Medio Ambiente: las consecuencias de la Conferencia de las Naciones Unidas en Bali
En Bali se preparó el terreno para el desarrollo del Protocolo de Kioto durante el periodo 2012-2020. Con los países en desarrollo a un lado y Estados Unidos al otro se sucedieron trece días de intenso debate para definir una estrategia común para luchar contra el cambio climático. Mientras, Europa continúa representando el papel de líder mundial de la eco-diplomacia.
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Silvia Meiattini
Silvia Meiattini
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Los instrumentos jurídicos para luchar contra el cambio climático
Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo que tuvo lugar en Río en 1992, se firmó un Acuerdo Internacional sobre el cambio climático. Éste se remonta a la Resolución n. 43/53 adoptada por la Asamblea General en 1988, donde se afirmaba que la evolución del clima constituía una preocupación común para toda la humanidad. En el Acuerdo se especificaban una serie de normas básicas y de obligatorio cumplimiento, pero los métodos para conseguir estos objetivos quedaban en manos de cada uno de los firmantes. El artículo 7 preveía que la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, fuera el organismo encargado de controlar la aplicación del acuerdo y de asumir las decisiones necesarias para alcanzar los objetivos de éste. Durante la tercera conferencia, que tuvo lugar en Japón en 1997, se firmó el Protocolo de Kioto en el que se establecieron los periodos de tiempo y los límites para reducir progresivamente las emisiones de gas y de efecto invernadero. Conforme con el principio de la responsabilidad común pero diferenciada, establecido durante la Conferencia, el acuerdo contempla un doble régimen jurídico: es responsabilidad sólo de los países desarrollados adoptar medidas adecuadas para reducir el cambio climático ya que históricamente son responsables de las emisiones y actualmente son los principales productores de contaminación.Los acuerdos llaman a los países industrializados y a las economías en desarrollo a reducir, antes del 2012, el 5%, respecto a 1990, de las emisiones de gases efecto invernadero. Para favorecer el cumplimiento de los objetivos, se han establecido mecanismos de flexibilidad: financiaciónde proyectos de reducción de las emisiones en países industrializados (Joint implemetation) y en países en vías de desarrollo (Clean development mechanism) o el intercambio de unidades de reducción de emisiones (Emission trading).El entusiasmo generado por un acuerdo que incluía en un proyecto común a los países más industrializados, se enfrió rápidamente debido a las dificultades para la entrada en vigor del acuerdo y, sobre todo, por la decisión de Estados Unidos de no ratificarlo. La principal y más grande economía mundial, en cuanto a PIB y a cantidad de contaminación generada, considerada la responsable del 26% de las emisiones de gas de efecto invernadero, no firmó el tratado. También Australia, generalmente muy concienciada por las cuestiones ambientales, siguió el ejemplo de Estados Unidos. La diplomacia europea, sobre todo la británica, se esforzó por negociar con estos dos grandes países. El entonces primer ministro británico Tony Blair, convirtió la cuestión ambiental (junto con África) en su principal prioridad durante el período de presidencia inglesa del G8 (2005), sin llegar a obtener ningún resultado. Además de negarse a aceptar la citada responsabilidad diferenciada, algo que tendría consecuencias negativas para la economía de Estados Unidos en un contexto de dura competición con los países emergentes como China e India, Washington declaró preferir un sistema más elástico y eficaz, antes que uno basado en imposiciones internacionales, un sistema que le permitiese actuar autónomamente, estableciendo sus períodos y siguiendo sus propios métodos para la reducción de las emisiones.Contemporáneamente, la Comunidad Europea, después de haber aprobado el Protocolo, se ha dotado, a través de la Directiva 2003/87/CE, de un régimen de autorizaciones obligatorias que entró en vigor en enero de 2005 y, mediante el cual, ha pretendido instituir un sistema para cambiar las cuotas de emisión de los miembros obligados a reducirlas, establecidas por el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión para cada uno de los países. El futuro del Protocolo se decidió durante la Conferencia de Montreal, celebrada entre el 28 de noviembre y el 9 de diciembre de 2005, en la que se concretó el segundo período de actuación entre 2013-2017; desde mayo de 2006 un “Grupo Especial” trabaja para definir las tareas más delicadas. En Nairobi, desde el 6 hasta el 17 de noviembre de 2006, tuvo lugar la duodécima sesión de la Conferencia de las Partes, la primera en ubicarse en un país africano, un encuentro especialmente significativo por la atención especial hacia los efectos catastróficos que el cambio climático tiene sobre los países pobres, los más vulnerables desde el punto de vista ambiental. Sin embargo, los resultados no fueron positivos: a pesar de las promesas por parte de los países ricos –los representantes de los países europeos expresaron a Nairobi su voluntad por trabajar con más empeño, llegando incluso a reducir las emisiones nocivas en un 50-75% antes del 2050- las decisiones sobre la aplicación del Protocolo y los acuerdos sobre la ampliación de éste para la fase que se iniciará en 2012 fueron pospuestos.
Los instrumentos jurídicos para luchar contra el cambio climático
Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo que tuvo lugar en Río en 1992, se firmó un Acuerdo Internacional sobre el cambio climático. Éste se remonta a la Resolución n. 43/53 adoptada por la Asamblea General en 1988, donde se afirmaba que la evolución del clima constituía una preocupación común para toda la humanidad. En el Acuerdo se especificaban una serie de normas básicas y de obligatorio cumplimiento, pero los métodos para conseguir estos objetivos quedaban en manos de cada uno de los firmantes. El artículo 7 preveía que la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, fuera el organismo encargado de controlar la aplicación del acuerdo y de asumir las decisiones necesarias para alcanzar los objetivos de éste. Durante la tercera conferencia, que tuvo lugar en Japón en 1997, se firmó el Protocolo de Kioto en el que se establecieron los periodos de tiempo y los límites para reducir progresivamente las emisiones de gas y de efecto invernadero. Conforme con el principio de la responsabilidad común pero diferenciada, establecido durante la Conferencia, el acuerdo contempla un doble régimen jurídico: es responsabilidad sólo de los países desarrollados adoptar medidas adecuadas para reducir el cambio climático ya que históricamente son responsables de las emisiones y actualmente son los principales productores de contaminación.Los acuerdos llaman a los países industrializados y a las economías en desarrollo a reducir, antes del 2012, el 5%, respecto a 1990, de las emisiones de gases efecto invernadero. Para favorecer el cumplimiento de los objetivos, se han establecido mecanismos de flexibilidad: financiaciónde proyectos de reducción de las emisiones en países industrializados (Joint implemetation) y en países en vías de desarrollo (Clean development mechanism) o el intercambio de unidades de reducción de emisiones (Emission trading).El entusiasmo generado por un acuerdo que incluía en un proyecto común a los países más industrializados, se enfrió rápidamente debido a las dificultades para la entrada en vigor del acuerdo y, sobre todo, por la decisión de Estados Unidos de no ratificarlo. La principal y más grande economía mundial, en cuanto a PIB y a cantidad de contaminación generada, considerada la responsable del 26% de las emisiones de gas de efecto invernadero, no firmó el tratado. También Australia, generalmente muy concienciada por las cuestiones ambientales, siguió el ejemplo de Estados Unidos. La diplomacia europea, sobre todo la británica, se esforzó por negociar con estos dos grandes países. El entonces primer ministro británico Tony Blair, convirtió la cuestión ambiental (junto con África) en su principal prioridad durante el período de presidencia inglesa del G8 (2005), sin llegar a obtener ningún resultado. Además de negarse a aceptar la citada responsabilidad diferenciada, algo que tendría consecuencias negativas para la economía de Estados Unidos en un contexto de dura competición con los países emergentes como China e India, Washington declaró preferir un sistema más elástico y eficaz, antes que uno basado en imposiciones internacionales, un sistema que le permitiese actuar autónomamente, estableciendo sus períodos y siguiendo sus propios métodos para la reducción de las emisiones.Contemporáneamente, la Comunidad Europea, después de haber aprobado el Protocolo, se ha dotado, a través de la Directiva 2003/87/CE, de un régimen de autorizaciones obligatorias que entró en vigor en enero de 2005 y, mediante el cual, ha pretendido instituir un sistema para cambiar las cuotas de emisión de los miembros obligados a reducirlas, establecidas por el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión para cada uno de los países. El futuro del Protocolo se decidió durante la Conferencia de Montreal, celebrada entre el 28 de noviembre y el 9 de diciembre de 2005, en la que se concretó el segundo período de actuación entre 2013-2017; desde mayo de 2006 un “Grupo Especial” trabaja para definir las tareas más delicadas. En Nairobi, desde el 6 hasta el 17 de noviembre de 2006, tuvo lugar la duodécima sesión de la Conferencia de las Partes, la primera en ubicarse en un país africano, un encuentro especialmente significativo por la atención especial hacia los efectos catastróficos que el cambio climático tiene sobre los países pobres, los más vulnerables desde el punto de vista ambiental. Sin embargo, los resultados no fueron positivos: a pesar de las promesas por parte de los países ricos –los representantes de los países europeos expresaron a Nairobi su voluntad por trabajar con más empeño, llegando incluso a reducir las emisiones nocivas en un 50-75% antes del 2050- las decisiones sobre la aplicación del Protocolo y los acuerdos sobre la ampliación de éste para la fase que se iniciará en 2012 fueron pospuestos.
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La posición europea
En la Conferencia de Nairobi se hicieron evidentes las grandes diferencias entre los estados europeos. Alemania es el líder europeo de las fuentes de energía renovables, mientras que los países del Sur llevan cierto retraso en cuanto a políticas de sensibilización ambiental. Por otra parte, aunque más lentamente, están creciendo las diferencias, sobre todo en el sector de las energías renovables. Un ejemplo es España, cuyo enorme desarrollo eólico ha superado la producción nacional de la energía nuclear e hidroeléctrica, o el caso de Grecia, que ha desarrollado ampliamente la energía solar térmica. En la mayoría de los estados, si las medidas establecidas para contrastar el calentamiento global tienden a fracasar, es debido a la poca voluntad política y la consecuente lentitud con la que se adoptan las normativas necesarias. Por ello, el papel de la Comisión Europea como garante y promotora para incentivar a los Estados Miembros, es de vital importancia. El objetivo europeo es reducir el 8%, mientras que los objetivos de reducción previstos para cada estado miembro son diferentes según las condiciones de cada país. A pesar de que las economías en desarrollo tienen más facilidades para reducir las emisiones, gracias a los cambios en su estructura económica, debemos destacar los óptimos resultados obtenidos por Alemania, Gran Bretaña y Suecia. Europa está promoviendo las dinámicas nacidas en Kioto, gracias sobre todo a la mediación de la canciller alemana Angela Merkel, presidenta de turno de la Unión, impulsora de la firma de un acuerdo energético-ambiental durante la primera reunión de los jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Bruselas entre el 8 y el 9 de marzo de 2007, la primera que incluía a los 27 países miembros. Dicho acuerdo establece que las reducciones de emisión de gas contaminantes deberán alcanzar el 20% antes del 2020 (respecto al volumen de emisiones de 1990), un objetivo ambicioso que coloca a la UE a la cabeza de la eco-diplomacia, además de proporcionar enormes oportunidades de negocios en sectores innovadores, cuyo baluarte es precisamente Alemania.Así Europa, durante la reunión del G8 del pasado junio, consiguió obtener la valiosa promesa de Estados Unidos de participar en las negociaciones de Bali. Sólo un duro esfuerzo como el de Bruselas, puede servir para dar credibilidad a las políticas internacionales de carácter ambiental a los ojos de los grandes líderes mundiales, estimulando así la participación voluntaria de los países en desarrollo.
La posición europea
En la Conferencia de Nairobi se hicieron evidentes las grandes diferencias entre los estados europeos. Alemania es el líder europeo de las fuentes de energía renovables, mientras que los países del Sur llevan cierto retraso en cuanto a políticas de sensibilización ambiental. Por otra parte, aunque más lentamente, están creciendo las diferencias, sobre todo en el sector de las energías renovables. Un ejemplo es España, cuyo enorme desarrollo eólico ha superado la producción nacional de la energía nuclear e hidroeléctrica, o el caso de Grecia, que ha desarrollado ampliamente la energía solar térmica. En la mayoría de los estados, si las medidas establecidas para contrastar el calentamiento global tienden a fracasar, es debido a la poca voluntad política y la consecuente lentitud con la que se adoptan las normativas necesarias. Por ello, el papel de la Comisión Europea como garante y promotora para incentivar a los Estados Miembros, es de vital importancia. El objetivo europeo es reducir el 8%, mientras que los objetivos de reducción previstos para cada estado miembro son diferentes según las condiciones de cada país. A pesar de que las economías en desarrollo tienen más facilidades para reducir las emisiones, gracias a los cambios en su estructura económica, debemos destacar los óptimos resultados obtenidos por Alemania, Gran Bretaña y Suecia. Europa está promoviendo las dinámicas nacidas en Kioto, gracias sobre todo a la mediación de la canciller alemana Angela Merkel, presidenta de turno de la Unión, impulsora de la firma de un acuerdo energético-ambiental durante la primera reunión de los jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Bruselas entre el 8 y el 9 de marzo de 2007, la primera que incluía a los 27 países miembros. Dicho acuerdo establece que las reducciones de emisión de gas contaminantes deberán alcanzar el 20% antes del 2020 (respecto al volumen de emisiones de 1990), un objetivo ambicioso que coloca a la UE a la cabeza de la eco-diplomacia, además de proporcionar enormes oportunidades de negocios en sectores innovadores, cuyo baluarte es precisamente Alemania.Así Europa, durante la reunión del G8 del pasado junio, consiguió obtener la valiosa promesa de Estados Unidos de participar en las negociaciones de Bali. Sólo un duro esfuerzo como el de Bruselas, puede servir para dar credibilidad a las políticas internacionales de carácter ambiental a los ojos de los grandes líderes mundiales, estimulando así la participación voluntaria de los países en desarrollo.
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Las Negociaciones de Bali
El objetivo principal de la Conferencia de Bali, celebrada entreel 3 y el 14 de diciembre de 2007, era el de definir una hoja de ruta general para negociar, durante los próximos dos años, un acuerdo post-Kioto. Se reunieron más de 10.000 delegados de 188 países, así como numerosas entidades privadas, cuyo número era mayor que el de los años anteriores,que contribuyeron a proponer posibles medidas para rebajar las emisiones y mejorar la cooperación internacional (a través, por ejemplo, de citas colaterales yotras propuestas y proyectos de reforma de los sistemas flexibles y de mercado para cumplir con el protocolo de Kioto). No faltaron varias ONG nacionales e internacionales, ni tampoco los ecologistas, que organizaron manifestaciones y protestas a la salida de las reuniones.
Las Negociaciones de Bali
El objetivo principal de la Conferencia de Bali, celebrada entreel 3 y el 14 de diciembre de 2007, era el de definir una hoja de ruta general para negociar, durante los próximos dos años, un acuerdo post-Kioto. Se reunieron más de 10.000 delegados de 188 países, así como numerosas entidades privadas, cuyo número era mayor que el de los años anteriores,que contribuyeron a proponer posibles medidas para rebajar las emisiones y mejorar la cooperación internacional (a través, por ejemplo, de citas colaterales yotras propuestas y proyectos de reforma de los sistemas flexibles y de mercado para cumplir con el protocolo de Kioto). No faltaron varias ONG nacionales e internacionales, ni tampoco los ecologistas, que organizaron manifestaciones y protestas a la salida de las reuniones.
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Varios fueron los temas a discutir, entre ellos:
- Las líneas-guía para elaborar un nuevo tratado para mitigar los cambios climáticos a partir del 2012;
- La reducción de las emisiones derivadas de la deforestación;
- La efectividad de los sistemas de mercado del Protocolo de Kioto;
- Los sistemas de adaptación para combatir y prevenir las discutidas amenazas de los efectos del cambio climático, que se estarían ya manifestando con un crecimiento de los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más perceptibles y vinculados a la acción humana.
- Las líneas-guía para elaborar un nuevo tratado para mitigar los cambios climáticos a partir del 2012;
- La reducción de las emisiones derivadas de la deforestación;
- La efectividad de los sistemas de mercado del Protocolo de Kioto;
- Los sistemas de adaptación para combatir y prevenir las discutidas amenazas de los efectos del cambio climático, que se estarían ya manifestando con un crecimiento de los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más perceptibles y vinculados a la acción humana.
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En realidad, los órdenes del día se volcaron más en el foco norte-sur y en las divisiones entre países ricos y países pobres. Las posiciones de varios Estados se han mantenido inmóviles a lo largo de los años: Estados Unidos rechaza las propuestas europeas y critica la validez de los trabajos vinculados sólo a los países industrializados, insistiendo además, con el apoyo en este caso de Canadá, en la necesidad de diferenciar a los países en vías de desarrollo, para incluir en las obligaciones del protocolo a países como China, India y Brasil. Estos últimos, incluidos dentro del G77, que a día de hoy cuenta con cerca de 150 países, rechazan categóricamente el alegato estadounidense, defendiendo su propio derecho al desarrollo y justificando sus posiciones desvinculándose de las emisiones producidas por las economías occidentales. Además, sostienen que el peligro es el de dañar las frágiles economías nacientes, provocando con ello que millones de personas caigan en la pobreza extrema. Por su parte, Europa ha mantenido una posición firme y decidida a lo largo de las negociaciones, basándose en la urgencia de incrementar los compromisos para reducir, entre un 25-40% antes del 2020. Mientras, Australia ratificó el Protocolo de Kioto, dejando sólo a Estados Unidos en la oposición al acuerdo. El tema de la protección de la selva es algo más complicado, debido sobre todo a la difícil definición de las zonas, y que siempre ha sido un tema bastante polémico en el diálogo norte-sur ya que protegerla es fundamental para la estrategia internacional en la lucha contra el cambio climático, pero que se traduce en un coste enorme para el país que ostenta dicha riqueza. De hecho, los países en cuestión suelen ser los países en vías de desarrollo que necesitan talar la selva, para la venta de madera o para la explotación del territorio, a pesar de que la destrucción de la selva produce cerca del 20% de las emisiones contaminantes producidas por el hombre.
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Conclusiones
Durante la decimotercera jornada fuera del programa, Estados Unidos aceptó sentarse en la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo previsto para finales del 2009, que se firmaría en Copenhague, junto a los países en vías de desarrollo. Los términos del acuerdo quedan aún por definir, mientras que el primer encuentro se celebrará probablemente en Ghana, a principios del 2008, previéndose además cuatro sesiones durante el año en diversas sedes mundiales. En cuanto a la selva, el acuerdo alcanzado prevé el lanzamiento de proyectos piloto, en vistas a su desarrollo en el 2009, para transformar la conservación de la selva en un sistema remunerado. Se podría crear un clima en el que entren en crisis los, hasta ahora inestables, equilibrios del mercado de las emisiones, que podría colapsarse a no ser que no se obligue a alcanzar más acuerdos para reducir aún más las emisiones. Otras críticas provienen de los ecologistas y de las ONG que subrayan que no se ha dejado suficiente espacio a los problemas vinculados a la tutela de la biodiversidad, íntimamente ligada a las selvas tropicales, además de no haberse planteado ayudas a los países pobres que poseen áreas protegidas para su mantenimiento. Los negociadores se han mostrado satisfechos con juicios internacionales positivos, aunque si bien es cierto que se necesitaron más de 7 horas de la última noche para decidir si los países en vías de desarrollo debían “actuar” y no “contribuir”, mientras que el término de “reducción” no se consideraba. Por tanto, mientras los países en vías de desarrollo aceptaban la palabra “acción”, Europa dejaba fuera la referencia a una cifra específica (tal y como pedían los estadounidenses), decepcionando una vez más las expectativas de los pequeños estados insulares, particularmente amenazados por los cambios climáticos.
Conclusiones
Durante la decimotercera jornada fuera del programa, Estados Unidos aceptó sentarse en la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo previsto para finales del 2009, que se firmaría en Copenhague, junto a los países en vías de desarrollo. Los términos del acuerdo quedan aún por definir, mientras que el primer encuentro se celebrará probablemente en Ghana, a principios del 2008, previéndose además cuatro sesiones durante el año en diversas sedes mundiales. En cuanto a la selva, el acuerdo alcanzado prevé el lanzamiento de proyectos piloto, en vistas a su desarrollo en el 2009, para transformar la conservación de la selva en un sistema remunerado. Se podría crear un clima en el que entren en crisis los, hasta ahora inestables, equilibrios del mercado de las emisiones, que podría colapsarse a no ser que no se obligue a alcanzar más acuerdos para reducir aún más las emisiones. Otras críticas provienen de los ecologistas y de las ONG que subrayan que no se ha dejado suficiente espacio a los problemas vinculados a la tutela de la biodiversidad, íntimamente ligada a las selvas tropicales, además de no haberse planteado ayudas a los países pobres que poseen áreas protegidas para su mantenimiento. Los negociadores se han mostrado satisfechos con juicios internacionales positivos, aunque si bien es cierto que se necesitaron más de 7 horas de la última noche para decidir si los países en vías de desarrollo debían “actuar” y no “contribuir”, mientras que el término de “reducción” no se consideraba. Por tanto, mientras los países en vías de desarrollo aceptaban la palabra “acción”, Europa dejaba fuera la referencia a una cifra específica (tal y como pedían los estadounidenses), decepcionando una vez más las expectativas de los pequeños estados insulares, particularmente amenazados por los cambios climáticos.
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Traducción de Laura Casas
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Equilibri.net - Italy/09/01/2008
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