mientras los terratenientes aliados al gobierno Lula destruyen las florestas para extender sus propiedades agrícolas.
Cada hectárea plantada de soja produce dos o tres toneladas de biomasa por cosecha. Cada hectárea de floresta produce anualmente 80 toneladas de biomasa.
Eso ya lo saben los indios que plantan dentro de la propia selva sin devastarla. [7]
Los plantadores de soja exterminan indios para poder arrasar las florestas destruyendo las riquezas naturales actuales y futuras.
El Consejo Indígena Misionario aseguró que el próximo abril, coincidiendo con el mes de reivindicación de los derechos indígenas,[8] publicarán un informe con datos sobre lo que consideran un verdadero genocidio en estas comunidades en 2006 y 2007. ”El informe traerá números sobre amenazas, tentativas de asesinatos, muertes por privación de asistencia, como suicidios o falta de atención médica, invasiones de tierras, entre otros”, relató el CIMI en un comunicado. La impunidad que otorgó la ley de amnistía a los asesinos y torturadores de la dictadura militar es el caldo de cultivo del actual rebrote de violencia represiva en grandes ciudades como Río de Janeiro, San Pablo y otras. La impunidad también actúa como incentivo de la violencia de los terratenientes en el campo contra los indígenas y los sin tierra. En marzo del 2007 el comandante José Alberto Cunha Couto, de la Oficina de la Seguridad Institucional de la Presidencia, presentó al presidente Lula un proyecto de ley anti-terrorista en base al modelo propiciado por la US-PATRIOT Act estadounidense. Y en diciembre del 2007 anunció que el proyecto iría al Congreso a principios del 2008. Mientras la “izquierda institucional” abrazada a la Amnistía que le otorga atractivas “indemnizaciones” practica que “la memoria es una forma del olvido” –confirmando a Borges- los memoriosos herederos del terrorismo de estado están ocupados en institucionalizar una nueva etapa represiva. Como siempre, sin memoria conciente del pasado, el presente retorna a viejas pesadillas.
Notas
[1] Ex izquierdista, hoy socialdemócrata de derecha.[2] Quizá la cifra de argentinos desaparecidos en Brasil sea mayor, ya que la CONADEP cuantificaba en doce mil las desapariciones en Argentina cuando hoy se sabe que fueron como mínimo 30 mil.[3] El periodista Elio Gaspari, (A Ditadura Derrotada, pp. 351, Companhia Das letras, Brasil, 2003) afirma –refiriéndose a Brasil y Uruguay- que “La dos dictaduras se entendían. El presidente americano Richard Nixon contó al primer ministro británico Edward Heath que los brasileños ayudaron a realizar el fraude en la elección que llevó a Bordaberry a la presidencia. En el medio de las tropas que ocuparon las calles de Montevideo durante el golpe de junio (del 73), había vehículos militares brasileños, parte de un lote de trescientos, remitidos en una transacción de gobierno a gobierno.” La información de la colaboración en el fraude electoral del 71, proviene de un Memorando secreto de Henry Kissinger sobre un encuentro del presidente Richard Nixon y el primer ministro Edward Heath, del 20 de diciembre de 1971. National Security Archive. http://www.gwu.edu/-nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc15.pdf[4] Grupo delictivo que actúa en San Pablo.[5] Centro Brasileiro de Noticias, emisora de la Rede Globo.
[6] http://www.cimi.org.br/[7] Carlos Walter Porto-Gonçalves, Doctor en Geografía y profesor del Programa de Pos-graduación en Geografía de la Universidad Federal Fluminense; integrante del Grupo de Trabajo Hegemonía y Emancipaciones de CLACSO y ex presidente de la Associação dos Geógrafos Brasileiros (1998-2000)[8] Abril es también el mes de ofensiva de ocupaciones de haciendas de los sin tierra (MST) en su lucha por la Reforma Agraria.
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BolPress - Bolivia/21/01/2008
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