Italia reprueba a México
05/08/2007
Opinión
Derechos humanos
Matteo Dean
La Jornada
La Jornada
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"La violencia hacia las mujeres [...] continúa alimentando el fenómeno del llamado feminicidio sobre la base de una sustancial impunidad [...]; las condiciones del estado de derecho no han sido restablecidas en Oaxaca, por causa de la dura represión que el gobernador local ha adoptado [...] impidiendo a la libremente constituida Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca manifestarse democráticamente [...]; los derechos de las comunidades indígenas, en particular las de Chiapas, no han sido aún plenamente reconocidos [...]; la libertad de prensa resulta significativamente comprometida por el estado de precariedad del ejercicio de la profesión, como demuestran homicidios, secuestros e intimidaciones [...]; casos de detenciones arbitrarias, maltratos, falta de garantías procesales, junto a la impunidad por las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado han sido denunciadas a menudo [...] como demuestra la situación de San Salvador Atenco." No son las palabras impresas en uno de los cientos de volantes que se distribuyen en las calles mexicanas; no es el texto de un reporte, el enésimo, de alguna organización observadora y defensora de los derechos humanos. Son las palabras impresas en negro sobre blanco que la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados del Parlamento italiano aprobó, con el visto bueno del subsecretario de Relaciones Exteriores, el pasado 25 de julio. Palabras que pesan y caen como piedras sobre la imagen que se le reconoció a Felipe Calderón en su visita a ese país la primera semana del pasado mes de junio.
Casi inadvertida por los grandes medios, una delegación de tres diputados italianos, enviada por la mencionada comisión parlamentaria, visitó México. La componían Ramón Mantovani, del Partido de la Refundación Comunista (PRC); Alessandro Forlani, de la Unión de los Democristianos de Centro (UDC); y Humberto Ranieri, del Olivo, los tres miembros de la mayoría que apoya al gobierno italiano. Tres diputados que cumplieron su visita mexicana en la mitad de mayo y que en esa ocasión recibieron una carta firmada por la comunidad de origen italiano residente en este país.
Durante la visita, en efecto, la delegación italiana pudo visitar y asistir a una serie de actos organizados por la embajada de Italia en México. En uno de esos encuentros la delegación recibió la carta mencionada, después de reportar los acontecimientos que demostrarían que "México atraviesa una situación de crisis". El escrito dado en manos de los tres diputados, además de hacer una larga enunciación de sucesos, desde la crisis en Atenco y Oaxaca, hasta la presencia de denuncias de prisioneros políticos y desaparecidos, advertía a los legisladores: el gobierno mexicano está "muy sensible a la imagen que proyecta hacia el exterior, difundiendo la idea que en el país reina un clima de paz favorable a los derechos humanos y, sobre todo, a las inversiones". Tan fue suficiente la carta para los tres italianos que regresaron a su país y lograron llevar a su comisión un texto duro, directo y que definitivamente emite un juicio acerca de la política del gobierno mexicano en cuanto al respeto de los derechos humanos de sus conciudadanos.
En el documento emitido por el Parlamento italiano pide "que se le permita a la PGR actuar eficazmente en contra del feminicidio; que la lucha en contra de la criminalidad organizada sea conducida con la necesaria eficacia, pero sin agraviar el estado de derecho, que distingue con claridad las funciones de policía y ejército; que la legislación en materia de derecho indígena sea ampliada tomando en cuenta lo ya convenido, como los acuerdos de San Andrés; que el ejercicio del derecho de expresión sea garantizado con adecuadas medidas de protección hacia los periodistas en el respeto de su independencia; y que la próxima tercera reunión del Fórum Europa-México de la sociedad civil sea la ocasión para involucrar aún más a los ciudadanos y a las instituciones en la tutela de los derechos humanos".
La discusión en comisión, convocada el pasado 25 de julio, fue rápida. Pocas dudas, una certeza: la resolución tenía que salir. Ugo Intini, subsecretario de Relaciones Exteriores, nada más ratificó lo presentado por los tres diputados, aclarando que "la resolución es en el sentido de la cooperación con México y no de una condena de su gobierno". Una aclaración importante pero que no borra las peticiones más que explícitas del dispositivo legislativo que empeña al gobierno italiano a "averiguar en el Consejo para los Derechos Humanos de la ONU y durante las citas futuras de colaboración entre la Unión Europea y México, la evolución de la situación de los derechos humanos y el respeto de los principios del estado de derecho en México, también con la finalidad de proporcionar cualquier tipo de cooperación bilateral para acrecentar el nivel de protección y seguridad de los ciudadanos [...]". Todo lo anterior, también a la luz de "la presencia de México entre los países observadores en el Consejo de Europa", estatus que este país recibió tras explícita petición del gobierno de Ernesto Zedillo el primero de diciembre de 1999.
"La violencia hacia las mujeres [...] continúa alimentando el fenómeno del llamado feminicidio sobre la base de una sustancial impunidad [...]; las condiciones del estado de derecho no han sido restablecidas en Oaxaca, por causa de la dura represión que el gobernador local ha adoptado [...] impidiendo a la libremente constituida Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca manifestarse democráticamente [...]; los derechos de las comunidades indígenas, en particular las de Chiapas, no han sido aún plenamente reconocidos [...]; la libertad de prensa resulta significativamente comprometida por el estado de precariedad del ejercicio de la profesión, como demuestran homicidios, secuestros e intimidaciones [...]; casos de detenciones arbitrarias, maltratos, falta de garantías procesales, junto a la impunidad por las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado han sido denunciadas a menudo [...] como demuestra la situación de San Salvador Atenco." No son las palabras impresas en uno de los cientos de volantes que se distribuyen en las calles mexicanas; no es el texto de un reporte, el enésimo, de alguna organización observadora y defensora de los derechos humanos. Son las palabras impresas en negro sobre blanco que la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados del Parlamento italiano aprobó, con el visto bueno del subsecretario de Relaciones Exteriores, el pasado 25 de julio. Palabras que pesan y caen como piedras sobre la imagen que se le reconoció a Felipe Calderón en su visita a ese país la primera semana del pasado mes de junio.
Casi inadvertida por los grandes medios, una delegación de tres diputados italianos, enviada por la mencionada comisión parlamentaria, visitó México. La componían Ramón Mantovani, del Partido de la Refundación Comunista (PRC); Alessandro Forlani, de la Unión de los Democristianos de Centro (UDC); y Humberto Ranieri, del Olivo, los tres miembros de la mayoría que apoya al gobierno italiano. Tres diputados que cumplieron su visita mexicana en la mitad de mayo y que en esa ocasión recibieron una carta firmada por la comunidad de origen italiano residente en este país.
Durante la visita, en efecto, la delegación italiana pudo visitar y asistir a una serie de actos organizados por la embajada de Italia en México. En uno de esos encuentros la delegación recibió la carta mencionada, después de reportar los acontecimientos que demostrarían que "México atraviesa una situación de crisis". El escrito dado en manos de los tres diputados, además de hacer una larga enunciación de sucesos, desde la crisis en Atenco y Oaxaca, hasta la presencia de denuncias de prisioneros políticos y desaparecidos, advertía a los legisladores: el gobierno mexicano está "muy sensible a la imagen que proyecta hacia el exterior, difundiendo la idea que en el país reina un clima de paz favorable a los derechos humanos y, sobre todo, a las inversiones". Tan fue suficiente la carta para los tres italianos que regresaron a su país y lograron llevar a su comisión un texto duro, directo y que definitivamente emite un juicio acerca de la política del gobierno mexicano en cuanto al respeto de los derechos humanos de sus conciudadanos.
En el documento emitido por el Parlamento italiano pide "que se le permita a la PGR actuar eficazmente en contra del feminicidio; que la lucha en contra de la criminalidad organizada sea conducida con la necesaria eficacia, pero sin agraviar el estado de derecho, que distingue con claridad las funciones de policía y ejército; que la legislación en materia de derecho indígena sea ampliada tomando en cuenta lo ya convenido, como los acuerdos de San Andrés; que el ejercicio del derecho de expresión sea garantizado con adecuadas medidas de protección hacia los periodistas en el respeto de su independencia; y que la próxima tercera reunión del Fórum Europa-México de la sociedad civil sea la ocasión para involucrar aún más a los ciudadanos y a las instituciones en la tutela de los derechos humanos".
La discusión en comisión, convocada el pasado 25 de julio, fue rápida. Pocas dudas, una certeza: la resolución tenía que salir. Ugo Intini, subsecretario de Relaciones Exteriores, nada más ratificó lo presentado por los tres diputados, aclarando que "la resolución es en el sentido de la cooperación con México y no de una condena de su gobierno". Una aclaración importante pero que no borra las peticiones más que explícitas del dispositivo legislativo que empeña al gobierno italiano a "averiguar en el Consejo para los Derechos Humanos de la ONU y durante las citas futuras de colaboración entre la Unión Europea y México, la evolución de la situación de los derechos humanos y el respeto de los principios del estado de derecho en México, también con la finalidad de proporcionar cualquier tipo de cooperación bilateral para acrecentar el nivel de protección y seguridad de los ciudadanos [...]". Todo lo anterior, también a la luz de "la presencia de México entre los países observadores en el Consejo de Europa", estatus que este país recibió tras explícita petición del gobierno de Ernesto Zedillo el primero de diciembre de 1999.
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