ECUADOR:Anticorrupción halló anomalías en Tababela

Una vista aérea de Tababela.El nuevo aeropuerto está ubicado en la meseta de Oyambaro. El proyecto tiene un avance total del 28%, según los constructores.
Foto:EL COMERCIO

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El vocal Ramiro Larrea leyó ayer las conclusiones de la investigación sobre la construcción. Cuestionó la falta de transparencia.

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Redacción Quito - Luego de tres meses de investigaciones, la Comisión Anticorrupción emitió un duro informe acerca de la construcción del nuevo aeropuerto que se ubicará en Tababela. El ente de control cuestionó la falta de oportunidad para recibir mejores ofertas para la construcción en el 2002, la falta de permisos ambientales para la obra y la falta de transparencia en las cifras económicas.

Esas fueron las conclusiones de la investigación al proyecto más ambicioso del alcalde Paco Moncayo y que se inició hace cinco años. Cuatro funcionarios de Anticorrupción han averiguado los pormenores de la negociación desde finales de julio, cuando se reabrió una investigación por disposición del Pleno del organismo de control. Dentro del proceso se realizaron peticiones de información al Municipio, a Quiport, a Corpaq, a la Dirección de Aviación Civil, a la Embajada de Canadá, entre otras instancias. La Comisión criticó duramente al Cabildo por “abusar” de la Constitución de la República. “La aplicación de este precepto (acerca de la posibilidad de celebrar concesiones) se utilizó como una patente de corso que dio paso al uso abusivo de la delegación concesionaria a la empresa privada y al incumplimiento de otros principios constitucionales determinados en el Título XII de la Constitución Política (sobre el sistema económico)”, indica el informe.Además, asegura que el mecanismo ‘swiss challenge’ impulsado por la Corporación Aeropuerto (Corpaq) no cumplió su objetivo de dar el contrato a la mejor oferta en el concurso. “Para una de las obras más grandes, en términos económicos, que se está desarrollando en el país se concedieron solamente 17 días para la adquisición de bases por parte de las empresas interesadas a escala internacional. Así, una vez terminado el plazo señalado ninguna empresa había comprado las bases”. Y, además: “Esto forzó la adjudicación al consorcio liderado por la Canadian Commercial Corporation (CCC), rompiéndose el principio de la libre competencia”.Otro punto que mencionó Larrea es que el proyecto de construcción no cuenta con licencia ambiental y que en el 2003 la consultora canadiense Komex hizo un reporte final del estudio de impacto ambiental con datos climáticos del aeropuerto de Bogotá y no del de Quito.Por último, Larrea, quien estuvo acompañado por Piedad Gálvez, Hermuy Calle y Alfredo Alvear, aseguró que Corpaq, Quiport y la Alcaldía no entregaron información o que esta llegó “fragmentada, insuficiente y en inglés, sin firma de responsabilidad, lo que constituye un indicio de falta de transparencia”. El vocal aclaró que esa información fue solicitada desde el 25 de julio pasado, cinco días después de que se reabrió el caso que ya fue analizado. En esa primera ocasión no hubo un reporte final, según informó Anticorrupción a este Diario.Las conclusiones irán directo a la Fiscalía General del Estado, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, dijo el vocal Ramiro Larrea. Las dos últimas entidades ya tienen investigaciones abiertas: la Contraloría, del mecanismo utilizado para la contratación, y la Defensoría, sobre el incremento de las tasas aeroportuarias. Precisamente, el miércoles, Barry Morocho, jefe financiero de Quiport, realizó una exposición en la Defensoría. Allí, él explicó que el aumento de las tasas aeroportuarias tiene sustento en el contrato de concesión que fue acordado con la Municipalidad y que tiene directa relación con la sustentabilidad del proyecto aeroportuario. También indicó el plan financiero en el que se indica que USD 140 millones, de los 590 millones, provienen de la operación del Mariscal Sucre y que USD 450 millones son inversión privada.Por último, la Comisión Anticorrupción pidió a los gestores privados del proyecto “transparentar la actividad económica de la construcción”.

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Un informe restringido

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Este Diario solicitó a la Comisión Anticorrupción una copia del primer informe hecho a la concesión del nuevo aeropuerto de Quito, cuya investigación se inició en el 2005. El 7 de noviembre último, el ente respondió a EL COMERCIO: “Al respecto y por disposición del Pleno me permito informar a usted que conforme a lo que dispone la Ley de este organismo, no es posible atender su requerimiento, en virtud de tratarse de una investigación en proceso”. El art. 221 de la Constitución dice que una vez que la Comisión Anticorrupción haya concluido sus investigaciones y encontrado indicios de responsabilidad, pondrá sus conclusiones en conocimiento del Ministerio Público y de la Contraloría. El presidente de la Comisión, Ramiro Borja y Borja, y el vocal Manuel García -Jaén se excusaron de participar en la discusión del caso. Por ello, ayer expuso el informe Ramiro Larrea.

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El Comercio - Ecuador/16/11/2007