Las pocas multinacionales españolas, solas en el exterior
MARÍA JESÚS PÉREZ
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MADRID-La decisión de la gasista pública argelina Sonatrach de expulsar unilateralmente del proyecto del yacimiento de Gassi Touil a la petrolera española Repsol YPF y a su participada Gas Natural, anunciada el pasado lunes, se ha interpretado por la mayoría de expertos y analistas como un caso más de abandono y falta de apoyo a los intereses de las empresas españolas en el exterior por parte del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
La impresión generalizada entre los directivos de la mayoría de las grandes, pero escasas aún, multinacionales españolas es que desde que Rodríguez Zapatero se instaló en el sillón presidencial la política exterior si no «pésima», deja bastante que desear, lo que repercute directamente en los negocios fuera de las fronteras españolas de las empresas del país. Muy al contrario de lo que ocurre con las multinacionales de nuestros países vecinos, sobre todo Francia y Alemania, donde las grandes llevan años siendo las verdaderas artífices de la política exterior en representación de sus Estados.
En España, ahora les ha tocado el turno a Repsol y a Gas Natural que ven cómo se evapora un proyecto de más de 5.000 millones de euros, Gassi Touil, que incluye gasoducto, tratamiento de gas licuado y comercialización. En este caso, el sentimiento de abandono de ambas compañías se acentúa más si cabe por el hecho de que el Gobierno ya sabía lo que iba a ocurrir desde finales del pasado julio y no ha hecho nada para impedirlo.
Incluso, una vez que la noticia vio la luz, el Ejecutivo tardó en reaccionar más de la cuenta, dando además una respuesta nada conciliadora y tranquilizadora para Repsol y Gas Natural.
Declaraciones poco afortunadas
Las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, fueron muy poco afortunadas: «Desde el Gobierno se hará todo lo posible para lograr un entendimiento» entre la empresa argelina y las dos multinacionales españolas. Hasta ahí, bien. Sin embargo, Moratinos se apresuró a añadir que de cualquier manera se trata de «un problema entre empresas».
Las reacciones no tardaron en llegar desde los grupos de la oposición, ya que las declaraciones de Moratinos evidencian la debilidad de la posición exterior de España y la falta de predisposición del equipo de Zapatero a defender los intereses económicos españoles en el extranjero.
Entre las primeras declaraciones, las del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. «Cuando uno no se ocupa de la política exterior, ni de defender los intereses de los empresarios españoles en el extranjero, ocurren cosas como la que ha sucedido en Argelia», comentó Rajoy. Y fue más preciso en sus críticas sobre el asunto: «La liquidación de ese proyecto es lisa y llanamente la consecuencia de una pésima política exterior española», que «no atiende» a los intereses generales de todos los españoles.
Mientras tanto, algunos -incluso en el seno del Ejecutivo español- creen ver detrás de todo al presidente francés, Nicolás Sarkozy. Tras los últimos movimientos corporativos dados a conocer en el país vecino, a nadie se le escapa ya el hecho de que el nuevo presidente de Francia tiene en el gas uno de sus objetivos prioritarios. Por cierto, una teoría sobre cómo manejar «la política exterior de un país» diametralmente opuesta a la que siguen Zapatero y sus «chicos» sobre todo, Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores.
Sarkozy, además de promover la fusión entre Gaz de France (GDF) y Suez, consiguiendo así su propio «campeón nacional», tenía en mente otro «capricho exterior» desde que fue elegido presidente de Francia: asegurarse el acceso al suministro del gas a Europa y dejar a España como mero territorio de paso. Algo que, a tenor de los actuales acontecimientos, le está saliendo bien.
Sarkozy aprovecha la situación
Algunas de las últimas informaciones apuntan que Sarkozy ha sabido aprovecharse del poco «feeling» existente entre el actual Gobierno español y Argelia. De hecho, desde la llegada al poder del equipo de Zapatero, en el país magrebí consideran que se ha dado un giro político radical respecto al Sáhara.
Fuentes diplomáticas argelinas tachan la actual postura española de «hostil», mientras califican a las dos cabezas visibles del Ejecutivo en el sector energético de cara al exterior muy gráficamente.
Así, Moratinos, es considerado como el líder del «lobby» promarroquí en España ante el conflicto del Sáhara; mientras que al ministro de Industria, Joan Clos, le acusan más de defender los intereses de Gas Natural, por ejemplo, que de ser un político que deba llegar a acuerdos estratégicos con el país. Opiniones para todos los gustos.
Pero van más allá, y las mismas fuentes reconocen que la posición política de España ante Marruecos ha podido influir en la decisión final de Sonatrach. Y es que el riesgo político es uno de los de mayor relevancia en la actividad empresarial internacional, pero que no siempre merece la atención que debería requerir. Los académicos además no dudan en destacar que en los tiempos que corren, en el ámbito de las relaciones económicas internacionales, no existe un libre cambismo puro, ya que además se entremezclan intereses económicos y políticos.
Para muestra, un botón. El caso de Argelia se suma a lo que ya ocurrió con empresas españolas en países como Bolivia, Argentina o Venezuela, como consecuencia «de un Gobierno incapaz de defender los intereses de los españoles y al que parece que no le importa la política exterior», recordó Rajoy.
Un experto del sector energético asegura que «si las compañías españolas ya eran víctimas de la política exterior del actual Gobierno en Iberoamérica, a pesar de las buenas relacionas con algunos presidentes de la región, como Bolivia o Venezuela, los riesgos se extienden ahora al norte de África».
Así, cabe recordar el bombazo que lanzó el presidente de Bolivia, Evo Morales, cuando nacionalizó los hidrocarburos de Repsol y otras multinacionales en el país andino. Entonces, el Gobierno de Rodríguez Zapatero no mostró mucho interés en cambiar las cosas, y en vez de actuar como requerían las circunstancias, dejó hacer a Morales.
Populismo en Iberoamérica
Y una situación llevó a otras similares, ya que la decisión del presidente boliviano dio alas a sus homólogos argentino y ecuatoriano. De hecho, Néstor Kischner se planteó una operación similar con YPF, la pata argentina de Repsol, y el nuevo presidente de Ecuador, Rafael Correa, está aún tramando algo similar sobre Telefónica.
«Este tipo de situaciones se complica más aún con gobiernos de tinte populista, donde la recuperación y la explotación de los recursos naturales se convierte en un arma en manos del gobierno local frente a la población autóctona», explica Juan Ignacio Sanz, profesor de Esade.
Y continúa: «La actuación de los países extranjeros que operan en estos territorios es delicada. Maquiavelo decía que una de las tácticas cuando quieres ganar un territorio extranjero es la alianza con los locales (el otro es la destrucción, lo que no es de aplicación, obviamente), intentando un equilibrio difícil: permitirles participar de beneficios, pero haciéndose indispensable».
Otro de los casos recientes de «desamparo» gubernamental de una gran empresa española es el que vivía el pasado mes de julio Telefónica. Entonces la Comisión Europea impuso una multa de 151,8 millones de euros a Telefónica por abuso de posición dominante en el mercado del ADSL, entre los años 2001 y 2006, al considerar que cobraba a sus rivales precios excesivos por el alquiler de su infraestructura de red y les dejaba un margen de beneficios insuficiente para competir.
En aquel momento, la operadora que preside César Alierta confirmó su intención de solicitar la anulación e la «inexplicable» decisión de Bruselas, que consideró «injustificada y desproporcionada», tanto en el plano jurídico como en el ecónomico, y aseguró que ha cumplido escrupulosamente con la normativa vigente impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones.
Dos meses después, la situación «parece» enderezarse y tomar otros derroteros. Al menos, desde el Gobierno aseguran que se va a mover ficha. Esta misma semana, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, anunciaba que el Ejecutivo ha comenzado ya a estudiar la documentación oficial sobre dicha multa -que había pedido a Bruselas tras mucha presión mediática- y que dispone de un plazo máximo que expira el próximo 10 de noviembre para presentar si así lo cree conveniente un recurso ante la Justicia europea, al margen de lo que haga Telefónica por su cuenta.
¿Estaríamos, pues, ante un apoyo explícito del Gobierno a una gran empresa española en sus intereses externos? Algunos analistas no lo ven exactamente así. Desde Ahorro Corporación opinan que se trataría de un apoyo explícito del Gobierno a la CMT más que a la propia Telefónica, ya que fue aquélla la que estableció las correspondientes tarifas mayoristas, las cuales fueron cumplidas escrupulosamente por la operadora española. En el fondo subyace el interés de la comisaria Viviane Reding de imponer un regulador paneuropeo de las telecomunciaciones. Podríamos contar con una declaración pública por parte del Gobierno a lo largo de la próxima semana, ya que el plazo para recurrir la sanción comunitaria finaliza a mediados de septiembre.
Con estos antecedentes, no es de extrañar pues que las empresas españolas se sientan desamparadas en el exterior. Lejos de sentirse arropadas por el Gobierno buscan solucionar sus problemas de forma individual e independiente a la espera de mejores tiempos.
MADRID-La decisión de la gasista pública argelina Sonatrach de expulsar unilateralmente del proyecto del yacimiento de Gassi Touil a la petrolera española Repsol YPF y a su participada Gas Natural, anunciada el pasado lunes, se ha interpretado por la mayoría de expertos y analistas como un caso más de abandono y falta de apoyo a los intereses de las empresas españolas en el exterior por parte del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
La impresión generalizada entre los directivos de la mayoría de las grandes, pero escasas aún, multinacionales españolas es que desde que Rodríguez Zapatero se instaló en el sillón presidencial la política exterior si no «pésima», deja bastante que desear, lo que repercute directamente en los negocios fuera de las fronteras españolas de las empresas del país. Muy al contrario de lo que ocurre con las multinacionales de nuestros países vecinos, sobre todo Francia y Alemania, donde las grandes llevan años siendo las verdaderas artífices de la política exterior en representación de sus Estados.
En España, ahora les ha tocado el turno a Repsol y a Gas Natural que ven cómo se evapora un proyecto de más de 5.000 millones de euros, Gassi Touil, que incluye gasoducto, tratamiento de gas licuado y comercialización. En este caso, el sentimiento de abandono de ambas compañías se acentúa más si cabe por el hecho de que el Gobierno ya sabía lo que iba a ocurrir desde finales del pasado julio y no ha hecho nada para impedirlo.
Incluso, una vez que la noticia vio la luz, el Ejecutivo tardó en reaccionar más de la cuenta, dando además una respuesta nada conciliadora y tranquilizadora para Repsol y Gas Natural.
Declaraciones poco afortunadas
Las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, fueron muy poco afortunadas: «Desde el Gobierno se hará todo lo posible para lograr un entendimiento» entre la empresa argelina y las dos multinacionales españolas. Hasta ahí, bien. Sin embargo, Moratinos se apresuró a añadir que de cualquier manera se trata de «un problema entre empresas».
Las reacciones no tardaron en llegar desde los grupos de la oposición, ya que las declaraciones de Moratinos evidencian la debilidad de la posición exterior de España y la falta de predisposición del equipo de Zapatero a defender los intereses económicos españoles en el extranjero.
Entre las primeras declaraciones, las del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. «Cuando uno no se ocupa de la política exterior, ni de defender los intereses de los empresarios españoles en el extranjero, ocurren cosas como la que ha sucedido en Argelia», comentó Rajoy. Y fue más preciso en sus críticas sobre el asunto: «La liquidación de ese proyecto es lisa y llanamente la consecuencia de una pésima política exterior española», que «no atiende» a los intereses generales de todos los españoles.
Mientras tanto, algunos -incluso en el seno del Ejecutivo español- creen ver detrás de todo al presidente francés, Nicolás Sarkozy. Tras los últimos movimientos corporativos dados a conocer en el país vecino, a nadie se le escapa ya el hecho de que el nuevo presidente de Francia tiene en el gas uno de sus objetivos prioritarios. Por cierto, una teoría sobre cómo manejar «la política exterior de un país» diametralmente opuesta a la que siguen Zapatero y sus «chicos» sobre todo, Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores.
Sarkozy, además de promover la fusión entre Gaz de France (GDF) y Suez, consiguiendo así su propio «campeón nacional», tenía en mente otro «capricho exterior» desde que fue elegido presidente de Francia: asegurarse el acceso al suministro del gas a Europa y dejar a España como mero territorio de paso. Algo que, a tenor de los actuales acontecimientos, le está saliendo bien.
Sarkozy aprovecha la situación
Algunas de las últimas informaciones apuntan que Sarkozy ha sabido aprovecharse del poco «feeling» existente entre el actual Gobierno español y Argelia. De hecho, desde la llegada al poder del equipo de Zapatero, en el país magrebí consideran que se ha dado un giro político radical respecto al Sáhara.
Fuentes diplomáticas argelinas tachan la actual postura española de «hostil», mientras califican a las dos cabezas visibles del Ejecutivo en el sector energético de cara al exterior muy gráficamente.
Así, Moratinos, es considerado como el líder del «lobby» promarroquí en España ante el conflicto del Sáhara; mientras que al ministro de Industria, Joan Clos, le acusan más de defender los intereses de Gas Natural, por ejemplo, que de ser un político que deba llegar a acuerdos estratégicos con el país. Opiniones para todos los gustos.
Pero van más allá, y las mismas fuentes reconocen que la posición política de España ante Marruecos ha podido influir en la decisión final de Sonatrach. Y es que el riesgo político es uno de los de mayor relevancia en la actividad empresarial internacional, pero que no siempre merece la atención que debería requerir. Los académicos además no dudan en destacar que en los tiempos que corren, en el ámbito de las relaciones económicas internacionales, no existe un libre cambismo puro, ya que además se entremezclan intereses económicos y políticos.
Para muestra, un botón. El caso de Argelia se suma a lo que ya ocurrió con empresas españolas en países como Bolivia, Argentina o Venezuela, como consecuencia «de un Gobierno incapaz de defender los intereses de los españoles y al que parece que no le importa la política exterior», recordó Rajoy.
Un experto del sector energético asegura que «si las compañías españolas ya eran víctimas de la política exterior del actual Gobierno en Iberoamérica, a pesar de las buenas relacionas con algunos presidentes de la región, como Bolivia o Venezuela, los riesgos se extienden ahora al norte de África».
Así, cabe recordar el bombazo que lanzó el presidente de Bolivia, Evo Morales, cuando nacionalizó los hidrocarburos de Repsol y otras multinacionales en el país andino. Entonces, el Gobierno de Rodríguez Zapatero no mostró mucho interés en cambiar las cosas, y en vez de actuar como requerían las circunstancias, dejó hacer a Morales.
Populismo en Iberoamérica
Y una situación llevó a otras similares, ya que la decisión del presidente boliviano dio alas a sus homólogos argentino y ecuatoriano. De hecho, Néstor Kischner se planteó una operación similar con YPF, la pata argentina de Repsol, y el nuevo presidente de Ecuador, Rafael Correa, está aún tramando algo similar sobre Telefónica.
«Este tipo de situaciones se complica más aún con gobiernos de tinte populista, donde la recuperación y la explotación de los recursos naturales se convierte en un arma en manos del gobierno local frente a la población autóctona», explica Juan Ignacio Sanz, profesor de Esade.
Y continúa: «La actuación de los países extranjeros que operan en estos territorios es delicada. Maquiavelo decía que una de las tácticas cuando quieres ganar un territorio extranjero es la alianza con los locales (el otro es la destrucción, lo que no es de aplicación, obviamente), intentando un equilibrio difícil: permitirles participar de beneficios, pero haciéndose indispensable».
Otro de los casos recientes de «desamparo» gubernamental de una gran empresa española es el que vivía el pasado mes de julio Telefónica. Entonces la Comisión Europea impuso una multa de 151,8 millones de euros a Telefónica por abuso de posición dominante en el mercado del ADSL, entre los años 2001 y 2006, al considerar que cobraba a sus rivales precios excesivos por el alquiler de su infraestructura de red y les dejaba un margen de beneficios insuficiente para competir.
En aquel momento, la operadora que preside César Alierta confirmó su intención de solicitar la anulación e la «inexplicable» decisión de Bruselas, que consideró «injustificada y desproporcionada», tanto en el plano jurídico como en el ecónomico, y aseguró que ha cumplido escrupulosamente con la normativa vigente impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones.
Dos meses después, la situación «parece» enderezarse y tomar otros derroteros. Al menos, desde el Gobierno aseguran que se va a mover ficha. Esta misma semana, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, anunciaba que el Ejecutivo ha comenzado ya a estudiar la documentación oficial sobre dicha multa -que había pedido a Bruselas tras mucha presión mediática- y que dispone de un plazo máximo que expira el próximo 10 de noviembre para presentar si así lo cree conveniente un recurso ante la Justicia europea, al margen de lo que haga Telefónica por su cuenta.
¿Estaríamos, pues, ante un apoyo explícito del Gobierno a una gran empresa española en sus intereses externos? Algunos analistas no lo ven exactamente así. Desde Ahorro Corporación opinan que se trataría de un apoyo explícito del Gobierno a la CMT más que a la propia Telefónica, ya que fue aquélla la que estableció las correspondientes tarifas mayoristas, las cuales fueron cumplidas escrupulosamente por la operadora española. En el fondo subyace el interés de la comisaria Viviane Reding de imponer un regulador paneuropeo de las telecomunciaciones. Podríamos contar con una declaración pública por parte del Gobierno a lo largo de la próxima semana, ya que el plazo para recurrir la sanción comunitaria finaliza a mediados de septiembre.
Con estos antecedentes, no es de extrañar pues que las empresas españolas se sientan desamparadas en el exterior. Lejos de sentirse arropadas por el Gobierno buscan solucionar sus problemas de forma individual e independiente a la espera de mejores tiempos.
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ABC - España/09/09/2007
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