Entrevista al fiscal Alejandro Alagia

YO ACUSO
LAVACA

El fiscal Alejandro Alagia fue denunciado por sus superiores por haber concedido la libertad condicional a los detenidos por los incidentes de la Legislatura mientras esperaban el juicio oral. Los 14 vendedores ambulantes y mujeres en estado de prostitución que estuvieron más de un año preso en los penales de Devoto y Ezeiza fueron luego absueltos, pero Alagia puede ser expulsado de sus funciones. En esta conversación con lavaca reflexiona: 'Casos como los de la Legislatura o como las encarcelaciones en Las Heras son rasgos de terrorismo de Estado'.

Una parte de esta historia es conocida: en septiembre del 2005, después de haber pasado un año y dos meses detenidos, los presos de la Legislatura obtuvieron la libertad condicional. Su salida recién fue posible cuando el fiscal Alejandro Alagia reemplazó transitoriamente a su colega Claudio Soca.Los quince acusados (vendedores ambulantes, mujeres en estado de prostitución, un anticuario, un transformista) habían sido procesados por participar en una manifestación contra el Código Contravencional en junio de 2004, en la que hubo incidentes. La gravedad de la acusación que les formuló el fiscal Soca -privación ilegítima de la libertad, coacción agravada y daños- permitió que se mantuviera a los detenidos catorce meses en la cárcel, sin que ninguna instancia del fuero de instrucción mostrara malestar por la desproporción entre los hechos y la sanción. Mientras los presos permanecieron en Devoto y Ezeiza, todos los pedidos de excarcelación fueron rechazados. Hasta que en septiembre del 2005, el fiscal Soca se tomó una licencia por enfermedad.

Un defensor oficial aprovechó el momento para insistir con un pedido de probation (asumir el delito y pagarlo con trabajo social) para su defendido. El fiscal Alagia dio su acuerdo y el detenido salió inmediatamente en libertad. No solo eso, también permitió que sus 14 compañeros fueran excarcelados y esperaran fuera del presidio el juicio oral. Meses más tarde el tribunal oral absolvió a todos de los desmesurados delitos por los que los habían acusado, de los que además no había siquiera pruebas, tras considerar que, a lo sumo, un par de ellos habían cometido la figura menor de daños al tirar piedras contra el edificio de la Legislatura. Todos pagaron con esos inexplicables 14 meses de cárcel.

Hasta aquí, lo que ya se sabe; ahora viene la parte desconocida: tras dar su acuerdo para la probation, el fiscal Alagia fue denunciado por sus superiores y terminó a las puertas de un jury de destitución. El procurador Esteban Righi dio lugar al proceso, y creó una comisión evaluadora para que dictamine sobre el tema, en base a la cual decidirá si lleva a Alagia a juicio político.

Así, aunque el propio fallo del tribunal oral haya demostrado que los presos no debían haber pasado ni un solo día detenidos, el fiscal que permitió su libertad quedó bajo amenaza de expulsión.

Blumberg, Fuentealba y la burocracia del castigo

Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, Alagia habla con una frontalidad nada frecuente en el mundo judicial. Dice que el caso de la Legislatura, así como otros que lo precedieron y sucedieron (la condena a Marina Schifrin por corte de rutas, la encarcelación de manifestantes en Las Heras) son 'rasgos de terrorismo de Estado'.

'El fenómeno que vemos -dice, aludiendo a lo que observa en la cátedra de la Universidad- es que el régimen democrático de libertades se fue deteriorando del '83 a esta parte, poniendo en crisis todas las libertades. Nosotros tenemos un nombre para eso: el derecho penal del enemigo. Se trata al infractor como un enemigo, como si se viviera en un permanente Estado de Sitio'.

-¿De qué modo funciona esa situación?

-Nunca se habían dictado tantas leyes punitivas, de aumento de penas, de agravantes penales, de impedimentos para obtener una excarcelación. Esa inflación punitiva que se dio con las leyes Blumberg y que estuvo en general vinculada al crimen común, se desparramó sobre el resto de la conflictividad social, que no es solamente la del robo con armas sino fundamentalmente la protesta social. El endurecimiento fue además acompañado de fallos de la Cámara de Casación que consideran a la protesta social como una subversión. El fenómeno es argentino y mundial'.

-¿Por qué nace esta política punitiva?

- En gran medida, como respuesta a las movilizaciones sociales. La crispación social hace que la autoridad sea más severa en el trato a la población. Ahora mataron al maestro Carlos Fuentealba, pero esto había empezado con Teresa Rodríguez. El caso de la Legislatura se inscribía en ese contexto, el de una mayor severidad. Estas personas caen en el momento en que había asumido la presidencia Kirchner, demuestran severidad con ellos y los tienen más de un año en prisión preventiva. Cuando yo veo la causa me doy cuenta de que los delitos de que los acusaban eran de quebrantamiento del orden constitucional, como impedir el funcionamiento de la Legislatura, cuando en realidad lo que habían hecho era una manifestación. No hubo relación entre el daño que habían causado, como la rotura de una puerta, de unos vidrios, y la acusación del fiscal.

-Pero no la sostuvo solamente un fiscal, también fue avalada por la Cámara.

-Sí, aunque no hay que pensar que esos funcionarios son militantes de la derecha política o fundamentalistas del castigo: son burócratas. Si hay una presión en favor de la criminalización de la protesta social, ellos siguen la corriente, como toda burocracia. Están atornillados a la silla y lo que en realidad les preocupa es no perder su lugar. Pero después, cuando los jueces del tribunal oral se dieron cuenta de que tenían que hacerle un juicio a 15 vendedores ambulantes con prisión preventiva de un año, se asustaron, y también el gobierno. El gobierno, que los hizo prisioneros, no quería exhibir esas quince detenciones. Yo sé que del ministerio de Justicia llamaron por teléfono al tribunal para ver cómo solucionar la situación, porque era un problema hacer un juicio a quince vendedores ambulantes después de haberlos tenido un año presos, con figuras internacionales pidiendo por su libertad. Bueno, en ese marco el defensor me fue a buscar para hacer una probation, cambiar la calificación y permitirles la libertad, de eso se trató.

-A usted lo acusan de no haber estado habilitado para intervenir, porque no figuraba en la lista de fiscales subrogantes.

-Cuando un fiscal se toma una licencia deja una lista de subrogantes, que generalmente coincide con los fiscales que están en el edificio para reemplazarlo. Es una cuestión de economía en el trámite de un expediente, generalmente se deja a los que están cerca. Soca estaba en el edificio de enfrente a mi fiscalía, cruzando la calle. Por otra parte, la lista no es una cuestión legal, no está en el procedimiento, sino que es una cuestión de costumbre judicial. Ese día el defensor fue a buscarme a un juicio oral; tenía a su defendido en huelga de hambre, era un tema urgente. Pidió una probation, yo di el consentimiento y el tribunal oral hizo lugar. En realidad no era el caso de una probation, porque éstos eran todos presos políticos, pero era la única manera de que obtuvieran inmediatamente la libertad. Yo entendí que eran inocentes y que era mejor que se fueran bajo una probation y esperaran en libertad el juicio oral, para discutir en las audiencias el fondo de la cuestión, que es lo que ocurrió.

La comisión evaluadora fue formada por seis fiscales, entre ellos Pedro Narváez, de la Cámara de Casación, integrante del staff responsable de la demora en los juicios a los represores por violaciones a los derechos humanos. La comisión entregó al procurador Esteban Righi una opinión dividida: dos se pronunciaron por la expulsión de Alagia, dos pidieron que la denuncia sea archivada y los restantes opinaron que se aplique una sanción menor. El sumario permanece abierto desde entonces, sin que el procurador haya tomado una decisión.

ARGENPRESS.info/22/04/2007