República Democrática del Congo: entre viejas tensiones y nuevas esperanzas
A pesar de los enormes problemas que afectan a la República Democrática del Congo, el gobierno de Kinshasa confía en poder enderezar el rumbo del más convulso de los países del África Subsahariana, gracias a una mayor estabilidad institucional y al apoyo de la comunidad internacional. Los indicadores socioeconómicos sitúan a la RDC en la cola de las clasificaciones mundiales, pero la riqueza de su suelo y subsuelo harán del país un objetivo seguro para las inversiones extranjeras en cuanto se estabilice su situación interna.
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Federico Flora
Federico Flora
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La situación más grave se vive en la parte oriental del país, sobre todo en Kivi, en la frontera con Uganda y Ruanda, donde permanecen decenas de grupos y formaciones armadas divididas en función de sus etnias (las conocidas como milicias Mai Mai) que, aunque cuentan con apenas unos centenares de milicianos, contribuyen a la inseguridad de la región.Después de trece años de guerra civil e interétnica, la región sigue sin conocer la paz. Esta vez ha sido a causa del grupo disidente tutsi encabezado por el general Nkunda, que lucha contra las milicias hutu aún presentes en territorio congoleño. El presidente congoleño Joseph Kabila intentó a principios de año desmovilizar a las tropas de Nkunda, ofreciendo al general un puesto en el ejército nacional y prometiendo integrar a los milicianos entre las tropas regulares. Sin embargo, el acuerdo no duró mucho, porque Nkunda aprovechó la tregua para reclutar nuevos soldados de etnia tutsi, abastecerse de armas y conseguir un nuevo apoyo logístico por parte del régimen amigo de Ruanda. Las agencias de prensa informan desde hace algunas semanas de violentos combates en toda la zona, especialmente en la ciudad de Goma. Sólo en el mes de septiembre fueron más de 90.000 los congoleños que tuvieron que huir de sus casas y buscar asilo en los campos de refugiados establecidos por ACNUR y el gobierno de Kinshasa.Otro elemento de preocupación surge a partir del reciente descubrimiento de enormes reservas de hidrocarburos en el lago Alberto, que marca la frontera entre la República Democrática del Congo y Uganda. Las exploraciones fueron realizadas por la petrolera canadiense Heritage Oil en la orilla ugandesa del lago, aunque parece que las mayores reservas se encuentran alrededor de la pequeña isla de Rukwanzi. En los últimos meses ha crecido la tensión entre Uganda y la R.D. del Congo por determinar la pertenencia de esta porción de territorio, con esporádicos aunque violentos enfrentamientos armados, a pesar de que ninguno de los dos países parece que tenga intenciones de desatar un nuevo conflicto. En agosto, el ministro de exteriores ugandés Sam Kutesa se desplazó en misión diplomática a Kinshasa para rebajar la tensión y, en el transcurso del encuentro, se decidió la creación de una comisión mixta para establecer la demarcación exacta de la frontera colonial entre los dos países en el lago Alberto (véase Uganda: desde el lago Alberto, entre petróleo y rebeldes, Kampala decide su futuro). En realidad, la RDC y Uganda saben bien que si quieren empezar a gozar de los beneficios de los derechos del petróleo (el comienzo de la producción está previsto para 2009), una colaboración recíproca será más ventajosa que un conflicto armado. Uganda no tiene salida al mar y no podrá atraer inversiones extranjeras si las orillas del lago Alberto no son totalmente seguras. La RDC, por su parte, no tiene muchas infraestructuras para el transporte de crudo y su única salida al mar está situada en el extremo opuesto del continente, a miles de kilómetros del lago.
La situación más grave se vive en la parte oriental del país, sobre todo en Kivi, en la frontera con Uganda y Ruanda, donde permanecen decenas de grupos y formaciones armadas divididas en función de sus etnias (las conocidas como milicias Mai Mai) que, aunque cuentan con apenas unos centenares de milicianos, contribuyen a la inseguridad de la región.Después de trece años de guerra civil e interétnica, la región sigue sin conocer la paz. Esta vez ha sido a causa del grupo disidente tutsi encabezado por el general Nkunda, que lucha contra las milicias hutu aún presentes en territorio congoleño. El presidente congoleño Joseph Kabila intentó a principios de año desmovilizar a las tropas de Nkunda, ofreciendo al general un puesto en el ejército nacional y prometiendo integrar a los milicianos entre las tropas regulares. Sin embargo, el acuerdo no duró mucho, porque Nkunda aprovechó la tregua para reclutar nuevos soldados de etnia tutsi, abastecerse de armas y conseguir un nuevo apoyo logístico por parte del régimen amigo de Ruanda. Las agencias de prensa informan desde hace algunas semanas de violentos combates en toda la zona, especialmente en la ciudad de Goma. Sólo en el mes de septiembre fueron más de 90.000 los congoleños que tuvieron que huir de sus casas y buscar asilo en los campos de refugiados establecidos por ACNUR y el gobierno de Kinshasa.Otro elemento de preocupación surge a partir del reciente descubrimiento de enormes reservas de hidrocarburos en el lago Alberto, que marca la frontera entre la República Democrática del Congo y Uganda. Las exploraciones fueron realizadas por la petrolera canadiense Heritage Oil en la orilla ugandesa del lago, aunque parece que las mayores reservas se encuentran alrededor de la pequeña isla de Rukwanzi. En los últimos meses ha crecido la tensión entre Uganda y la R.D. del Congo por determinar la pertenencia de esta porción de territorio, con esporádicos aunque violentos enfrentamientos armados, a pesar de que ninguno de los dos países parece que tenga intenciones de desatar un nuevo conflicto. En agosto, el ministro de exteriores ugandés Sam Kutesa se desplazó en misión diplomática a Kinshasa para rebajar la tensión y, en el transcurso del encuentro, se decidió la creación de una comisión mixta para establecer la demarcación exacta de la frontera colonial entre los dos países en el lago Alberto (véase Uganda: desde el lago Alberto, entre petróleo y rebeldes, Kampala decide su futuro). En realidad, la RDC y Uganda saben bien que si quieren empezar a gozar de los beneficios de los derechos del petróleo (el comienzo de la producción está previsto para 2009), una colaboración recíproca será más ventajosa que un conflicto armado. Uganda no tiene salida al mar y no podrá atraer inversiones extranjeras si las orillas del lago Alberto no son totalmente seguras. La RDC, por su parte, no tiene muchas infraestructuras para el transporte de crudo y su única salida al mar está situada en el extremo opuesto del continente, a miles de kilómetros del lago.
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A pesar de los innumerables problemas, los enfrentamientos internos y las tensiones internacionales con los estados fronterizos, empiezan a aparecer los primeros resquicios de paz en la República Democrática del Congo. El gobierno ha conseguido, por ejemplo, convencer a algunos partidos para boicotear las elecciones y que de esta forma consigan regresar a la escena política. Además de ello, el proyecto de federalismo está madurando a raíz de la conferencia celebrada en Kinshasa a principios de mes, que reunió a delegados del gobierno central y de todas las provincias para determinar los procedimientos y el calendario del proceso de descentralización estatal, que dividirá a la república en 26 provincias semi-autónomas. Otro elemento positivo está determinado por el hecho de que el número de desplazados internos está descendiendo lentamente (a pesar de la situación en Kivi) y, tras años de carestía y abandono, la población está regresando a los pueblos de la parte septentrional y meridional del país. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) comunicó que entre enero y octubre se repatriaron 43.000 refugiados congoleños de los países vecinos, mientras que aún quedan más de 300.000 a la espera de poder volver a sus casas: Tanzania acoge a más de 100.000, Zambia a 56.000, Ruanda a 45.000, Congo-Brazzaville a 32.000, Uganda a casi 30.000 y Burundi a 26.000.Desde el punto de vista económico, finalmente, ha conseguido elaborar un proyecto presupuestario para 2007, que se ha presentado en junio de este año y que no supera los 2.400 millones de dólares. Además, el gobierno se ha dedicado a impugnar todos los contratos de concesión minera y a elaborar un nuevo código de explotación de los recursos forestales del país. El problema, sin embargo, es que a la comisión independiente que se encargará de revisar los contratos sólo se le han concedido tres meses para juzgar y, en su caso, modificar más de sesenta contratos cada uno de ellos valorado en millones de dólares. Esta comisión deberá verificar si las compañías respetan el código minero aprobado el año pasado, si pagan todos los impuestos y si están invirtiendo en la mejora de los servicios sociales cuyos ingresos dependen de las compañías mineras. La ONG Global Witness denunció la falta de transparencia y la no participación de la sociedad civil en los trabajos de la comisión, cuya eficacia se reduce aún más por las excesivas presiones gubernamentales para que acaben lo antes posible este proceso de revisión. El número de compañías mineras ilegales en la RDC supera a las que tienen licencias en regla, y el gobierno quiere acabar definitivamente con la explotación incontrolada del subsuelo. Según un reciente estudio de una agencia independiente, más de dos tercios de la casiterita extraída en Kivi se exportan ilegalmente del país, lo que produce unas pérdidas millonarias para las arcas estatales. Otra paradoja es que, mientras las compañías mineras activas en la R.D. del Congo (en su mayoría extranjeras) están ganando millones de dólares en los mercados de valores a causa del aumento de los precios de las materias primas (en particular del cobalto y el cobre), los ingresos por impuestos derivados de la concesión de derechos de explotación y extracción no supera los 32 millones de dólares anuales.La República Democrática del Congo posee la mayor área de selva pluvial de África, con cerca de 120 millones de hectáreas, en buena medida sin explotar. Si, por un lado, la selva ecuatorial representa un gran depósito de riqueza para el país, también es cierto que representa un ecosistema muy frágil. La protección de la biodiversidad y la explotación sostenible de los recursos forestales pueden ir de la mano sólo si el gobierno de Kinshasa, junto con la comunidad internacional, saben regular las licencias privadas y evitan la explotación clandestina y la deforestación descontrolada. Con este fin se ha creado un fondo especial del Banco Mundial para crear las condiciones para un desarrollo sostenible, proporcionando expertos para el estudio de la biodiversidad local, la asistencia para la adopción de procedimientos de control y la concesión de derechos de explotación además de la financiación de proyectos dedicados a la protección de los sectores más vulnerables del bosque.En estos días, ha causado mucho revuelo la firma de los acuerdos de colaboración económica entre el Banco Chino de Desarrollo (CDB) y la República Democrática del Congo. Estos acuerdos afectan a diversos aspectos de la economía nacional: desde la agricultura a la ganadería, pasando por las cuestiones ambientales y la explotación de los recursos mineros. El CDB es una institución financiera que depende directamente del Consejo de Estado de la República Popular China y proporciona financiación para la realización de proyectos de compañías privadas chinas. En total se han prometido préstamos por un valor de 5 mil millones de dólares para nuevas infraestructuras y la modernización de minas a cambio de concesiones mineras e impuestos sobre el tráfico viario y ferroviario. El banco chino ha hecho un especial hincapié en el respeto a las normas locales, sobre todo en lo referente a cuestiones ambientales y al código minero congoleño. Pekín pretende, de hecho, seguir con la política de beneficio mutuo que representa la base de su línea de intervención y que ha quedado estipulada en los acuerdos comerciales establecidos con otros países africanos (Cfr. África: la conquista china del continente africano).
A pesar de los innumerables problemas, los enfrentamientos internos y las tensiones internacionales con los estados fronterizos, empiezan a aparecer los primeros resquicios de paz en la República Democrática del Congo. El gobierno ha conseguido, por ejemplo, convencer a algunos partidos para boicotear las elecciones y que de esta forma consigan regresar a la escena política. Además de ello, el proyecto de federalismo está madurando a raíz de la conferencia celebrada en Kinshasa a principios de mes, que reunió a delegados del gobierno central y de todas las provincias para determinar los procedimientos y el calendario del proceso de descentralización estatal, que dividirá a la república en 26 provincias semi-autónomas. Otro elemento positivo está determinado por el hecho de que el número de desplazados internos está descendiendo lentamente (a pesar de la situación en Kivi) y, tras años de carestía y abandono, la población está regresando a los pueblos de la parte septentrional y meridional del país. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) comunicó que entre enero y octubre se repatriaron 43.000 refugiados congoleños de los países vecinos, mientras que aún quedan más de 300.000 a la espera de poder volver a sus casas: Tanzania acoge a más de 100.000, Zambia a 56.000, Ruanda a 45.000, Congo-Brazzaville a 32.000, Uganda a casi 30.000 y Burundi a 26.000.Desde el punto de vista económico, finalmente, ha conseguido elaborar un proyecto presupuestario para 2007, que se ha presentado en junio de este año y que no supera los 2.400 millones de dólares. Además, el gobierno se ha dedicado a impugnar todos los contratos de concesión minera y a elaborar un nuevo código de explotación de los recursos forestales del país. El problema, sin embargo, es que a la comisión independiente que se encargará de revisar los contratos sólo se le han concedido tres meses para juzgar y, en su caso, modificar más de sesenta contratos cada uno de ellos valorado en millones de dólares. Esta comisión deberá verificar si las compañías respetan el código minero aprobado el año pasado, si pagan todos los impuestos y si están invirtiendo en la mejora de los servicios sociales cuyos ingresos dependen de las compañías mineras. La ONG Global Witness denunció la falta de transparencia y la no participación de la sociedad civil en los trabajos de la comisión, cuya eficacia se reduce aún más por las excesivas presiones gubernamentales para que acaben lo antes posible este proceso de revisión. El número de compañías mineras ilegales en la RDC supera a las que tienen licencias en regla, y el gobierno quiere acabar definitivamente con la explotación incontrolada del subsuelo. Según un reciente estudio de una agencia independiente, más de dos tercios de la casiterita extraída en Kivi se exportan ilegalmente del país, lo que produce unas pérdidas millonarias para las arcas estatales. Otra paradoja es que, mientras las compañías mineras activas en la R.D. del Congo (en su mayoría extranjeras) están ganando millones de dólares en los mercados de valores a causa del aumento de los precios de las materias primas (en particular del cobalto y el cobre), los ingresos por impuestos derivados de la concesión de derechos de explotación y extracción no supera los 32 millones de dólares anuales.La República Democrática del Congo posee la mayor área de selva pluvial de África, con cerca de 120 millones de hectáreas, en buena medida sin explotar. Si, por un lado, la selva ecuatorial representa un gran depósito de riqueza para el país, también es cierto que representa un ecosistema muy frágil. La protección de la biodiversidad y la explotación sostenible de los recursos forestales pueden ir de la mano sólo si el gobierno de Kinshasa, junto con la comunidad internacional, saben regular las licencias privadas y evitan la explotación clandestina y la deforestación descontrolada. Con este fin se ha creado un fondo especial del Banco Mundial para crear las condiciones para un desarrollo sostenible, proporcionando expertos para el estudio de la biodiversidad local, la asistencia para la adopción de procedimientos de control y la concesión de derechos de explotación además de la financiación de proyectos dedicados a la protección de los sectores más vulnerables del bosque.En estos días, ha causado mucho revuelo la firma de los acuerdos de colaboración económica entre el Banco Chino de Desarrollo (CDB) y la República Democrática del Congo. Estos acuerdos afectan a diversos aspectos de la economía nacional: desde la agricultura a la ganadería, pasando por las cuestiones ambientales y la explotación de los recursos mineros. El CDB es una institución financiera que depende directamente del Consejo de Estado de la República Popular China y proporciona financiación para la realización de proyectos de compañías privadas chinas. En total se han prometido préstamos por un valor de 5 mil millones de dólares para nuevas infraestructuras y la modernización de minas a cambio de concesiones mineras e impuestos sobre el tráfico viario y ferroviario. El banco chino ha hecho un especial hincapié en el respeto a las normas locales, sobre todo en lo referente a cuestiones ambientales y al código minero congoleño. Pekín pretende, de hecho, seguir con la política de beneficio mutuo que representa la base de su línea de intervención y que ha quedado estipulada en los acuerdos comerciales establecidos con otros países africanos (Cfr. África: la conquista china del continente africano).
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Los problemas de carácter económico y social que afectan a la R.D. del Congo son enormes, pero se pueden resumir en una única cuestión: la necesidad de reconstruir una estructura administrativa que pueda garantizar el funcionamiento de los servicios básicos. La confianza de la población en la clase dirigente se ha reducido al mínimo a causa de décadas de mal gobierno y de corrupción. Si el régimen de Mobutu vació las arcas del estado y llevó al país a la ruina económica, cinco años de feroz guerra civil han eliminado definitivamente hasta el último resquicio de presencia de cualquier tipo de aparato estatal.¿Cuál es, en esta situación, el papel de Naciones Unidas? La MONUC (Misión de Naciones Unidas en el Congo) ha sido acusada de jugar tanto en el bando del gobierno como en el de los rebeldes, aunque es cierto que sin la presencia de sus 17.000 cascos azules, las elecciones jamás se hubieran podido producir.. A pesar de que la situación se está normalizando lentamente en varias zonas del país, la presencia de una fuerza de mediación internacional parece seguir siendo necesaria para reconstruir un clima político sereno y garantizar el desarme completo de las milicias rebeldes en la parte oriental del país.
Los problemas de carácter económico y social que afectan a la R.D. del Congo son enormes, pero se pueden resumir en una única cuestión: la necesidad de reconstruir una estructura administrativa que pueda garantizar el funcionamiento de los servicios básicos. La confianza de la población en la clase dirigente se ha reducido al mínimo a causa de décadas de mal gobierno y de corrupción. Si el régimen de Mobutu vació las arcas del estado y llevó al país a la ruina económica, cinco años de feroz guerra civil han eliminado definitivamente hasta el último resquicio de presencia de cualquier tipo de aparato estatal.¿Cuál es, en esta situación, el papel de Naciones Unidas? La MONUC (Misión de Naciones Unidas en el Congo) ha sido acusada de jugar tanto en el bando del gobierno como en el de los rebeldes, aunque es cierto que sin la presencia de sus 17.000 cascos azules, las elecciones jamás se hubieran podido producir.. A pesar de que la situación se está normalizando lentamente en varias zonas del país, la presencia de una fuerza de mediación internacional parece seguir siendo necesaria para reconstruir un clima político sereno y garantizar el desarme completo de las milicias rebeldes en la parte oriental del país.
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Traducción de Mauro Sturlese
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Equilibri.net - Italy/23/10/2007
1 comentario:
muy aclaratorio, gracias
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