Enorme frustración en “El País”: ¡El "espionaje" de Bush es apoyado por los Demócratas!
Más desinformación sobre Estados Unidos
Gran disgusto entre la progresía anti-Bush. Tenía razón la Casa Blanca al mejorar el programa FISA. En la imagen, Bush rodeado de los dos líderes Demócratas.
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Una vez más –y van ya demasiadas- los linces escribidores del diario pro-gubernamental socialista español, que se autocalifica de "independiente de la mañana", equivocan los datos al tratar de Estados Unidos. Da igual el tiempo que pasen sus becarios y corresponsales en Disneylandia o la cantidad de información disponible gracias al imperio mediático que los alberga. Al final, pocas veces aciertan a recoger bien los datos más elementales. Hasta ahora nos decían que quien practicaba el “espionaje” era Bush. Ahora resulta que su programa, ampliado y mejorado, va a ser apoyado por los Demócratas. A ver si resulta que es que no había realmente ningún espionaje, sino un programa legal para hacer frente al terrorismo.
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Por Diario de América
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Hace un par de días, el diario español que se llama independendiente y de la mañana publicaba en la calorina madrileña que "los demócratas pusieron el grito en el cielo en diciembre de 2005, al descubrirse que la Administración de Bush había espiado secretamente a sus ciudadanos desde el 11-S sin que mediara una orden judicial" [1]. El artículo añadía que "la ley FISA […] regula desde 1978 el espionaje en el extranjero", que los cambios pedidos por el Ejecutivo y congresistas republicanos "en la práctica permitirá[n] que el Gobierno estadounidense pueda espiar a todo ciudadano norteamericano que mantenga conversaciones telefónicas o por e-mail con un sospechoso de terrorismo en el extranjero", y que esto es una " lucha por la ampliación de poderes del Ejecutivo".
FISA no regula el "espionaje en el extranjero"
En primer lugar, la Ley de Vigilancia de Inteligencia en el Extranjero (FISA, por sus siglas en inglés) no se creó para "regula[r] desde 1978 el espionaje en el extranjero", sino para procesar a espías extranjeros o a traidores que trabajasen para espías extranjeros.
Hay que estar poco o nada familiarizado con el espionaje para pensar que puedes tener tus espías "ilegales" en, digamos, Mauritania en torno a 1991 (caso de los servicios españoles, que encontraron a la familia de Saddam allí), o Marruecos, por ejemplo, y pensar que en los juzgados centrales tienen que aprobar de alguna forma el trabajo de esos espías "ilegales" para que no sean tales, transportados en vuelos "ilegales" (¡Dios no lo permita!) y que usan teléfonos "ilegales" (¿cómo puede ser?) para escuchar "ilegalmente" detrás de las puertas.
Junto al desconocimiento de los datos que esto revela, es manifiesto que la redacción de esa “noticia” dada por la escribidora de “El País” no tiene los suficientes datos objetiivos como para hacer afirmaciones sensacionalistas acerca del “espionaje” de ciudadanos (sólo falta algo así como espionaje injusto, ilegal e inmoral de ciudadanos). El programa fundamentalmente se trata de la recogida de comunicaciones y su tratamiento automático. Su número es tal que no parece que se pueda escuchar o leer todas ellas, ni mucho menos. Estamos hablando de que el total de llamadas enrutadas a través de los EEUU, al margen de dónde empiecen o acaben, son centenares de millones anuales. Aun suponiendo que la cifra sea exagerada, digamos que se trata de 195 millones de llamadas/e-mails por año (justo por debajo de dos centenares de millones) / 365 días por año = 534 246.6 llamadas / día.
Sólo con que se necesite atender a un uno por ciento de ellas, se trata de 5340 conversaciones/e-mails por día que podrían estar sujetas a vigilancia, en varios idiomas diferentes al que se usa mayoritariamente en los EEUU: farsi, pashto, albanés, múltiples formas lingüísticas del árabe (Egipto, Iraq, Jordania, Siria, etc.), kurdi, hindi, bengalí, chino (mandarín y otros), turco (y múltiples lenguas túrquicas), malayo, la lengua de Indonesia, tagalo, y muchas otras.
En fin, en este repertorio de idiomas, consigues comparar los sonidos o palabras transmitidas con tus plantillas de conjuntos de palabras sospechosas, y entonces pides a alguien que lo repase. Digamos que hemos exagerado, y sólo se trata de un uno por mil, o sea, 500 conversaciones/e-mails.
Digamos que consigues una traducción razonable, y que quieres investigar 50 de ellas cada día (que ya nos parece mucho traducir). O sólo la décima parte, un uno por cien mil, cinco en total por día. ¿Se imaginan el papeleo necesario para que FISC, el tribunal de FISA, se reúna, estudie las solicitudes y decida sobre ellas en, digamos, un máximo de una hora? Todo esto sobre personas de las que no tienes fotos ni puedes aportar testigos, ya que al menos uno de los interlocutores está allende los mares.
¿Se imagina el lector la cantidad de papeleo que tiene que suministrar el Departamento de Justicia para cada revisión judicial? ¿Sabían que las solicitudes tiene que firmarlas (es decir, mirarlas un rato antes de meter mucho la pata en algo obvio) una persona de un conjunto muy limitado (unos tres-cuatro) de altos cargos, entre ellos el fiscal general? Fiscal federal en un país de 300 millones de habitantes.
Ampliación de poderes del Ejecutivo
A pesar de lo que aseguran en el diario independiente ("Nancy Pelosi [D-CA], portavoz de la mayoría demócrata en el Congreso, anunció ayer que intentaría cumplir con la petición de Bush de ampliar los poderes del Gobierno en la lucha contra el terrorismo antes del inicio de las vacaciones de verano"), es muy discutible que se esté pidiendo tal ampliación. En realidad, los poderes del Ejecutivo en lo que se refiere a vigilancia del enemigo, sea dentro o fuera del país, son, dirían los escribidores del diario matinal, "muy amplios". Para otros, republicanos y demócratas, son los justos.
Estos poderes han sido reconocidos hasta ahora por todos los tribunales federales de apelaciones que han tratado con estos problemas. El problema mayor de FISA es, posiblemente, que se pensó para perseguir judicialmente una decena de espías por año que trabajaban para pasar información a un par o un cuarteto de potencias extranjeras: Rusia, China, Francia, entre las más "ocupadas" dentro de los EEUU. Lo que tenga eso que ver con las comunicaciones de organizaciones terroristas como la de Bin Laden o la de Nasrallah con sus amiguitos dentro del país es algo que no alcanzamos a comprender.
Se están perdiendo dos tercios de las comunicaciones
Desde que la presión (incontenible, por lo visto) sobre el programa de vigilancia consiguió que fuese paralizado, el presidente federal ha encauzado las vigilancias por FISC (hacia enero de 2007). Desde entonces, según se informó la semana pasada [2], como mucho se está siendo un tercio de efectivo de lo que se era antes de enero.
Lógicamente, con estas limitaciones y la consiguientemente reducida efectividad, incluso el demócrata Silvestre Reyes, D-TX, dice [2] que "FISA does not require a warrant for communications between two individuals outside the US. If clarifications to the law are necessary, we are prepared to deal with this."
Por supuesto, en "El País" no hemos encontrado mención a tales palabras del diputado Reyes, que preside la comisión de inteligencia de la cámara baja federal en el Congreso. Como era de esperar, ni siquiera el artículo que estamos comentando dice nada parecido. Todo lo más escribe: "Nos hemos comprometido a trabajar con la Administración para llegar a un acuerdo", dijo Pelosi.
La idea de los cambios pedida por el Ejecutivo y congresistas republicanos no son para "en la práctica permiti[r] que el Gobierno estadounidense pueda espiar a todo ciudadano norteamericano que mantenga conversaciones telefónicas o por e-mail con un sospechoso de terrorismo en el extranjero". La escribidora del matinal independiente piensa que es buena su elección de palabras, pero más bien parece que transmite que el fiscal saliva por fastidiar a "todo ciudadano" que pueda.
Nada más lejos de la realidad porque la idea es que esa vigilancia afectará, sobre todo, a residentes, visitantes, etc., no a ciudadanos. Pero que el hecho de que acabe al final habiendo en medio de la conversación/e-mail/lo que sea que se está tratando automáticamente un ciudadano estadounidense o residente no debe frenar el procesado de esa comunicación. Y si hace falta vigilar a esa persona, entonces sí, se tramitará el papeleo necesario para que un tribunal esté al tanto de las tareas de seguimiento o lo impida, si cree que no hay causa razonable.
Lo que no les dicen en la prensa
El Ejecutivo, incluso antes de decisiones del Tribunal Supremo que limitan la maniobrabilidad del Ejecutivo ("caso" Hamdi), ha pensado que el programa de vigilancias no sobreviviría el escrutinio del Congreso y quizá de la judicatura sin algunas medidas. Aun siendo mucho menos gravosas las vigilancias para los derechos de las personas que la privación de la libertad, el Ejecutivo, de forma que el programa pudiese continuar el mayor tiempo posible mientras haya hostilidades:
• Decide no intentar siquiera hacer uso de la información en los tribunales (uno de los criterios de una decisión conocida como Truong [3]). Es sólo una recogida de comunicaciones exteriores de personas que figuran en los ordenadores, agendas, etc., recogidos a enemigos, tanto en campo de combate como en otras detenciones.
• Quiere que la falta de revisión judicial se limite a casos en los que hay al menos algún componente exterior o extranjero. Una forma de garantizar esto es que las escuchas se inicien o terminen fuera de los EE UU, de forma que la cantidad de no ciudadanos sujetos de la vigilancia se maximice.
• Desea evitar el secreto total, que sería calificado como ilegal en la agitada y ácida vida política (a pesar de los precedentes mencionados anteriormente), compartiendo la información con el Congreso: el jefe de la organización que ha realizado las escuchas (NSA), el director de CIA, el Fiscal General federal y otros cargos de la rama ejecutiva del gobierno, han presentado el programa a varios jefes de comités congresionales, y explicado cada ciertos meses cómo se desarrollaba el programa (doce veces en cuatro años, es decir, una media de cuatro meses entre sesiones de “rendición de cuentas”), siguiendo normas legales que podrían ser aplicables al caso.
• Determina que se necesite renovación del programa de vigilancia. En ausencia de la renovación del comandante en jefe, el programa expira automáticamente, tras algo menos de dos meses.
• Hace del programa algo altamente procedimental y lo hace revisar cada poco tiempo para estudiar si las prácticas observadas se ajustan a las salvaguardias.
• Obliga a que el personal de vigilancia sea formado específicamente en garantías legales y prácticas que minimicen el daño sobre los derechos de las "personas de los EEUU" (ciudadanos, residentes permanentes, etc., según define FISA).
• Remite a FISC, diseñado para monitorización de largo plazo, una petición de vigilancia si la ya en marcha sugería que la persona sujeto de la escucha tenía implicación en actividades que pueden ser delictivas y es una persona de los EEUU.
• Prefiere que sean militares quienes hagan la gran mayoría de las vigilancias, de forma que estén bajo el mando del comandante en jefe.
• Opta para que los dispositivos de monitorización estén, parcialmente, fuera de territorio de los EEUU, haciendo más difícil la vigilancia de conversaciones o mensajes puramente interiores de forma accidental [4].
Todos estos datos están disponibles para cualquier periodista professional, incluidos los de “El País”. Por lo visto, sin embargo, es muy difícil para los escribidores de dicho diario llamar a portavoces de organismos gubernamentales o a la propia embajada estadounidense en su capital. Porque en nuestra actual civilización terapéutica, como la llama Victor D. Hanson, si bien nos horroriza la posibilidad de vivir con nuestros pecados bajo la sharia y sus ejecuciones por decapitación, hemos aprendido que nuestra salud mental lleva aparejada la crítica irreflexiva de cualquier cosa que haga un gobierno occidental que implique que no hay equivalencia moral. Ya no hace falta que sea Bush, es escandaloso incluso si lo dicen “demócratas” como Reyes o Pelosi a los que siempre son tan aficionados en “El País”.
Lo lamentable es que nadie dice nada, nadie se queja ni protesta ante esta desinformación mediática. Al menos, reconozcámoslo, ya se informa con algo más de rigor (si bien no en el primer parágrafo) de que se trata de "conversaciones telefónicas o por e-mail" con enemigos "en el extranjero". Hasta recientemente, ni eso: era puro y duro “espionaje” de ciudadanos que llamaban a sus abuelitas para felicitar el cumpleaños.
En el momento en que escribimos esta noticia, Bush desde la Casa Blanca quiere que el Congreso produzca un texto definitivo que actualice esta Ley de Vigilancia de Inteligencia en el Extranjero (FISA) a fin de interceptar las comunicaciones de sospechosos de terrorismo. Los Demócratas saben que la ciudadanía les exige en esto un apoyo completo al Presidente.
Por si fuera poco, también hoy Bush firmó una nueva Ley de seguridad que, aunque mejorable, tiene como objetivo brindar una mayor protección a Estados Unidos contra atentados terroristas, al endurecer los controles de puertos y aeropuertos. La Ley había sido aprobada la semana pasada por amplia mayoría tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes norteamericanas.
Referencias
[1] Bárbara Celis: Bush logra que los demócratas apoyen su plan de espionaje. El País, 2 de agosto de 2007.
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Hace un par de días, el diario español que se llama independendiente y de la mañana publicaba en la calorina madrileña que "los demócratas pusieron el grito en el cielo en diciembre de 2005, al descubrirse que la Administración de Bush había espiado secretamente a sus ciudadanos desde el 11-S sin que mediara una orden judicial" [1]. El artículo añadía que "la ley FISA […] regula desde 1978 el espionaje en el extranjero", que los cambios pedidos por el Ejecutivo y congresistas republicanos "en la práctica permitirá[n] que el Gobierno estadounidense pueda espiar a todo ciudadano norteamericano que mantenga conversaciones telefónicas o por e-mail con un sospechoso de terrorismo en el extranjero", y que esto es una " lucha por la ampliación de poderes del Ejecutivo".
FISA no regula el "espionaje en el extranjero"
En primer lugar, la Ley de Vigilancia de Inteligencia en el Extranjero (FISA, por sus siglas en inglés) no se creó para "regula[r] desde 1978 el espionaje en el extranjero", sino para procesar a espías extranjeros o a traidores que trabajasen para espías extranjeros.
Hay que estar poco o nada familiarizado con el espionaje para pensar que puedes tener tus espías "ilegales" en, digamos, Mauritania en torno a 1991 (caso de los servicios españoles, que encontraron a la familia de Saddam allí), o Marruecos, por ejemplo, y pensar que en los juzgados centrales tienen que aprobar de alguna forma el trabajo de esos espías "ilegales" para que no sean tales, transportados en vuelos "ilegales" (¡Dios no lo permita!) y que usan teléfonos "ilegales" (¿cómo puede ser?) para escuchar "ilegalmente" detrás de las puertas.
Junto al desconocimiento de los datos que esto revela, es manifiesto que la redacción de esa “noticia” dada por la escribidora de “El País” no tiene los suficientes datos objetiivos como para hacer afirmaciones sensacionalistas acerca del “espionaje” de ciudadanos (sólo falta algo así como espionaje injusto, ilegal e inmoral de ciudadanos). El programa fundamentalmente se trata de la recogida de comunicaciones y su tratamiento automático. Su número es tal que no parece que se pueda escuchar o leer todas ellas, ni mucho menos. Estamos hablando de que el total de llamadas enrutadas a través de los EEUU, al margen de dónde empiecen o acaben, son centenares de millones anuales. Aun suponiendo que la cifra sea exagerada, digamos que se trata de 195 millones de llamadas/e-mails por año (justo por debajo de dos centenares de millones) / 365 días por año = 534 246.6 llamadas / día.
Sólo con que se necesite atender a un uno por ciento de ellas, se trata de 5340 conversaciones/e-mails por día que podrían estar sujetas a vigilancia, en varios idiomas diferentes al que se usa mayoritariamente en los EEUU: farsi, pashto, albanés, múltiples formas lingüísticas del árabe (Egipto, Iraq, Jordania, Siria, etc.), kurdi, hindi, bengalí, chino (mandarín y otros), turco (y múltiples lenguas túrquicas), malayo, la lengua de Indonesia, tagalo, y muchas otras.
En fin, en este repertorio de idiomas, consigues comparar los sonidos o palabras transmitidas con tus plantillas de conjuntos de palabras sospechosas, y entonces pides a alguien que lo repase. Digamos que hemos exagerado, y sólo se trata de un uno por mil, o sea, 500 conversaciones/e-mails.
Digamos que consigues una traducción razonable, y que quieres investigar 50 de ellas cada día (que ya nos parece mucho traducir). O sólo la décima parte, un uno por cien mil, cinco en total por día. ¿Se imaginan el papeleo necesario para que FISC, el tribunal de FISA, se reúna, estudie las solicitudes y decida sobre ellas en, digamos, un máximo de una hora? Todo esto sobre personas de las que no tienes fotos ni puedes aportar testigos, ya que al menos uno de los interlocutores está allende los mares.
¿Se imagina el lector la cantidad de papeleo que tiene que suministrar el Departamento de Justicia para cada revisión judicial? ¿Sabían que las solicitudes tiene que firmarlas (es decir, mirarlas un rato antes de meter mucho la pata en algo obvio) una persona de un conjunto muy limitado (unos tres-cuatro) de altos cargos, entre ellos el fiscal general? Fiscal federal en un país de 300 millones de habitantes.
Ampliación de poderes del Ejecutivo
A pesar de lo que aseguran en el diario independiente ("Nancy Pelosi [D-CA], portavoz de la mayoría demócrata en el Congreso, anunció ayer que intentaría cumplir con la petición de Bush de ampliar los poderes del Gobierno en la lucha contra el terrorismo antes del inicio de las vacaciones de verano"), es muy discutible que se esté pidiendo tal ampliación. En realidad, los poderes del Ejecutivo en lo que se refiere a vigilancia del enemigo, sea dentro o fuera del país, son, dirían los escribidores del diario matinal, "muy amplios". Para otros, republicanos y demócratas, son los justos.
Estos poderes han sido reconocidos hasta ahora por todos los tribunales federales de apelaciones que han tratado con estos problemas. El problema mayor de FISA es, posiblemente, que se pensó para perseguir judicialmente una decena de espías por año que trabajaban para pasar información a un par o un cuarteto de potencias extranjeras: Rusia, China, Francia, entre las más "ocupadas" dentro de los EEUU. Lo que tenga eso que ver con las comunicaciones de organizaciones terroristas como la de Bin Laden o la de Nasrallah con sus amiguitos dentro del país es algo que no alcanzamos a comprender.
Se están perdiendo dos tercios de las comunicaciones
Desde que la presión (incontenible, por lo visto) sobre el programa de vigilancia consiguió que fuese paralizado, el presidente federal ha encauzado las vigilancias por FISC (hacia enero de 2007). Desde entonces, según se informó la semana pasada [2], como mucho se está siendo un tercio de efectivo de lo que se era antes de enero.
Lógicamente, con estas limitaciones y la consiguientemente reducida efectividad, incluso el demócrata Silvestre Reyes, D-TX, dice [2] que "FISA does not require a warrant for communications between two individuals outside the US. If clarifications to the law are necessary, we are prepared to deal with this."
Por supuesto, en "El País" no hemos encontrado mención a tales palabras del diputado Reyes, que preside la comisión de inteligencia de la cámara baja federal en el Congreso. Como era de esperar, ni siquiera el artículo que estamos comentando dice nada parecido. Todo lo más escribe: "Nos hemos comprometido a trabajar con la Administración para llegar a un acuerdo", dijo Pelosi.
La idea de los cambios pedida por el Ejecutivo y congresistas republicanos no son para "en la práctica permiti[r] que el Gobierno estadounidense pueda espiar a todo ciudadano norteamericano que mantenga conversaciones telefónicas o por e-mail con un sospechoso de terrorismo en el extranjero". La escribidora del matinal independiente piensa que es buena su elección de palabras, pero más bien parece que transmite que el fiscal saliva por fastidiar a "todo ciudadano" que pueda.
Nada más lejos de la realidad porque la idea es que esa vigilancia afectará, sobre todo, a residentes, visitantes, etc., no a ciudadanos. Pero que el hecho de que acabe al final habiendo en medio de la conversación/e-mail/lo que sea que se está tratando automáticamente un ciudadano estadounidense o residente no debe frenar el procesado de esa comunicación. Y si hace falta vigilar a esa persona, entonces sí, se tramitará el papeleo necesario para que un tribunal esté al tanto de las tareas de seguimiento o lo impida, si cree que no hay causa razonable.
Lo que no les dicen en la prensa
El Ejecutivo, incluso antes de decisiones del Tribunal Supremo que limitan la maniobrabilidad del Ejecutivo ("caso" Hamdi), ha pensado que el programa de vigilancias no sobreviviría el escrutinio del Congreso y quizá de la judicatura sin algunas medidas. Aun siendo mucho menos gravosas las vigilancias para los derechos de las personas que la privación de la libertad, el Ejecutivo, de forma que el programa pudiese continuar el mayor tiempo posible mientras haya hostilidades:
• Decide no intentar siquiera hacer uso de la información en los tribunales (uno de los criterios de una decisión conocida como Truong [3]). Es sólo una recogida de comunicaciones exteriores de personas que figuran en los ordenadores, agendas, etc., recogidos a enemigos, tanto en campo de combate como en otras detenciones.
• Quiere que la falta de revisión judicial se limite a casos en los que hay al menos algún componente exterior o extranjero. Una forma de garantizar esto es que las escuchas se inicien o terminen fuera de los EE UU, de forma que la cantidad de no ciudadanos sujetos de la vigilancia se maximice.
• Desea evitar el secreto total, que sería calificado como ilegal en la agitada y ácida vida política (a pesar de los precedentes mencionados anteriormente), compartiendo la información con el Congreso: el jefe de la organización que ha realizado las escuchas (NSA), el director de CIA, el Fiscal General federal y otros cargos de la rama ejecutiva del gobierno, han presentado el programa a varios jefes de comités congresionales, y explicado cada ciertos meses cómo se desarrollaba el programa (doce veces en cuatro años, es decir, una media de cuatro meses entre sesiones de “rendición de cuentas”), siguiendo normas legales que podrían ser aplicables al caso.
• Determina que se necesite renovación del programa de vigilancia. En ausencia de la renovación del comandante en jefe, el programa expira automáticamente, tras algo menos de dos meses.
• Hace del programa algo altamente procedimental y lo hace revisar cada poco tiempo para estudiar si las prácticas observadas se ajustan a las salvaguardias.
• Obliga a que el personal de vigilancia sea formado específicamente en garantías legales y prácticas que minimicen el daño sobre los derechos de las "personas de los EEUU" (ciudadanos, residentes permanentes, etc., según define FISA).
• Remite a FISC, diseñado para monitorización de largo plazo, una petición de vigilancia si la ya en marcha sugería que la persona sujeto de la escucha tenía implicación en actividades que pueden ser delictivas y es una persona de los EEUU.
• Prefiere que sean militares quienes hagan la gran mayoría de las vigilancias, de forma que estén bajo el mando del comandante en jefe.
• Opta para que los dispositivos de monitorización estén, parcialmente, fuera de territorio de los EEUU, haciendo más difícil la vigilancia de conversaciones o mensajes puramente interiores de forma accidental [4].
Todos estos datos están disponibles para cualquier periodista professional, incluidos los de “El País”. Por lo visto, sin embargo, es muy difícil para los escribidores de dicho diario llamar a portavoces de organismos gubernamentales o a la propia embajada estadounidense en su capital. Porque en nuestra actual civilización terapéutica, como la llama Victor D. Hanson, si bien nos horroriza la posibilidad de vivir con nuestros pecados bajo la sharia y sus ejecuciones por decapitación, hemos aprendido que nuestra salud mental lleva aparejada la crítica irreflexiva de cualquier cosa que haga un gobierno occidental que implique que no hay equivalencia moral. Ya no hace falta que sea Bush, es escandaloso incluso si lo dicen “demócratas” como Reyes o Pelosi a los que siempre son tan aficionados en “El País”.
Lo lamentable es que nadie dice nada, nadie se queja ni protesta ante esta desinformación mediática. Al menos, reconozcámoslo, ya se informa con algo más de rigor (si bien no en el primer parágrafo) de que se trata de "conversaciones telefónicas o por e-mail" con enemigos "en el extranjero". Hasta recientemente, ni eso: era puro y duro “espionaje” de ciudadanos que llamaban a sus abuelitas para felicitar el cumpleaños.
En el momento en que escribimos esta noticia, Bush desde la Casa Blanca quiere que el Congreso produzca un texto definitivo que actualice esta Ley de Vigilancia de Inteligencia en el Extranjero (FISA) a fin de interceptar las comunicaciones de sospechosos de terrorismo. Los Demócratas saben que la ciudadanía les exige en esto un apoyo completo al Presidente.
Por si fuera poco, también hoy Bush firmó una nueva Ley de seguridad que, aunque mejorable, tiene como objetivo brindar una mayor protección a Estados Unidos contra atentados terroristas, al endurecer los controles de puertos y aeropuertos. La Ley había sido aprobada la semana pasada por amplia mayoría tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes norteamericanas.
Referencias
[1] Bárbara Celis: Bush logra que los demócratas apoyen su plan de espionaje. El País, 2 de agosto de 2007.
Bárbara Celis - Nueva York - 02/08/2007
(Artículo completo reproducido aquí abajo)
Espiar en el extranjero y espiar en casa no es lo mismo. O al menos eso parecía cuando los demócratas pusieron el grito en el cielo en diciembre de 2005, al descubrirse que la Administración de Bush había espiado secretamente a sus ciudadanos desde el 11-S sin que mediara una orden judicial. Pese a ello, Nancy Pelosi, portavoz de la mayoría demócrata en el Congreso, anunció ayer que intentaría cumplir con la petición de Bush de ampliar los poderes del Gobierno en la lucha contra el terrorismo antes del inicio de las vacaciones de verano, que arrancan el sábado.
Eso significa aprobar la petición de Bush para enmendar la ley FISA, que regula desde 1978 el espionaje en el extranjero y que en la práctica permitirá que el Gobierno estadounidense pueda espiar a todo ciudadano norteamericano que mantenga conversaciones telefónicas o por e-mail con un sospechoso de terrorismo en el extranjero sin necesidad de ser autorizado por el juez. "Nos hemos comprometido a trabajar con la Administración para llegar a un acuerdo", dijo Pelosi.
Amplios poderes
La idea que los demócratas tratan de vender es que están ampliando los poderes de Bush para el espionaje internacional, aunque en la práctica la enmienda que el presidente quiere que se apruebe también afecta a todo ciudadano que esté en contacto con alguien en el extranjero considerado sospechoso. La lucha por la ampliación de poderes del Ejecutivo ha estado paralizada durante semanas por las acusaciones contra el fiscal general, Alberto Gonzales, a quien los demócratas acusaban de haber mentido con relación al programa de espionaje que el Gobierno implantó tras el 11-S, el Terrorist Surveillance Act.
Y según se supo el martes, aquel programa, que permitía muchas de las acciones que Bush ahora intenta que sean aprobadas por el Congreso, era sólo una pequeña parte de un plan más amplio del que no se sabía nada hasta que Mike McConnell, director de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), lo dijo en una carta hecha pública por el senador Arlen Specter. La orden que siguió al 11-S "permitía actividades de espionaje de las que la Terrorist Surveillance Act es sólo un aspecto en particular. Ésa es la única parte de las actividades de la NSA que se puede discutir porque es la única de la que hay un reconocimiento oficial", dice la carta.
[2] Editorial de "The Wall Street Journal": Wiretap Debacle. 27 de julio de 2007.
[3] United States v. Truong Dinh Hung, 629 F.2d 908 (4th Cir. 1980): allowing admission of evidence gathered under reasonable warrantless searches, but disallowing evidence gathered after the primary purpose of the investigation became criminal in nature.
[4] Press Briefing by Attorney General Alberto Gonzales and General Michael V Hayden, Principal Depute Director of National Intelligence. The White House - James S. Brady Briefing Room, December 19, 2005 – 8:30 A.M. EST.
Diario de América/05/08/2007
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