Mantiene gobierno política de omisión sobre guerra sucia: ONG
Matilde Pérez
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El asunto de las desapariciones es de interés jurídico e histórico, y por ello organismo defensores de DH insistirán en que esto lo aborde la SCJN.
El asunto de las desapariciones es de interés jurídico e histórico, y por ello organismo defensores de DH insistirán en que esto lo aborde la SCJN.
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México, DF. Hay una política de omisión del gobierno federal en torno a los desaparecidos de la guerra sucia que continuará si el presidente Felipe Calderón no se pronuncia claramente en torno al tema, sostuvieron 15 organizaciones defensoras de los derechos humanos y el Comité 68 Pro Libertades Democráticas.
Al anunciar el inicio de la campaña Crímenes de Estado y desapariciones forzadas: nunca más, que se llevará a cabo en varios estados del país, Raúl Álvarez Garín, Blanca Hernández, Edgar Cortez y David Cabañas, comentaron que el asunto es de interés jurídico e histórico y por ello insistirán en que lo aborde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Edgar Cortez, director de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas, se pronunció por una discusión pública abierta en torno al tema: “No podemos hablar de la creación de una fiscalía porque eso ya lleva una connotación de fracaso; lo que se requiere es una investigación histórica para saber qué pasó con los desaparecidos y cuál fue la política que se aplicó para que sucedieran esos crímenes de Estado, pero también que las secretarías de la Defensa Nacional y de Gobernación abran sus archivos”.
Raúl Álvarez Garín, del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, aseguró que se “vive un momento de definiciones; por el nivel de movilización popular que se ha logrado o se logran avances o los retrocesos serán extremadamente graves”.
Explicó que la campaña es para aclarar a la opinión pública que ni el Poder Legislativo ni el Judicial, y menos el Ejecutivo han realizado acciones para impulsar el acceso a la verdad y a la justicia, pero además el cierre de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) y el traslado de las investigaciones a la Procuraduría General de la República denotan que se pretende abordar el asunto como si se trataran de delitos comunes.
En un comunicado conjunto, las organizaciones destacaron que la masacre de 1968 y las desapariciones forzadas permanecen impunes y que el gobierno desarrolla una política que busca ignorar estos hechos y hacer prevalecer la impunidad. “El Estado mantiene sin cumplir su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, de llevar a cabo una reparación integral del daño a favor de las víctimas y realizar cambios legales y de práctica que hagan posible que no se repitan estos crímenes de Estado”.
La campaña iniciará este sábado en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en el que se conmemorará el 35 aniversario de la desaparición de Rosendo Radilla y de ocho personas más.
Luisa Pérez Escobedo, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que se desconoce el número de las víctimas de la guerra sucia; algunos hablan de 12 mil víctimas; otros, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la recomendación 26/2001, de 532 casos reportados, y la Femospp, en el informe “Para que no vuelva a suceder”, señala que hubo 800 desaparecidos.
David Cabañas, de Izquierda Democrática Popular, comentó que sólo en Atoyac de Álvarez se detuvieron a más de 400 personas y registraron 250 desaparecidos: “Es un claro ejemplo de la brutal represión que realizó el general Acosta Chaparro, a quien no se le juzgó por esos crímenes y ahora está libre”.
México, DF. Hay una política de omisión del gobierno federal en torno a los desaparecidos de la guerra sucia que continuará si el presidente Felipe Calderón no se pronuncia claramente en torno al tema, sostuvieron 15 organizaciones defensoras de los derechos humanos y el Comité 68 Pro Libertades Democráticas.
Al anunciar el inicio de la campaña Crímenes de Estado y desapariciones forzadas: nunca más, que se llevará a cabo en varios estados del país, Raúl Álvarez Garín, Blanca Hernández, Edgar Cortez y David Cabañas, comentaron que el asunto es de interés jurídico e histórico y por ello insistirán en que lo aborde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Edgar Cortez, director de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas, se pronunció por una discusión pública abierta en torno al tema: “No podemos hablar de la creación de una fiscalía porque eso ya lleva una connotación de fracaso; lo que se requiere es una investigación histórica para saber qué pasó con los desaparecidos y cuál fue la política que se aplicó para que sucedieran esos crímenes de Estado, pero también que las secretarías de la Defensa Nacional y de Gobernación abran sus archivos”.
Raúl Álvarez Garín, del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, aseguró que se “vive un momento de definiciones; por el nivel de movilización popular que se ha logrado o se logran avances o los retrocesos serán extremadamente graves”.
Explicó que la campaña es para aclarar a la opinión pública que ni el Poder Legislativo ni el Judicial, y menos el Ejecutivo han realizado acciones para impulsar el acceso a la verdad y a la justicia, pero además el cierre de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) y el traslado de las investigaciones a la Procuraduría General de la República denotan que se pretende abordar el asunto como si se trataran de delitos comunes.
En un comunicado conjunto, las organizaciones destacaron que la masacre de 1968 y las desapariciones forzadas permanecen impunes y que el gobierno desarrolla una política que busca ignorar estos hechos y hacer prevalecer la impunidad. “El Estado mantiene sin cumplir su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, de llevar a cabo una reparación integral del daño a favor de las víctimas y realizar cambios legales y de práctica que hagan posible que no se repitan estos crímenes de Estado”.
La campaña iniciará este sábado en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en el que se conmemorará el 35 aniversario de la desaparición de Rosendo Radilla y de ocho personas más.
Luisa Pérez Escobedo, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que se desconoce el número de las víctimas de la guerra sucia; algunos hablan de 12 mil víctimas; otros, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la recomendación 26/2001, de 532 casos reportados, y la Femospp, en el informe “Para que no vuelva a suceder”, señala que hubo 800 desaparecidos.
David Cabañas, de Izquierda Democrática Popular, comentó que sólo en Atoyac de Álvarez se detuvieron a más de 400 personas y registraron 250 desaparecidos: “Es un claro ejemplo de la brutal represión que realizó el general Acosta Chaparro, a quien no se le juzgó por esos crímenes y ahora está libre”.
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La Jornada-México/23/08/2007
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