Rango constitucional a declaratoria sobre derechos indígenas, pide ONU
Stavenhagen exhorta al Congreso a incluir el documento en la reforma del Estado
Lamenta que en México se reservaran artículos sobre autonomía, territorio y recursos, entre otros
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Emir Olivares Alonso
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El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, exhortó al Congreso de la Unión a elevar a nivel constitucional la recién aprobada declaración universal del organismo internacional sobre los pueblos indios, y lamentó que el Ejecutivo federal se haya reservado seis de los artículos, concernientes a autonomía, libre determinación, autogobierno, territorios y recursos naturales.
Indicó que deben hacerse esfuerzos para ajustar las leyes nacionales a dicha declaratoria –aprobada el pasado 13 de septiembre por la Asamblea General de la ONU–, “comenzando por la Constitución, para que precisamente la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas sea aplicada y cumplida por la sociedad, los gobiernos federal, estatales y municipales, y la gente en general”.
Al participar en una mesa de análisis sobre la declaratoria, Stavenhagen señaló que en dicho documento se reconocen las garantías de ese sector de la sociedad mundial a nivel de colectividades, ya no de personas o individuos. Dijo que el artículo tercero de ese código internacional establece el derecho a la libre determinación, que aunque a algunos estados les “da miedo”, debe reconocerse y garantizarse.
Momento de ajustar las leyes
El relator de la ONU argumentó que “no hay excusa” para no cumplir con dichos acuerdos internacionales, por lo que subrayó que el marco de la reforma del Estado en México es “el mejor momento” para ajustar las leyes nacionales a ese acuerdo de la ONU.
“El Congreso puede levantar ahora esta declaración e incluir los derechos en el proceso de reforma para rehacer, redefinir y remodificar las relaciones entre los pueblos indígenas, la sociedad mexicana en su conjunto y el Estado, de manera no violenta, pacífica, negociada, democrática y participativa. Espero que todos los sectores de la sociedad, todos los intereses y fuerzas políticas la tomen en serio y la incorporen, porque significa una reforma de la nación mexicana”.
En su turno, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Marcos Matías, señaló que mientras en Bolivia la declaratoria ya se difunde en cuatro idiomas distintos, “en México estamos cruzados de brazos”, pues no existe el compromiso del Estado mexicano de hacer público el acuerdo de la ONU.
Dijo que si bien la administración de Felipe Calderón ratificó la declaratoria, se reservó seis artículos “espinosos”, mismos que son “clave” para la supervivencia de las culturas originarias del país, aunque dicha reserva aún no es definitiva.
Informó que el pasado 18 de septiembre, la Junta de Coordinación Política de San Lázaro aprobó un punto de acuerdo en el que solicitan al Ejecutivo federal adoptar la declaración, armonizar las leyes nacionales a la misma e impulsar su difusión permanente a escala nacional.
Finalmente, Axel Didriksson, secretario de Educación del Gobierno del Distrito Federal, indicó que la administración capitalina realizará una reforma sustancial al sistema de enseñanza de la ciudad, poniendo especial acento en la formación multicultural, para con ello promover la no discriminación de los pueblos indios de la urbe, además de que se impulsará la enseñanza del náhuatl, lengua autóctona del Valle de Anáhuac.
De los 192 países representados en la ONU, 143 adoptaron la declaratoria, 11 se abstuvieron y sólo cuatro se opusieron: Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, objetando las disposiciones sobre territorios y recursos.
Lamenta que en México se reservaran artículos sobre autonomía, territorio y recursos, entre otros
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Emir Olivares Alonso
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El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, exhortó al Congreso de la Unión a elevar a nivel constitucional la recién aprobada declaración universal del organismo internacional sobre los pueblos indios, y lamentó que el Ejecutivo federal se haya reservado seis de los artículos, concernientes a autonomía, libre determinación, autogobierno, territorios y recursos naturales.
Indicó que deben hacerse esfuerzos para ajustar las leyes nacionales a dicha declaratoria –aprobada el pasado 13 de septiembre por la Asamblea General de la ONU–, “comenzando por la Constitución, para que precisamente la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas sea aplicada y cumplida por la sociedad, los gobiernos federal, estatales y municipales, y la gente en general”.
Al participar en una mesa de análisis sobre la declaratoria, Stavenhagen señaló que en dicho documento se reconocen las garantías de ese sector de la sociedad mundial a nivel de colectividades, ya no de personas o individuos. Dijo que el artículo tercero de ese código internacional establece el derecho a la libre determinación, que aunque a algunos estados les “da miedo”, debe reconocerse y garantizarse.
Momento de ajustar las leyes
El relator de la ONU argumentó que “no hay excusa” para no cumplir con dichos acuerdos internacionales, por lo que subrayó que el marco de la reforma del Estado en México es “el mejor momento” para ajustar las leyes nacionales a ese acuerdo de la ONU.
“El Congreso puede levantar ahora esta declaración e incluir los derechos en el proceso de reforma para rehacer, redefinir y remodificar las relaciones entre los pueblos indígenas, la sociedad mexicana en su conjunto y el Estado, de manera no violenta, pacífica, negociada, democrática y participativa. Espero que todos los sectores de la sociedad, todos los intereses y fuerzas políticas la tomen en serio y la incorporen, porque significa una reforma de la nación mexicana”.
En su turno, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Marcos Matías, señaló que mientras en Bolivia la declaratoria ya se difunde en cuatro idiomas distintos, “en México estamos cruzados de brazos”, pues no existe el compromiso del Estado mexicano de hacer público el acuerdo de la ONU.
Dijo que si bien la administración de Felipe Calderón ratificó la declaratoria, se reservó seis artículos “espinosos”, mismos que son “clave” para la supervivencia de las culturas originarias del país, aunque dicha reserva aún no es definitiva.
Informó que el pasado 18 de septiembre, la Junta de Coordinación Política de San Lázaro aprobó un punto de acuerdo en el que solicitan al Ejecutivo federal adoptar la declaración, armonizar las leyes nacionales a la misma e impulsar su difusión permanente a escala nacional.
Finalmente, Axel Didriksson, secretario de Educación del Gobierno del Distrito Federal, indicó que la administración capitalina realizará una reforma sustancial al sistema de enseñanza de la ciudad, poniendo especial acento en la formación multicultural, para con ello promover la no discriminación de los pueblos indios de la urbe, además de que se impulsará la enseñanza del náhuatl, lengua autóctona del Valle de Anáhuac.
De los 192 países representados en la ONU, 143 adoptaron la declaratoria, 11 se abstuvieron y sólo cuatro se opusieron: Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, objetando las disposiciones sobre territorios y recursos.
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La Jornada - Mexico/13/10/2007
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