España: aprueban una reforma que endurece la ley contra los inmigrantes
El Gobierno de Zapatero la envió al Congreso para su sanción. Uno de los puntos más polémicos es la ampliación de 40 a 60 días el plazo de retención de los indocumentados. Además, limita la reagrupación familiar.
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Ante la avalancha de inmigrantes que está recibiendo, el gobierno de España aprobó la reforma de la ley de extranjería, que ahora pasa al Congreso para su debate. En principio endurece algunos criterios para la reagrupación familiar y amplía el periodo de retención de inmigrantes indocumentados.
De esta manera, la administración de José Luis Zapatero culmina una larga negociación con agentes sociales, juristas y asociaciones de inmigrantes iniciada el pasado diciembre, cuando anunció su voluntad de reformar la ley para adaptar la situación de los extranjeros a uno de los mercados laborales más castigados en Europa por la recesión.
"Presentamos una norma con la que queremos pasar de una ley de extranjería a una ley de inmigración'', dijo la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega al término de la reunión semanal de Gabinete. "El proyecto de ley perfecciona el sistema de los flujos migratorios en función del mercado de trabajo, aumenta la lucha contra la inmigración irregular y favorece la integración de los inmigrantes", sostuvo.
Organizaciones de inmigrantes dijeron que si bien la nueva propuesta reconoce derechos básicos, también incluye algunos recortes injustificados. El 12% de la población española, más de 4,5 millones de personas, son inmigrantes. La tasa del desempleo entre los extranjeros supera el 28% y en el país alcanza el 17,4%, según el Instituto Nacional de Estadística.
Entre los puntos más polémicos, la nueva ley amplía de 40 a 60 días el plazo de retención de los indocumentados que llegan al país. De la Vega argumentó que el plan responde a la necesidad de mejorar los procesos de repatriación, con mayores garantías legales.
Además, para frenar la llegada de personas en edad de trabajar en plena crisis de desempleo, se limita la reagrupación familiar para los ascendientes (padres y abuelos), que sólo serán admitidos en España si son mayores de 65 años y si el inmigrante que lo solicite acredita cinco años de residencia legal.
Tras las quejas de algunos grupos defensores de inmigrantes por esta medida, el gobierno introdujo una modificación para autorizar la reagrupación por razones humanitarias a ascendientes menores de 65 años. La normativa incorpora el desarrollo de un nuevo registro de entradas y salidas de los extranjeros para mejorar el control preventivo de la estancia irregular.
En el capítulo de ampliación de derechos, los hijos a partir de 16 años y el cónyuge o pareja de hecho reagrupados dispondrán de permiso de trabajo de forma automática, un beneficio que no existía.
En forma paralela se endurecen las sanciones a los empresarios que contraten inmigrantes irregulares, aunque se excluye cualquier multa o persecución policial a personas o asociaciones que acojan indocumentados por motivos humanitarios.
Otro de los nuevos derechos contempla la posibilidad de conceder permisos de trabajo, al menos temporales, a mujeres en situación irregular víctimas de violencia de género. La idea es que estas personas superen su miedo a denunciar un maltrato por temor a ser expulsadas del país.
"El texto es equilibrado y garantista'', aseguró De la Vega. Y agregó: "El objetivo en esta materia ha sido siempre muy claro: inmigración legal, ordenada, integrada, con derechos y obligaciones de ciudadanía".
Ante la avalancha de inmigrantes que está recibiendo, el gobierno de España aprobó la reforma de la ley de extranjería, que ahora pasa al Congreso para su debate. En principio endurece algunos criterios para la reagrupación familiar y amplía el periodo de retención de inmigrantes indocumentados.
De esta manera, la administración de José Luis Zapatero culmina una larga negociación con agentes sociales, juristas y asociaciones de inmigrantes iniciada el pasado diciembre, cuando anunció su voluntad de reformar la ley para adaptar la situación de los extranjeros a uno de los mercados laborales más castigados en Europa por la recesión.
"Presentamos una norma con la que queremos pasar de una ley de extranjería a una ley de inmigración'', dijo la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega al término de la reunión semanal de Gabinete. "El proyecto de ley perfecciona el sistema de los flujos migratorios en función del mercado de trabajo, aumenta la lucha contra la inmigración irregular y favorece la integración de los inmigrantes", sostuvo.
Organizaciones de inmigrantes dijeron que si bien la nueva propuesta reconoce derechos básicos, también incluye algunos recortes injustificados. El 12% de la población española, más de 4,5 millones de personas, son inmigrantes. La tasa del desempleo entre los extranjeros supera el 28% y en el país alcanza el 17,4%, según el Instituto Nacional de Estadística.
Entre los puntos más polémicos, la nueva ley amplía de 40 a 60 días el plazo de retención de los indocumentados que llegan al país. De la Vega argumentó que el plan responde a la necesidad de mejorar los procesos de repatriación, con mayores garantías legales.
Además, para frenar la llegada de personas en edad de trabajar en plena crisis de desempleo, se limita la reagrupación familiar para los ascendientes (padres y abuelos), que sólo serán admitidos en España si son mayores de 65 años y si el inmigrante que lo solicite acredita cinco años de residencia legal.
Tras las quejas de algunos grupos defensores de inmigrantes por esta medida, el gobierno introdujo una modificación para autorizar la reagrupación por razones humanitarias a ascendientes menores de 65 años. La normativa incorpora el desarrollo de un nuevo registro de entradas y salidas de los extranjeros para mejorar el control preventivo de la estancia irregular.
En el capítulo de ampliación de derechos, los hijos a partir de 16 años y el cónyuge o pareja de hecho reagrupados dispondrán de permiso de trabajo de forma automática, un beneficio que no existía.
En forma paralela se endurecen las sanciones a los empresarios que contraten inmigrantes irregulares, aunque se excluye cualquier multa o persecución policial a personas o asociaciones que acojan indocumentados por motivos humanitarios.
Otro de los nuevos derechos contempla la posibilidad de conceder permisos de trabajo, al menos temporales, a mujeres en situación irregular víctimas de violencia de género. La idea es que estas personas superen su miedo a denunciar un maltrato por temor a ser expulsadas del país.
"El texto es equilibrado y garantista'', aseguró De la Vega. Y agregó: "El objetivo en esta materia ha sido siempre muy claro: inmigración legal, ordenada, integrada, con derechos y obligaciones de ciudadanía".
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Clarin - Argentina/27/06/2009
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