El problema de Botnia exige una solución consensuada

El conflicto que mantienen la Argentina y Uruguay por la construcción de la planta de celulosa Botnia, sobre las costas del río Uruguay -a la que vecinos y ambientalistas argentinos acusan de contaminar el medio ambiente- se convirtió en un laberinto en el que ninguna de las partes exhibe su vocación para llegar a un acuerdo.

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El contencioso, que ya lleva casi cuatro años de duración, tuvo ayer un nuevo episodio. Vecinos de Concordia realizaron un corte de seis horas, mientras que habitantes de Colón se sumarán hoy a la medida. Paralelamente, la asamblea de Gualeguaychú le reclamó al presidente Kirchner que actúe ante la inminente puesta en marcha de la fábrica. En un interminable juego de presiones mutuas, el ex presidente uruguayo Jorge Batlle, bajo cuyo gobierno se impulsó la inversión de Botnia, consideró que el mandatario argentino debería "hacer cumplir la ley" y despejar los tres pasos fronterizos que son periódicamente bloqueados. A su turno, los manifestantes objetaron el silencio del Gobierno argentino "frente a una secuencia de hechos recientes" contrapuestos, a su juicio, a los encuentros que Uruguay y la Argentina llevan adelante para solucionar el conflicto por la papelera, con los buenos oficios de España. Para complicar más las cosas, en un cuadro de situación que perdió todo punto de referencia sensato, Jorge Taiana acaba de afirmar que la Argentina seguirá insistiendo en que Uruguay relocalice la planta de capitales finlandeses. El canciller argentino parece olvidar que las obras de la fábrica, que con una inversión de 1.200 millones de dólares es la mayor en la historia de Uruguay, están concluidas en un 95 por ciento.El peor conflicto en décadas entre ambas naciones ya derivó en denuncias cruzadas frente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En este incomprensible enfrentamiento, los gobiernos de ambas naciones parecen haber olvidado que, desde los comienzos de los respectivos procesos independentistas, en el siglo XIX, la Argentina y Uruguay constituyen un bloque geopolítico en el que la conciencia de un destino común nunca estuvo en discusión. Sin que ello implique renunciar a posiciones o argumentos que merecen ser analizados en profundidad, el desacuerdo deberá resolverse a través del diálogo, en un marco solidario y de mutuas concesiones, que deje atrás el inaceptable grado de exasperación pública que alcanzó. No otro es el camino a recorrer por dos pueblos que se reconocen como hermanos desde el fondo de la historia..

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Un compromiso que debeser asumido por todos

El problema de la inseguridad vial en las calles y rutas argentinas es cada vez más preocupante. El tema, señalan los expertos, obedece a múltiples causas, por lo que se requiere una acción integral, orientada en forma simultánea a la educación, la disuasión, la prevención y la sanción. En el país, cabe tenerlo presente, mueren veintiún personas por día en accidentes de tránsito y, según algunas ONG, la tendencia crece. Según un informe de la Asociación Civil Luchemos por la Vida, durante los cinco primeros meses de 2007 fallecieron 3.159 personas por esa causa. En la última década, el número de muertes superó las 80.000. Salta, como detalla el informe que se publica en esta edición, no está al margen de esta epidemia de nuestro tiempo, al punto que el tránsito se cobra una vida cada dos días. Este drama, de alcance nacional, aparte de las pérdidas de vidas, deja también secuelas difíciles de calcular en materia de incapacidades físicas permanentes y daños materiales. Si se tiene en cuenta que en la Argentina mueren entre cinco y diez veces más personas que en un país desarrollado, es evidente que se debe asumir la seguridad vial como política de Estado, a través de la elaboración de un programa de acción y la asignación de recursos en el presupuesto nacional. Esto, sin perjuicio de que las jurisdicciones provinciales y municipales de todo el país desplieguen políticas activas en el mismo sentido. No se trata particularmente de generar nuevas normas y reglamentaciones, sino de hacer cumplir las leyes vigentes. Recuerdan los especialistas que, si quienes conducen tomaran conciencia de la necesidad de utilizar el cinturón de seguridad, en todo el país habría 1.100 muertes menos por año. Sin que la lista sea exhaustiva, las organizaciones que buscan poner un límite a los accidentes de tránsito señalan la necesidad de adoptar varios puntos. Entre estos destacan la necesidad de proporcionar educación vial, aumentar los controles, endurecer las sanciones, capacitar más a los conductores, mejorar las rutas y actualizar la señalización. No menos importante es la creación de una autoridad nacional de seguridad vial y poner en marcha un registro nacional de antecedentes de tránsito.Se deberían unificar, además, criterios y requisitos para la expedición de permisos de conducir en todo el país. En todo caso, tal vez la medida más urgente sea que todos tomemos conciencia de que la seguridad vial no es un regalo, sino una conquista ciudadana que exige un esfuerzo compartido y sin reservas.

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El Tribuno/05/08/2007